POLITICA AL MARGEN/Jaime Arizmendi

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Repudio Generalizado a Suscripción de ACTA por México

*¿Derechos de Autor o a la Libertad de Expresión?

Argonmexico / Farenheit 451, de quemar libros a CPUs… Si México ratifica su adhesión al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que, con el argumento de proteger la propiedad intelectual en Internet, permite a las autoridades en el mundo tener libre acceso a la información privada; los comunicadores y defensores de los derechos humanos sufrirían persecución y censura.

La voz de alerta es lanzada al unísono por la Industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), académicos, legisladores, organismos no gubernamentales y especialistas como Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; y Antonio Martínez Velázquez, oficial de Comunicación de Artículo 19 México, se unen para exigir al Ejecutivo retire su incorporación a ese proyecto.

Incluso, mediante un Punto de Acuerdo redactado por legisladores de PAN, PRD y PVEM, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestó este miércoles su rechazo enérgico a la firma de ese tratado internacional por parte del Ejecutivo.

Vale anotar que Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Jordania, México, Moroco, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea empezaron a negociar dicho acuerdo en 2008, al considerarlo como mecanismo para armonizar la lucha contra la falsificación y piratería de productos y marcas, tanto en ambientes físicos como en digitales.

El proyectado documento, que ha sido repudiado en casi todo el mundo, ya fue suscrito por Marruecos, Singapur y varios de esos países; mientras que el 4 de julio pasado, el Parlamento de la Unión Europea lo rechazó al calificar que tiene una redacción ambigua y presenta incertidumbre sobre la defensa de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de Internet.

Además, en tanto el Senado mexicano lo rechazó en junio de 2011, el embajador de México en Japón, Claude Heller, lo suscribió el 11 de julio último, lo cual pretenden se interprete como “un mensaje de que México tiene el propósito de combatir la piratería”.

Ante ello, el senador perredista Javier Castellón Fonseca dijo haber dirigido una propuesta al pleno senatorial para que comparezcan los titulares de las secretarías de Economía, Bruno Ferrari, y Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y que expliquen las razones del gobierno mexicano de adherirse al ACTA.

Es evidente, legisladores, representantes de la industria de las TIC, de la academia, usuarios y organismos de la sociedad civil, coinciden en que más allá de proteger a los creadores, el acuerdo presenta un fuerte peligro contra las garantías individuales y la neutralidad de la red.

Y es que el tratado contiene disposiciones que de ser aplicadas, permitirán la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, de quienes se dedican al periodismo y, eventualmente, de cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en la Internet.

Castellón Fonseca, quien preside la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, previno que el artículo 27º del ACTA exige a los proveedores de Internet (ISP, por sus abreviaturas en inglés), proporcionen los datos privados de los usuarios a los titulares de propiedad intelectual, por la sola presunción de culpabilidad ante una infracción.

Martínez Velázquez, de Artículo 19 México, añade que los artículos 8, 9, 25 y 23 de ACTA violentan el derecho de libertad de expresión y se configura un escenario de censura previa. Centra su alarma en que el ACTA “podría agravar las agresiones a los periodistas en México”, cuando al primer semestre del presente año se registraron 85 incidentes, de acuerdo con el Artículo 19.

Acusa que “más de la mitad de las agresiones a periodistas son hechas por el Estado, por autoridades locales, estatales y federales; debemos garantizar que Internet siga siendo libre, que no esté vigilado y permita informar a los periodistas”.

León Felipe Sánchez, miembro de la Internet Society México (Isoc) y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, asume que en lugar de defender los derechos de propiedad intelectual y de los ciudadanos, la suscripción del ACTA “refleja el autoritarismo del Gobierno” por haber ignorado a las mesas de trabajo realizadas el año pasado y la negativa del Senado a suscribirlo.

Igualmente, el director de The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), Ernesto Piedras refiere que “bajo ningún criterio se justifica la invasión a la privacidad de las esferas digitales, personales y de información”.

ACTA llega cuando el acceso en México a la Internet supera al 30 por ciento de habitantes, cuando en países como Japón o EU es de más de 50 de cada 100, resume el director de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), Julio César Vega.

Como remarca un reportaje de “El Economista”, de aplicarse, el crecimiento de Internet como medio de difusión y democratización de la información, al igual que las actividades comerciales dentro del ciberespacio se verían mermados.

En este país, nación donde todo ciudadano es presunto culpable de algún delito cuando a la autoridad se le ocurre, resulta evidente que el uso de alguna obra que tenga derechos de autor registrados, con el pretexto de que el titular los está reclamando, es posible que la información de la cuenta de usuarios y demás sea proporcionada a ese demandante.

El senador Castellón lamenta que el Ejecutivo no tome en cuenta las conclusiones del Senado sobre el tratado del 6 de septiembre de 2011, lo cual constituye una infracción a la ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica, por lo que los legisladores que suscriben el Punto de Acuerdo exigen al Ejecutivo retirar su firma del ACTA.

Más aún, precisa que para ninguno de los redactores del documento, es favorable la piratería, pero se debe anteponer el respeto a la privacidad y a las libertades individuales. Pese a todo, dicha propuesta parlamentaria, se turnó a comisiones sin haber sido discutida. Si el gran Ray Bradbury viviera, no podría reescribir su obra, los bomberos del 2012 le quemarían su lap top, advierte tajante Leonardo Rosas Ramírez, vocero nacional de la creciente organización Comunicadores por la Unidad (CxU).

En tanto, aún sin reelección, legisladores que no avalan esta propuesta lo hacen confiados en ya tienen un pie en la otra Cámara…

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