POLÍTICA AL MARGEN / Jaime Arizmendi.

¿Libertad de Expresión, o Libertad de Presión?…

*Multa

Argonmexico.com / Día de la ¿Libertad de Expresión?… Para la ONU, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. Así acusa Frank La Rue, relator especial del organismo mundial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Tan sólo del 2000 al 2010, 66 comunicadores han sido asesinados y 12 han sido “levantados”.

El funcionario destaca la falta de voluntad política que prevalece en la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, pues desde 2006, año en que fue creada, no ha logrado la sanción penal de un sólo responsable, y únicamente ha consignado cuatro casos.

Ello, según el informe final sobre la misión oficial realizada en forma conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, del 9 al 24 de agosto de 2010.

En ese periodo, ambos visitaron el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y el estado de México, en que sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales federales y estatales, como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros actores relevantes.

En el documento, La Rue alerta que sin una política pública integral que garantice la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción.

El funcionario de la ONU lamenta que muy pocos de los homicidios de periodistas hayan sido esclarecidos, y se refiere a los últimos atentados en contra de medios de comunicación.

La violencia –dice–, se ha extendido a grado tal que durante el primer semestre de 2010, “medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no publicar cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales”.

Sostiene que durante su visita a México, no recibió información concreta y suficiente sobre condenas penales y administrativas en alguno de los casos. Por lo que considera necesario y urgente que la defensa de las y los periodistas sea parte de la política contra el crimen. Y urge a crear un mecanismo de protección para periodistas.

“Debe ser implementado a través de un Comité Oficial e Interinstitucional de Alto Nivel; con una autoridad federal a la cabeza; que coordine a las diversas autoridades y órdenes de gobierno; dotado con recursos propios y suficientes, con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación”.

Asimismo, recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la PGR y las procuradurías locales. Y considera que los periodistas interesados en asuntos públicos, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas, no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.

Menciona que el Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares. “Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia”.

Frank La Rue también se refiere a la existencia en México de una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias radioeléctricas, además de que no existen procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación a las radios comunitarias.

Por ello, recomienda adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.

En torno al gasto público en publicidad oficial, menciona que es alto y tiende a incrementarse. ”Existen casos en que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”, dice el documento.

Por ello, agrega, deberían establecerse criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

El informe se detiene en el análisis del derecho penal y la libertad de expresión y las acciones civiles relacionadas con su ejercicio. El Estado Federal, señala, despenalizó los delitos de calumnia, difamación e injurias en 2007 y 18 entidades federativas han despenalizado estas conductas.

Sin embargo, la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, que prevé penas privativas de la libertad, sigue vigente. En tanto, la PGR ha iniciado procesos penales contra periodistas que trabajan en radios comunitarias, por no contar con los permisos correspondientes.

En sus recomendaciones finales, el relator invoca a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada, para aminorar los riesgos. “Las y los periodistas, y sus familiares, deberían contar con medidas de seguridad social”.

Además, insta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a continuar apoyando la labor y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México. Y entonces, ¿podremos celebrar algo?…

Herencia Maldita en Sinaloa: 5.2 mmdp… Se audita el pasivo de dos mil 500 millones de pesos que se heredó del sexenio de Jesús Aguilar Padilla y los dos mil 700 millones de pesos, en observación de la Función Pública Federal y la Secretaria de la Contraloría, para determinar si existen malos manejos o desvíos de fondos públicos.

El gobernador, Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, señaló que se determinará si hubo malos manejos o desvíos de fondos públicos por dos mil 500 millones de pesos que se heredaron del sexenio de Jesús Aguilar Padilla y dos mil 700 millones de pesos más, en observación de la Función Pública Federal y la Secretaria de la Contraloría.

Dijo que esta situación financiera que encontró al inicio de su administración, ha detenido el arranque de su proyecto en obras materiales, puesto que se ha dedicado a fortalecer la actividad agrícola y la seguridad.

Subrayó que antes de proyectar obras públicas, primero tiene que superar el ”desastre financiero” que le dejaron y exigir cuentas a los ex funcionarios por el cúmulo de obras públicas que no concluyeron.

Al término de un desayuno con periodistas, el jefe del Ejecutivo estatal reveló que su mandato inició con una deuda heredada de dos mil 620 millones de pesos, más otros pasivos relativos a pago de proveedores, retenciones, aportaciones y fideicomisos.
El gobernador destacó que en el tema de los dos mil 700 millones de pesos que se encuentran observados por la Función Pública Federal y la Contraloría, se están documentado sus aplicaciones porque se corre el riego que se exija su restitución o en su defecto se congelen las participaciones federales.

A su vez, el Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, Juan Pablo Yamuni Robles, anunció que antes de que inicie la efervescencia política en la entidad del 2012 se integraran los expedientes que han a ser presentado a las autoridades judiciales.

Señalo que la revisión de las cuentas de los fondos públicos en el sexenio 2005-2010 de Aguilar Padilla, se mantienen vigentes, se desea documentarlas y darle soporte contable y jurídico a todas las denuncias que se van a presentar por presuntos malos manejos.Y …