TELEFONO ROJO/José Ureña

TELEFONO ROJO

· El PRI cambiará documentos para adaptarlos a Peña

· Apertura de Pemex y de las cuentas de los sindicatos

· Un fin de año de pesadilla para Torreblanca y Godoy

La espera judicial sobre las elecciones ha retrasado algunas acciones priístas.

Una de ellas es la Asamblea Nacional para adaptar el partido al nuevo gobierno, el de Enrique Peña Nieto.

En otros términos: los documentos básicos del partido vencedor de julio –Declaración de Principios, Estatutos y Programa de Acción- serán reformados para dar paso a muchos compromisos de campaña.

Podrían invocarse muchos asuntos.

Desde el punto de vista retórico, podría hablarse de elaborar un entramado interno para dar paso al nuevo PRI y enterrar al viejo, tan criticado por propios y ajenos.

Esa organización de prácticas añejas están presentes, argumentan Andrés López y sus aliados en sus histriónicas impugnaciones.

Porque convertir en granja al Trife con animales traídos quién sabe de dónde no puede calificarse de un recurso serio y menos de política digna.

El PRI de Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones no está en la dinámica de esas escenificaciones de risa y ya discuten en las alturas algunas modificaciones a la plataforma estatutaria, de principios y programática.

Son temas de fondo, como se verá adelante.

LA PROPIEDAD SOBRE LOS HIDROCARBUROS

Algunos cambios inminentes están a la vista.

Uno de ellos toca la Declaración de Principios y el Programa de Acción.

Desde siempre, el PRI se ha postulado como heredero y guardián de la Revolución Mexicana, aunque en algunos momentos haya sufrido cambios para incorporar términos del presidente en turno, como el liberalismo social de Carlos Salinas o la falsa sana distancia de Ernesto Zedillo.

Esta vez los cambios serán sustantivos.

Se romperá el dogma de impedir a toda costa la participación del sector privado en la industria energética del país.

Se salvaguardará, como se mantendrá en la Constitución, la propiedad inalienable del Estado sobre los hidrocarburos.

Es decir, se abrirán algunos tramos del proceso productivo –investigación, exploración, distribución-, pero la rectoría se preservará a toda costa.

También se romperán viejos sofismas en materia laboral –la contratación por horas, apertura de cuentas sindicales, apoyos al inversionista generador de empleos- en aras de impulsar proyectos productivos de gran envergadura.

Esos y otros temas están prácticamente decididos.

¿Cuándo se harán los cambios?

Se quería tener la Asamblea Nacional en noviembre, pero el impasse electoral ha frenado y tal vez se vaya hasta la fecha límite del 23 de febrero, cuando deberán entregar sus cargos el presidente Pedro Joaquín Coldwell y la secretaria Cristina Díaz.

Su preparación llevará mucho tiempo porque se pretende hacerla como un parteaguas, con delegados democráticos al estilo de la de 17 de Luis Donaldo Colosio en 1990.

A reserva de la fecha, lo único cierto es lo adelantado la semana pasada por Enrique Peña Nieto a los gobernadores priístas:

-Las reformas van y van a fondo.

VALLEJO CIERRA EL CIRCULO CONTRA GODOY

Los problemas se les vienen en cascada a dos ex gobernadores perredistas.

Leonel Godoy está a punto de perder el fuero y pronto podría enfrentar cargos por haber endeudado a Michoacán como ningún otro gobernador: 40 mil 407 millones de pesos.

Ni Humberto Moreira ni otros usados por los panistas para criticar a los priístas se atrevieron a tanto.

En Coahuila hay obra, en Michoacán no.

Godoy abusó: comprometió al estado con 15 mil 268 millones ante bancos, 15 mil 754 no pagados a IMSS, Infonavit y otros acreedores y nueve mil 385 en déficit de ingresos comprometidos.

Su sucesor Fausto Vallejo ya tiene la información y cruza datos con instituciones bancarias, institutos, organismos empresariales, la Auditoría Superior del Congreso del estado y la Auditoría Superior de la Federación.

Toda la información ha sido presentada, además, al despacho Felipe González y Aragón, quien la semana próxima entregará su dictamen final para someterlo al Consejo Ciudadano encargado de supervisar las cuentas del gobierno del estado.

Más avanzado está el guerrerense Angel Aguirre, quien demandará penal y administrativamente a su antecesor Zeferino Torreblanca por mil 34 millones de pesos.

A Aguirre no le ha importado la militancia perredista –su correligionario- de Torreblanca y los abogados solidifican pruebas, argumentos y formas legales de la demanda.

Godoy y Torreblanca tendrán un mal fin de año.