
Visión financiera
Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi
*Por Ley, Obligarán a Candidatos se Sometan al Antidoping
*Exigen Diputados Castigo a Violador Asesino de Menor en Oaxaca
Argonmexico / Sería requisito de elegibilidad Al admitir la importancia de que quienes han de integrar el Congreso de la Unión, y los locales, son personas totalmente sanas, que no consumen drogas o alguna otra sustancia nociva para la salud y no están ligados a grupos criminales, que pondrían en riesgo la labor legislativa; el diputado ecologista Guillermo Cueva Sada plantea hacer obligatorio que los candidatos se realicen un estudio químico de detección.
Aunque en su iniciativa propone reformar el artículo 55 de la Constitución a fin de establecer como requisito que para ser senador o diputado federal, el aspirante se realice un estudio químico que detecte si consume drogas u otra sustancia nociva para la salud; la medida se podría hacer extensiva a todo candidato a desempeñar un cargo en el servicio público.
Al admitir que los cargos tienen una investidura de representación nacional, Cueva Sada considera de suma importancia integrar la prueba como requisito de elegibilidad. Puede ser con saliva, orina o sangre, para observar con claridad el tipo de consumo: drogas o alcohol; y saber si es sano o no el próximo candidato a elegir para un cargo de elección popular.
Aunque debe existir una excepción, a través de la supervisión de un médico especializado, indica que no se debe aceptar que un candidato consuma drogas, por lo que la aplicación de un antidoping es de suma relevancia.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diferencia entre droga y fármaco radica en que la primera se refiere a cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras; es decir, se trata de drogas cuando el objeto de la ingesta es conseguir una sensación de placer.
La definición de fármaco contempla toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que reúna las condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento y cuya ingestión es para mejorar la salud.
En diversas campañas se han realizado pruebas antidoping para generar confianza en los electores, y aunque esa mecánica permite conocer qué tan sanos son los candidatos, cuestiona la confiabilidad del examen si es el mismo aspirante quien lo exhibe. Por ello se debe regular, para que la gente tenga la certeza de que los aspirantes están libres del consumo de drogas. Y que le entren los que no le entran
¿Y si la víctima fuese hijo de un Magistrado? A casi 10 meses del secuestro, violación y asesinato de un niño en Oaxaca, y ante el desdén oficial en la entidad, la diputación federal de Nueva Alianza consiguió que la Cámara de Diputados exhorte al Supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría estatal apliquen medidas urgentes para que se castigue al señalado violador y asesino Julio César Ruiz Martínez.
El punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que hizo propio la Junta de Coordinación Política, exhorta al Procurador General de Justicia del Estado a implementar las medidas urgentes para que no se conculquen los derechos y garantías en favor de las víctimas que establecen la Constitución mexicana y la del estado de Oaxaca, en este caso la madre y familiares del menor José Gamaliel García López, así como los testigos.
También solicita al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, instruya al juez penal de primera instancia con sede en la capital de esa entidad, para que a la brevedad posible y bajo el respeto de los tiempos procesales dicte una sentencia justa y apegada a derecho.
Del mismo modo, desde San Lázaro se pidió a los titulares de la Procuraduría General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, emitan un informe detallado a los legisladores federales del cumplimiento que han dado a las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, en el caso del homicidio del menor.
El 8 de junio de 2011, después de asistir a una de las escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la ranchería San Cristóbal Bajo del municipio de Pochutla, Oaxaca, el menor de edad fue desviado del camino cuando se disponía regresar a su casa, por una persona que responde al nombre de Julio César Ruiz Martínez.
Este torbo sujeto, fue quien mediante engaños llevó al menor hacia un rancho de la comunidad donde de manera despiadada lo violó y asesinó con alevosía y premeditación.
Un mes después del abominable crimen y ante la presión familiar y ciudadana, el 9 de julio de ese mismo año, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, dictó auto de formal prisión en contra de Julio César Ruiz Martínez, como probable responsable de la comisión de los delitos señalados.
Luego de la detención, la madre de José Gamaliel y familiares acudieron a la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (CEDDH), con la intención de solicitar una medida cautelar para determinar la situación jurídica del inculpado, dentro del término que marca la ley y con ello evitar la violación a sus garantías.
La CEDDH emitió medidas cautelares dirigidas al Procurador de Justicia de Oaxaca para brindar la protección necesaria a la mujer, su familia y los testigos que han declarado en el proceso; y al Secretario de Seguridad Pública, con la intención de que se brinde seguridad y vigilancia en la población de San Mateo Piñas y sus alrededores, a fin de evitar actos de violencia que afecten la estabilidad del lugar.
No obstante, como ha sucedido lamentablemente en casos similares, la madre del menor y sus familiares han sido objeto de amenazas por parte de los padres del presunto violador y homicida. Asimismo, la madre del menor ha denunciado públicamente que en la etapa de desahogo de pruebas, ha observado parcialidad en la valoración de éstas.
Peor aún, personal del juzgado ha exigido a la dolida mujer abandone la sala, lo cual no ha sucedido con los representantes del bastardo inculpado. Ante ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y la Cámara de Diputados exigen justicia para la madre del menor y sus familiares. ¿Qué pasa Gabino? No queremos se repita el triste caso del Instituto San Felipe. ¿Mantienes tu compromiso con el cambio, o prefieres el lado de la impunidad?
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