TELEFONO ROJO/José Ureña

TELEFONO ROJO

· Estudian un Fobaproa para estados y municipios

· Enfrentan pasivos por cerca de 800 mil millones

· Deudas ocultas en fideicomisos, rubros y papeleo

Con los reportes financieros del país los grandes perdedores son… ¡estados y municipios!

Ante tanta emergencia, ni a cuál atender.

En campaña, a lo ancho y largo del país, Enrique Peña Nieto se entrevistó con gobernadores y alcaldes de todos lados, de toda condición y de todos los partidos.

Aunque usted no lo crea: panistas y perredistas hacían antesala, tanto como los priístas, para saludar al candidato presidencial y presentarle un listado de sus necesidades.

La falta de recursos fue un tema recurrente, general.

Y la respuesta fue la misma: los apoyos fluirán con el nuevo gobierno.

De las angustias y las sumas aparecieron varias propuestas, convertidas luego en dos intenciones.

La columna de apoyo tendría dos vértebras fundamentales:

1.- Fortalecimiento del federalismo a través de un reparto de facultades, responsabilidades y recursos entre el gobierno central y los provinciales.

Es decir, una reforma hacendaria mediante la cual estados y municipios se comprometan a incrementar la recaudación bajo la promesa de recibir mayores recursos para cubrir sus requerimientos ordinarios y de obras.

Y 2.- un mecanismo de salvamento.

Una especie de Fobaproa mediante el cual la federación absorbería las deudas acumuladas durante decenios bajo reglas precisas de clarificar cuentas y no volver a incurrir en financiamientos sin control.

Borrón y cuenta nueva.

Tarea fácil de aplicar si se respetan los nuevos ordenamientos de la Ley General de la Administración Pública.

Pero…

DE COAHUILA A GUERRERO, JALISCO Y MORELOS

Se trataba de un esfuerzo mayúsculo.

A reserva de cerrar cifras, se hablaría de unos 400 mil millones de pesos.

En ese mundo de dinero caben gobernadores de todos los partidos.

La administración de Felipe Calderón y su ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero se encargaron de desacreditar a Humberto Moreira por los financiamientos adquiridos cuando gobernador en Coahuila.

Se habla de unos de 34 mil millones de pesos.

Cifra similar, por cierto, a la deuda dejada por el perredista Leonel Godoy en Michoacán.

Con una salvedad: en Coahuila hay obra, en Michoacán no.

Y algo peor: la investigación apenas está en curso, pero los operadores del priísta Fausto Vallejo intentan documentar cómo gran parte de ese dinero iba a grupos clientelares de la izquierda –el PRD por delante- y quienes al ver perdidos esos ingresos convulsionan Michoacán.

Los panistas no rinden mejores cuentas.

Si alguien lo duda, debe esperar los informes de Jalisco y Morelos, donde Emilio González y Marco Antonio Adame se despacharon con cucharas pozoleras.

70 POR CIENTO DE MUNICIPIOS CON PROBLEMAS

A más del monto, un Fobaproa estatal enfrenta otra dificultad: los municipios.

No se puede rescatar a un nivel de gobierno si se desampara a otro inferior y más endeble.

Sus montos no son menos frente a la deuda cercana a los 400 mil millones de los estados.

En suma se hablaría de entre 700 mil y 800 mil millones de pesos para cerrar un problema cuyas consecuencias son la falta de salud administrativa y el estancamiento en la oferta de servicios públicos.

La mejor ilustración de este capítulo es la polémica por Acapulco.

El alcalde de izquierdas Luis Walton mantiene un enfrentamiento declarativo con su antecesor priísta Manuel Añorve por las obligaciones económicas del ayuntamiento.

Acapulco es sólo un ejemplo.

En condiciones similares están Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Cancún y un sinfín más de lo dos mil 440 ayuntamientos del país.

70 por ciento de ellos, según estudio del ex diputado perredista Lázaro Mazón.

Las investigaciones no han producido datos precisos porque los gobernantes se pasan de listos: envuelven sus pasivos en mil y un resquicios, rubros, fideicomisos y definiciones.

Una parte aparece como deuda bancaria, lo cual es fácil de corroborar desde la Secretaría de Hacienda, pero no precisan pagos pendientes a proveedores y gastos operativos.

En al menos una cincuentena de ellos se ha encontrado otro elemento: los ediles recurren a la reducción de personal para bajar gastos, lo cual origina cargos por liquidación o demandas y derrotas en tribunales.

No es un elemento menor: suman millones y millones.

Con un agravante: el desembolso debe ser inmediato.

Vaya problema para tenderles la mano.