TELEFONO ROJO/José Ureña

TELEFONO ROJO

· Los siete expedientes abiertos contra priístas

· Los integran 5 agentes del Ministerio Público

· AMLO: del diablo a controlar las instituciones

En las alturas quieren mantener la persecución en misterio.

Sin embargo, poco a poco se han conocido algunos datos sobre nombres de priístas, hechos, condiciones y sobre todo formas de investigarlos.

Hasta el momento hay siete expedientes abiertos, participan cinco agentes del Ministerio Público Federal y llaman a quien supone tiene información privilegiada para hacerle preguntas rústicas.

Si es un empresario –y si está dolido, mejor-, se le piden datos elementales:

-¿De cuánto era la obra?

-¿Cuánto te pidieron de comisión?

-¿Quién fue el representante del gobernador encargado de exigirte dinero?

-¿A quién se lo diste, cómo y cuándo?

Como toda obra deja adoloridos, no importa si es concursada o asignada, el cuestionario se amplía:

-¿Por qué no te dieron el contrato?

-¿El empresario escogido es amigo u ofreció más dinero?

Así le dan seguimiento a muchas partidas, sobre todo de fondos federales, y se trata de armar un proceso jurídico en contra de varios priístas conspicuos.

Y si el ex gobernador tiene fama de nexos con el crimen organizado, se llama a testigos protegidos y rellenar fojas, como sucedió con el perredista Gregorio Greg Sánchez en Quintana Roo.

O como el michoacanazo, casualmente operados también en víspera electoral.

SE BUSCAN DENUNCIANTES POR DOQUIER

Tres hechos incrementaron las alertas en los equipos de Enrique Peña Nieto y Pedro Joaquín Coldwell:

1.- El cambio SIEDO, donde Patricia Bugarín no habría prestado esa dependencia para fincar cargos endebles.

Antes, dicen los priístas, Eduardo Medina Mora debió salir cuando le pidieron abrir expedientes con miras al proceso electoral de 2009, cuando el PRI recuperó el primer lugar en curules en la Cámara de Diputados.

2.- El polémico relevo en la fiscalía de delitos electorales, la Fepade, convertida en obstáculo con José Luis Vargas al frente y férreo opositor a persecuciones por consigna.

Y 3.- la filtración de las investigaciones contra tres ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, por supuesta colusión con el crimen organizado y en especial con Los Zetas.

Los otros objetivos de la justicia también son ex gobernadores de entidades donde el crimen organizado ha sentado reales o bien el panismo supone actos de corrupción.

No debe haber mucha materia, pues es posible ver a Fidel Herrera, Jesús Aguilar, Natividad González Parás, Ismael Hernández, Mario Marín y Ulises Ruiz en actos públicos.

Varios de ellos estuvieron, por ejemplo, durante la asunción de su colega priísta en Michoacán, Fausto Vallejo, y casos hubo como el de Ulises Ruiz en imagen tranquila: sonriente, al volante de una camioneta sin blindar y por la carretera de paga Morelia-Distrito Federal.

¿Puede andar alguien así con la justicia atrás de él?

Bueno, así estaban Greg Sánchez y los alcaldes del michoacanazo.

EL TRIFE CAE EN LOS INTERESES DEL PEJE

Lo que nos faltaba: el Tribunal electoral (TEPJF) al servicio de Andrés López.

El tabasqueño ya tiene al IFE de quien ha arrancado sendas generosidades para permitirle actos públicos pese a ser candidato único de las izquierdas y para no sancionarle por promoverse con espectaculares, pasacalles, carteles y volantes.

Desde ayer tiene también al Tribunal de Alejandro Luna Ramos, cuyos magistrados ordenaron al IFE de Leonardo Valdés contestarle en torno a los debates entre candidatos.

En lugar de remitir al tabasqueño a la Constitución y al Cofipe, se incorporan al empeño por organizar varias confrontaciones en televisión abierta a fin de ganar adeptos a sus adversarios, sea Josefina Vázquez Mota o Enrique Peña Nieto.

El debate es de quien lo necesita porque va abajo en las encuestas y a ver qué hacen IFE y TEPJF cuando El Peje les exija varios de

ellos, uno por semana.

Es el nuevo López: si en 2006 mandó al diablo a las instituciones, ahora las controla con cartitas.