Indicador Político/Carlos Ramírez

INDICADOR POLÍTICO

Política: divorcio a la mexicana

Si se revisa el estado de ánimo en las redes, en las marchas de protestas y en la percepción crítica de los políticos, se podría configurar un modelo de divorcio entre la sociedad y las instituciones políticas que ayudaría a explicar es modelo de anarquismo light que comienza a minar la solidez sistémica.

El problema del divorcio radica no sólo en el hecho de que la sociedad está harta de la estructura institucional sino que ha pasado a la práctica de acciones que estarían reventando la funcionalidad del sistema político: la acción directa.

A esta situación han colaborado las propias élites sociales que utilizan su espacio social no para reflexionar sobre la crisis y la necesidad de una nueva instauración democrática, sino para seguir el juego del anarquismo antisistémico. Así vemos a intelectuales, politólogos y personalidades sociales participar en protestas o retroalimentar las críticas destructivas, sin que hasta ahora se perciba algún liderazgo intelectual que nutra las opciones.

Por ejemplo, Lorenzo Meyer se alió a López Obrador pero su movimiento es populista y cesarista y no reconstructor de la democracia; la periodista Denisse Dresser participa como oradora de movimientos antisistémicos anarquistas sin propuestas institucionales. Ortos académicos y analistas políticos se dedican a analizar la destrucción del sistema político y del régimen de gobierno pero sin encauzar soluciones. Así, han preferido ser parte de la crisis y no de sus soluciones.

En España hay ciertas novedades: el movimiento de protesta de los indignados a mediados de 2011 derivó en el activismo de instancias académicas intelectuales que criticaron ciertamente la disfuncionalidad del sistema político construido por la transición, pero crearon opciones dinamizadoras: los grupos Ciudadanos y Podemos que pusieron en jaque al establishment español decidieron entrarle al sistema institucional y hoy son opciones electorales para las votaciones generales de noviembre próximo. Lo que falta por saber es si estos dos movimientos tienen en realidad una opción o se verán absorbidos por las perversidades del sistema al que dicen combatir.

En México hay un modelo tergiversado de crisis política: la oposiciò0n ha llegado al poder para funcionar con las reglas del viejo PRI, el PRI parece a veces ser reformador pero evita la dinamización de la sociedad, y las masas apoyan las protestas sistémicas pero actúan con comportamientos antisistémicos. En este contexto, las posibilidades de reorganización del sistema y del régimen se han ido ahogando en la funcionalidad del corto plazo del poder: la oposición quiere el poder por el poder mismo, no para transformar la realidad.

Los partidos han perdido el manejo de los hilos sociales del poder. El caso extremo ha sido el PRI: su creación desde el poder y su configuración corporativa que operó como mecanismo de legitimidad social por la representación masiva de las corporaciones sociales ha llevado a los partidos a sostenerse sólo por los votos que opera su estructura electoral y no por la viabilidad de sus propuestas. La descorporativización del PRI no genero organizaciones sociales autónomas con objetivos de modernización sino en masas sueltas que suelen ser el caldo de cultivo de las ideologías fascistoides.

LA ACCION DIRECTA

Ante la ausencia de canales de comunicación y negociación de demandas, el sistema político ha quedado inservible. Pero ante la existencia de sectores sociales más dinámicos con actividades empujadas por los mismos cambios sociales y productivos, las masas perdieron representatividad sistémica y han pasado a la acción directa: maestros, sectores urbanos, militantes políticos y miles de pequeños grupos que toman la calle para exigir soluciones que antes pasaban por la aduana del sistema político.

El sistema político como estructura de control social, de ejercicio del poder y de cuerpo óseo del régimen funciono en realidad como espacio de negociación de demandas y canalización de soluciones. Sin saberlo porque este sistema comenzó en México a mediados del porfiriato y se ha perpetuado en el siglo XX como siglo del PRI y puede explicarse con la herramienta metodológica aportada en 1953 por el politólogo David Easton en su trabajo simiente The political system, mal traducido en edición mexicana como Política moderna.

