POLITICA AL MARGEN/Jaime Arizmendi

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Garantizan 18 Congresos Toma de Posesión Presidencial

*Impedirían Legisladores y Funcionarios “Chapulines”

*Denuncian Ante Ombudsman-DF a Exdelegado Abusador

Argonmexico / Relevo asegurado… Una vez aprobado el dictamen de Reforma Política por parte de 18 Congresos locales; es decir, más de la mitad de los 31 que tiene el país, y en cuyas reformas se incluye el garantizar que el próximo Presidente de la República rinda la protesta constitucional; el PRI apresurará el proceso legislativo para que la Comisión Permanente lo revise y que el Ejecutivo Federal lo publique. Esto, mientras más pronto mejor.

Para que la Reforma Política prosiga el procedimiento parlamentario respectivo, se requiere que primero la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reciba los expedientes; enseguida debe darle paso a la confirmación de la votación aprobatoria de los Congresos, y que garantice la validez de los expedientes.

Aunque vale remarcar que el paquete de reformas incluye el tema de las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes; para como están los tiempos políticos, lo más importante para los priístas consiste en que la Permanente efectúe el correspondiente recuento de los votos, y prosiga con la declaratoria de procedencia, para concluir con remitirla al Ejecutivo y que dicho poder la publique.

Así lo plantea el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, el priísta Felipe Solís Acero quien considera factible que tan importante asunto podría sea incluido en la agenda de la siguiente sesión de la Comisión Permanente.

Y es que esa nueva y última Reforma Política aprobada por las Cámaras de Senadores y de Diputados en diciembre de 2011, contiene un esquema que permite garantizar que quien presidirá la República pueda rendir su protesta constitucional ante el Congreso de la Unión.

Incluso anota que “si por cualquier circunstancia” el Presidente Electo no pudiera rendir su protesta de ley ante el pleno del Legislativo federal completo; lo podrá hacer ante las mesas directivas de ambas cámaras.

Pero más aún, aclara que si tampoco existieran condiciones para que el Presidente Electo rinda protesta en esas dos posibilidades ante el Poder Legislativo, lo podrá hacer frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, una vez que se tenga el registro de la aprobación de la mayoría de los Congresos estatales, se debe proceder a citar a la Comisión Permanente para que realice el cómputo de los votos. “Es necesario que se hayan remitido los votos aprobatorios, para hacer la declaratoria de procedencia de la reforma constitucional, para después remitirla al Ejecutivo y sea publicada”.

El también secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, consideró importante que el Congreso corrobore que la reforma constitucional en materia política cumple con los requisitos establecidos en el artículo 135 de la Carta Magna, para que el Ejecutivo Federal proceda enseguida a su publicación.

La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos determina que para implantar una reforma a nuestra Carta Magna, se requiere de los votos de la mitad más uno de los Congresos locales; o sea, las reformas deben ser aprobadas por al menos 16 de los 31 Congresos estatales para que tengan validez. No sé si este arroz ya se coció, o seguimos en veremos…

Basta de políticos saltimbanqui… El diputado perredista Juan Carlos Regis Adame urge a evitar que legisladores federales o locales, y funcionarios de los tres niveles de gobierno, puedan recibir licencia al encargo público que ocupan para competir como candidatos a otras instancias; esto incluso aunque ya se hayan separado del cargo.

Y es que en el último proceso comicial más de 250 servidores públicos no concluyeron su ciclo por salirse antes en busca de un nuevo cargo mediante alguna candidatura, lo que manifiesta la poca responsabilidad con los gobernados o representados, y anteponen su interés personal por permanecer en el poder.

Esto se registra en todo el país y en los tres niveles de gobierno, desde la administración federal, hasta los gobiernos de las entidades y presidencias municipales; como en el Congreso de la Unión y en los estatales.

Con ese fin, Regis Adame presentó una iniciativa de reforma a los artículos 55, fracción V; 115, fracción I; y 116, fracciones I y II, de la Constitución Política, para establecer que tanto legisladores como funcionarios de los tres niveles de gobierno, magistrados o jueces, no puedan solicitar licencia para participar como candidatos de algún otro cargo.

Tiene razón, al no existir ninguna regulación en torno al tema, se restringe el derecho constitucional de que otros ciudadanos puedan participar en algún cargo de elección popular y se limita sólo para un selecto grupo de políticos.

Es cierto, dejar un cargo público para buscar otro no puede ser visto con buenos ojos por la ciudadanía. Al contrario, genera el rechazo hacia la clase política y un consecuente desinterés por participar en los procesos electorales.

Coincidimos: no se trata de limitar las aspiraciones de nadie, pero es notorio el gran descontento de la sociedad con la clase política. No hay confianza en quienes aspiran a algún cargo ni tampoco en quienes ya lo detentan.

Urge una reforma que evite a legisladores y funcionarios sean electos en las entidades de sus jurisdicciones durante el periodo de sus labores, pese a que se hayan separado definitivamente del cargo. Lástima que la iniciativa llega cuando la LXI Legislatura está por concluir. Aunque, nunca es tarde para poner orden…

Piden a CDHDF sancione a Exdelegado de Tláhuac… Decididas a impedir que el exjefe Delegacional Rubén Escamilla arribe a la ALDF como diputado, mujeres priístas no quitan el dedo del renglón e insisten en que alguna autoridad debe impedir se cometa un nuevo abuso por parte de este exfuncionario.

Son las excandidatas del PRI al Senado, Araceli García Rico y a la diputación federal, Alicia Téllez Sánchez, quienes hacen suya la lucha para que a Escamilla no se le entregue la constancia de mayoría para que ocupe una diputación local, “ante su vergonzoza actuación con una jovencita en sus oficinas de la demarcación”.

Para ello, las priístas acudirán este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a presentar una demanda en contra del exjefe delegacional. Fundarán su denuncia en la penosa ineptitud e incapacidad de Escamilla como servidor público que pide favores sexuales a cambio de darles base a mujeres en la delegación.

Y cómo no estar de acuerdo con ellas. Ese energúmeno no tiene calidad moral para ocupar un nuevo cargo de representación popular. ¿Qué le deben que lo mantienen contra viento y marea?…

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