Indicador Politico/Carlos Ramírez

La situación en Oaxaca llegó a un punto de ruptura institucional: no sólo la Sección 22 de maestros tiene el control político a través de las movilizaciones callejeras, sino que ahora la policía estatal se encuentra en paro de labores.

Si se atiende al concepto constitucional de “desaparición de poderes”, el problema no radica en una decisión del Senado de declarar la inexistencia política de los poderes locales, sino reconocer la ineficacia de los poderes para así llegar a la situación de nombrar un gobernador provisional.

En Oaxaca el poder legislativo opera bajo presión, tensión y sitio de las masas acarreadas por la Sección 22 y el judicial aparece paralizado por su dependencia del ejecutivo. Lo grave es, en términos conceptuales del derecho, que el poder ejecutivo existe pero no funciona.

La sociedad oaxaqueña ha resultado víctima del vacío de poder ejecutivo: la 22 no sólo hace marchas y plantones ni tampoco nada más abandona su trabajo para dedicarse a la política sin que la autoridad aplique la ley laboral, sino que los maestros disidentes paralizan actividades privadas, invaden tiendas departamentales y obstruyen en viernes los cajeros automáticos impidiendo el flujo de efectivo.

Ahora le ha tocado la crisis a la seguridad pública: el paro de policías estatales ha abandonado a la ciudadanía a merced del crimen organizado. Los policías pueden o no tener razón, pueden estar involucrados en irregularidades delincuenciales pequeñas o medianas; pero el hecho es que su paro ha dejado a Oaxaca sin seguridad pública durante más de diez días.

En el fondo, el gobernador Gabino Cué Monteagudo ha demostrado incapacidad para ejercer el poder, para aplicar la ley o para ejercer su función de poder ejecutivo. Ciertamente que lo que la sociedad oaxaqueña menos quiere es la represión o el autoritarismo, pero la debilidad institucional del ejecutivo estatal ha permitido que Oaxaca esté dominado por los poderes fácticos políticos, sociales, institucionales y criminales.

Existe una correlación entre el aumento en la inseguridad y la delincuencia con la no aplicación de la ley a maestros y ahora a policías. Los policías estatales de Oaxaca han comenzado a operar como un cártel de seguridad pública en función de sus intereses, ante la incapacidad del jefe policiaco Alberto Esteva Salinas, designado por razones políticas y por pertenecer al establo político de Marcelo Ebrard Casaubón.

Sin gabinete operativo, con la orden ejecutiva de no aplicar la ley, sorprendentemente ausente del balcón del palacio de gobierno durante el desfile del pasado 16 de septiembre, carente de iniciativa política para atender la crisis magisterial con el objetivo de resolver la crisis y sostenido por el PAN y el PRD vía una alianza agotada, el gobernador Cué Monteagudo ha llegado al punto de inmovilidad ejecutiva, política e institucional.

El problema magisterial ha derivado en un asunto nacional y en el debilitamiento de la reforma educativa. Y ahora el problema policiaco ha dejado durante casi dos semanas a Oaxaca sin seguridad. Los desplegados periodísticos publicados por el gobierno estatal con un lenguaje “enérgico” exhiben el estado patético de la autoridad gubernamental estatal. El lunes los policías en paro tomaron por asalto el C-4, centro de inteligencia de seguridad, y exigieron ellos designar al mando único.

La alternancia contra el PRI fracasó con Cué Monteagudo. El PRI recobró ya la alcaldía de la capital y en el 2016 tiene en la bolsa la gubernatura. Cierto que al PRI le conviene que Cué Monteagudo llegue al final de su mandato para retomar el poder vía el clamor social contra la parálisis política del gobernador, pero la sociedad oaxaqueña quiere ahora un relevo institucional del ejecutivo.