En realidad, Easton elaboró un diagnóstico sobre la institucionalización de las relaciones de la sociedad con el poder político y de gobierno a través de una estructura que administraba la relación de entrada de demandas y salida de decisiones. Este esquema de input–output (entrada-salida) hacía funcional la acción pública; en medio, el sistema creó sus propias estructuras de organización, ya fueran partidos o grupos de poder pero también oficinas públicas y, lo más importante, planes y programas de gobierno.

La crisis arrasó con el sistema político, pero no por objetivo anarquista sino por la disfuncionalidad creciente del propio sistema: dejó de administrar las entradas de demandas y salidas de decisiones y se orientó a satisfacer las necesidades de la clase políticas. Por eso los grupos sociales han pasado a la acción directa de protestas contra el gobierno y de exigencia de demandas por la vía de los plantones, las marchas, las agresiones políticas.

A pesar de estar en el origen de las crisis, de todos modos los sistemas políticos son las únicas estructuras de estabilidad de las masas y de los demandantes, en la medida en que procesen y canalicen esas demandas. La aglomeración urbana de protestas, la escaldad de violencia en la exigencia de beneficios y la desorganización en la administración de las demandas ha llevado a un caos sistémico: gana más quien tiene más fuerza o quien escala la violencia, como lo han demostrado los maestros disidentes de Oaxaca y Guerrero.

Pero la acción directa tiene posibilidades pero aún mayores limitaciones. Las decisiones sistémicas obedecían a un mecanismo de socialización de beneficios; es decir, una solución podía generalizarse. Hoy se la acción directa ha individualizado la acción colectiva, por lo que se trata entonces de lucha de grupos y no por beneficios sociales de sector. Las concesiones, por ejemplo, a los maestros disidentes han jalado la cobija para descuidar a otros sectores sociales también vulnerables. En este sentido, el sistema político basaba su administración de negociaciones en función de beneficios generales y no de grupos.

Lo malo de la crisis del sistema político es que los funcionarios y políticos no se han percatado del proceso y la comunidad politológica académica anda más en enfoques anarquistas y antisistémicos que funcionalistas. Las reformas políticas sistémicas han acentuado más la desarticulación sistémica que la reconstrucción de los mecanismos de negociación y de canalización de demandas.

La crisis del sistema político no es actual y tampoco se le debe acredita completamente al PRI. Los primeros indicios se dieron en los setenta cuando el gobierno de Luis Echeverría fomentó la acción directa como una forma de solucionar in situ los problemas., haciendo a un lado la representatividad corporativa de sectores del PRI. Luego inventó las comisiones tripartitas como estructuras superpuestas a las formas tradicionalistas de solución de conflictos en el sistema productivo. López Portillo, al carecer de entrenamiento político, multiplicó los organismos paralelos; y el neoliberalismo De la Madrid-Salinas-Zedillo hizo a un lado al PRI y a sus estructuras sistémicas y redujo la solución de problemas. Luego vino el PAN y el sistema simplemente aumentó su agonía.

El funcionamiento de los sistemas políticos no se basa en la magia ni en los acuerdos secretos sino que su viabilidad radica en su colocación en el espacio intermedio de relación entre la sociedad-pueblo-grupos y el gobierno o el Estado como la instancia de decisión. Al no funcionar la intermediación, los demandantes pasan a la acción directa y le dan la vuelta al sistema. Lo malo es cuando el sistema no funciona pero la élite política decide mantenerlo como espacio obligatorio aunque su ineficacia sea del tamaño de la acción directa.

La disfuncionalidad del sistema político se explica por la permanencia del mecanismo de negociación de demandas pero sin una organización corporativa de la sociedad. El traslado de una parte del mecanismo de decisiones del ejecutivo al legislativo contribuyó a las atomización del esquema de demandas-salidas: los congresistas aprueban el gasto público pero éste sale fragmentado para aplicarse fragmentado y sólo para beneficio de unos cuantos grupos, olvidando el modelo de beneficios sectoriales. Los excluidos, entonces, pasan a la acción directa para obtener beneficios.

El divorcio entre la sociedad y el Estado gobierno explica la crisis del sistema político, pero la élite política de todos los partidos prefiere sumarse a la acción directa para obtener beneficios como grupo, partido o sector y no para la distribución generalizada de la riqueza. Mientras siga y se profundice el divorcio entre la sociedad y el Estado gobierno, la crisis de las demandas será cada vez más una crisis sin arreglo del sistema político.

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