Indicador político/Carlos Ramírez

Como siempre ocurre en México, las adversidades nos recuerdan nuestra realidad: los ataques terroristas de noviembre y diciembre en Francia y los EE. UU. repicaron en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional mexicanas y mostraron que somos quizá demasiado vulnerables a las luchas irracionales en el mundo.

Sin embargo, la imprudencia parece gobernar los comportamientos de los sectores políticos y del poder. La estructura de inteligencia, seguridad nacional y seguridad interior de México sigue siendo la misma que existía antes de la crisis derivada de la ofensiva gubernamental contra los cárteles del crimen organizado trasnacional. Desde 2007 venimos discutiendo no la forma de adecuarnos al escenario de violencia política y policiaca, sino de eludir la participación mexicana en el circuito de la inestabilidad geopolítica.

Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han insistido en adecuar el marco jurídico de seguridad nacional pero todas las iniciativas se han ahogado en un congreso convertido en un dique; y lo malo no es que rechace las iniciativas gubernamentales, sino que se niegue a hacer propuestas alternativas que permitan una mayor participación en la lucha contra la criminalidad.

Extraña que la estructura social y política, por ejemplo, sea bastante ágil en impulsar y reconocer leyes que faciliten el consumo recreativo y lúdico de la marihuana como droga, mientras el congreso se mueve como paquidermo para adecuar las leyes de seguridad. Es decir, los consumidores de droga tienen mayor facilidades legales y con ello sólo se fortalece a las mafias del crimen organizado que se dedican a la siembre, procesamiento y trasiego de drogas.

Los EE. UU. y Francia, en dos gobiernos con ideologías contrapuestas –la derecha y la izquierda–, reaccionaron rápido y de manera radical ante ataques terroristas: leyes de persecución hasta invasivas pero directas contra organizaciones terroristas que operan desde la clandestinidad. En México no es necesario llegar a tanto en estrategias de seguridad, pero sí es indispensable que cuando menos se modernicen los mecanismos legales.

El congreso le debe al Estado la reforma en cuando menos cinco temas: seguridad nacional, inteligencia, espionaje, seguridad interior y doctrina de defensa nacional. Todo Estado moderno requiere de una seguridad específica para la ciudadanía, de tal manera que una minoría que promueve la inseguridad no se beneficie de las indefiniciones y los temores.

México va a cumplir diez años de una prioritaria lucha contra el crimen organizado transnacional pero con las mismas leyes que fueron diseñadas contra la delincuencia común. El hecho de que las fuerzas armadas hayan entrado a esa lucha está diciendo que sólo el ejército y la marina tienen la capacidad de organización y armamento contra células criminales que han expropiado para su beneficio pedazos territoriales del Estado y sus instituciones.

Las leyes de seguridad en ningún momento suplantarían los principios de respeto a los derechos humanos, sino que estarían fortaleciendo los mecanismos de involucramiento en la lucha contra organizaciones que han desafiado no a la policía ni a las autoridades sino que le disputan al Estado el control de la sociedad mexicana. El enemigo es la delincuencia, no el ciudadano.

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