POLITICA AL MARGEN/Jaime Arizmendi

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Presionar a Venta del Voto: “Delincuencia Organizada”

*Buscan Disminuir Cartera Vencida; Acuden a Redes Sociales

*Al Nepote-Inifed, le Hayan “Irregularidades”

Argonmexico / El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo al PRI… A tres meses de las elecciones, Blanca Luz Purificación Dalila Soto, diputada suplente de su paisano David Penchyna Grub, puso el dedo en la llaga al presentar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, que permita imponer prisión de cuatro a 15 años a quienes presionen a la ciudadanía para vender su voto; y que se le considere delincuencia organizada.

Ante la proximidad de los comicios del 01 de julio, cuando se renovarán la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y los mandos en siete entidades del país; así como Congresos locales y cientos de ayuntamientos; la legisladora hidalguense ve como deber del Legislativo el prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos en materia electoral.

Esto –anota la priísta–, es para vivir en plena democracia, en apego al principio rector de que son los Poderes del Estado los que han de preservar las libertades y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y evitar así la opacidad que caracteriza la realización de las elecciones.

“Lo más importante es garantizar elecciones limpias y equitativas, así como ampliar la participación ciudadana en las urnas y en la vigilancia del proceso. Es necesario reconfigurar las bases normativas que permitan terminar en forma definitiva con el flagelo del fraude electoral que va en desprestigio de las instituciones, y por ello hay que hacer las adecuaciones para garantizar el ejercicio de los derechos políticos en forma autentica y transparente”.

impulsa un proyecto de ley que tiene como objetivo incrementar penalidades y sanciones a quienes cometan delito electoral en perjuicio del fortalecimiento de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Por ello, su propuesta de reforma también pretende que la prisión de cuatro a 15 años, se imponga sin beneficio a libertad provisional a los funcionarios partidistas o a los organizadores de actos de campaña que infrinjan la ley.

No es conveniente para el país y sus instituciones, ni para la vida de una República como la nuestra que se tipifique a México por sus perfiles de democracia intervenida. Opina además, y en ello coincidimos, imperativo considerar que los actos delincuenciales electorales son realizados en forma reiterada por dos o más personas, lo cual se debe tipificar como “delincuencia organizada”. ¿Habrá tiempo para su aprobación?…

No den ideas a los terroristas de la cobranza… Ante la falta de una estrategia válida y efectiva, y de cara a su creciente cartera vencida, el Departamento de Cobranzas del Fovissste abusa de las redes sociales. Simplemente por estar en la lista de amigos de alguna persona que tenga un adeudo con esa institución, o porque su apellido coincide, los usuarios de Facebook corren el riesgo de ser sujetos de una “investigación”.

Por medio de un mensaje directo, un empleado de ese departamento contacta a algún usuario de la lista de contactos del perfil de Facebook del deudor, para pedirle que le comunique a su “amigo” que se ponga en contacto con un representante de dicha área debido a un adeudo en su crédito hipotecario con el Fovissste.

Peor aún, a pesar de que el usuario a quien le enviaron el mensaje responde que no es familiar del deudor, el cobrador insiste y afirma que éste sí debe conocerlo ya que “por algo está en su lista de amigos”.

Al respecto, una persona quien dijo llamarse “Cristina Martínez”, y ser empleada del Departamento de Cobranzas del Fovissste aceptó que, efectivamente, el personal de esa área de la institución están autorizados para emprender este tipo de acciones; tras aducir burlona que “las redes sociales son un medio de localización”.

Incluso descartó que este hecho se podría calificar como “acoso” debido a que en el mensaje enviado no había “palabras obscenas”.

Igualmente, “Carlos Gudiño”, sedicente abogado y supervisor del mismo departamento del Fovissste, sostuvo vía telefónica que “ningún artículo o reglamento nos impide hacer la mención a titulares sobre su adeudo” a través de Facebook.

Cuestionado en torno a que a quien contactaban sus cobradores no era el deudor, sino una tercera persona que ni si quiera conocía al titular del adeudo, el “abogado Gudiño” repuso que la persona de Cobranzas que envía el mensaje está haciendo su investigación; “si en esa instancia no lo conocen o lo niegan como tal, no podemos hacer nada y no se le está afectando”. ¿Y las leyes de protección de datos personales? A mi, que me borren de las redes…

Destaparán la cloaca del Inifed… Elsa María Martínez Peña, diputada del Panal, denunció que en la revisión de la Cuenta Pública 2010, se detectaron una serie de irregularidades en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y en el Programa de Albergues Escolares Indígenas, para exigir que la Auditoría Superior de la Federación sancione a los responsables y titulares de los organismos.

La legisladora integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación califica de alarmante la situación, pues toca dos áreas muy sensibles para el buen desempeño de nuestros estudiantes: la infraestructura y equipamiento de las aulas y las estrategias para disminuir los riesgos a la salud, educación y alimentación de nuestros estudiantes indígenas.

Ante ello, urgió a que el titular de la ASF promueva las sanciones correspondientes a estas instituciones y se dé paso a las acciones que reviertan este resultado negativo, pues los recursos que se otorgan al sector educativo, deben ser empleados de la manera más escrupulosa y sin desvío alguno

Expuso que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, no cumplió con las disposiciones normativas que darían equipamiento e infraestructura a escuelas de educación básica, además de que no se ha expedido el reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Mientras que con el programa de Albergues Escolares Indígenas, se pagaron 69 millones de pesos para la aplicación de vacunas sin haber recibido íntegramente del proveedor los servicios contratados; el contrato fue firmado por un servidor público que no estaba facultado para ello y se provocó que la población objetivo no recinbiera el beneficio.

Lo hemos dicho, en el Inifed que dirige Ernesto Velasco Léon, sólo es cosa de rascarle en las cuentas, reportes, nóminas y contratos de los últimos años y la pus del nepotismo y la corrupción empezarán a saltar por todos lados. Lo dicho, esto no se acaba, hasta que se acaba…

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