Epistolario/Armando Rojas Arévalo

La libertad asesinada

ANTONIETA: Cosas graves están ocurriendo en este país: Violencia, violación de los derechos humanos, agresiones y asesinatos de periodistas, corrupción, impunidad. Aparte, que haya más de 21 millones de niños y jóvenes en pobreza extrema es un baldón. Y seguimos tan campantes. “¿A quién protege el gobierno?”, pregunta The Economist en su edición de hoy.

La libertad de prensa en México está sometida a “presión extrema”, debido a la pobre Ley diseñada para proteger a los periodistas y a la impunidad que rodea los crímenes contra los comunicadores.

La libertad de los medios de comunicación sufrió durante 2015 una caída estrepitosa en México, Ecuador y Nicaragua, denuncia Freedom House, al difundir su informe anual sobre 199 países. Esta organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington, advierte que México,  “es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” lo que ocasiona que “la libertad de prensa enfrente amenazas persistentes”.

“Es especialmente perturbador que las autoridades frecuentemente sean reacias a aceptar que los ataques o amenazas contra mujeres periodistas, que pueden incluir violencia sexual, estén relacionadas con su trabajo”.

En los últimos 15 años 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más están desaparecidos, de acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).

LA UNESCO TAMBIÉN PIDE JUSTICIA.- La directora general de la Unesco, IRINA BOKOVA, condenó  el asesinato del periodista guerrerense FRANCISCO PACHECO BELTRÁN, ultimado el pasado 25 frente a su casa en Taxco,  y solicitó a México que investigue esa muerte.

“Pido a las autoridades que investiguen este crimen, que socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”, manifestó en un comunicado.

LA IMPUNIDAD GALOPA, así lo prueba el asalto al reportero CARLOS GUERRERO y  los camarógrafos de Televisa, que el lunes pasado al terminar de transmitir en vivo una nota en la refinería de Coatzacoalcos, Veracruz, fueron asaltados y despojados de sus equipos y pertenencias. De los autores del asalto violento, nada se sabe. Y eso que se supone trabajaban en una zona resguardada.

¿Quiénes matan periodistas?

Los resultados globales elaborados por el Comité para la Protección de Periodistas –que incluyen 73 casos de trabajadores de medios mexicanos asesinados entre 1992 y 2013–, señalan que en 73% de los asesinatos estuvieron involucrados grupos criminales; en 8% militares; en 4%, oficiales gubernamentales; en 8% “residentes locales”, y 8% la filiación del atacante se desconoce.

Las entidades con mayor número de homicidios de comunicadores de enero de 2000 al 31 de enero de este año son Veracruz y Chihuahua, cada una con 16 periodistas ultimados. Le siguen Tamaulipas con 13; Guerrero con 12; Sinaloa con siete; Oaxaca con seis; Durango con cinco; Distrito Federal, estado de México y Michoacán con cuatro. En Nuevo León y Sonora fueron asesinados en ese periodo tres periodistas y dos en Coahuila, Jalisco y Puebla. En Baja California, Chiapas, Morelos, Quinta Roo y Tabasco se registró un asesinato, en cada uno de ellos.

En cuanto al número de periodistas desaparecidos durante estos 15 años, el mayor número se dio durante el 2012 y fue en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Según Artículo 19, alrededor de 40% de las víctimas que incluye su registro ocupaban cargos de reporteros, 17% cargos de dirección, 16% eran fotorreporteros, 12% eran locutores, 8% columnistas y 7% jefes de redacción.

LA ONU, ALARMADA.-El relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, JUAN MÉNDEZ, expresó a El Universal, con relación a la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “Tememos que éste sea el fin de una investigación seria y profunda…Si hay voluntad política, debe continuarse con la investigación; de no ser así, demostraría una vocación por la impunidad de hechos gravísimos y señalaría a México ante la comunidad internacional…”

El informe final del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.

MIENTRAS TANTO, como si viviéramos en un país donde no hay necesidad de legislar contra la corrupción, el Senado cierra su periodo ordinario de sesiones sin aprobar las nuevas leyes en esa materia. Entre esas iniciativas se encuentra la denominada Ley 3de3, solicitud planteada por miles de ciudadanos para obligar a que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflictos de interés. EMILIO GAMBOA PATRÓN dice que no hay condiciones para votar las siete leyes que exige la oposición y contemplan la creación de la Fiscalía Anticorrupción antes del sábado 30 de abril, cuando cierra sesiones la Cámara alta.

EN CAMBIO, senadores del PRI y PVEM presentaron su proyecto de dictamen de legislación secundaria en materia anticorrupción, en el que suavizan los alcances de la llamada ley 3 de 3. Por ejemplo, proponen que en el caso de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, podrán hacerse pública únicamente si los funcionarios lo deciden. Igualmente, plantean que los cónyuges no estén obligados a presentar también sus tres declaraciones. ¡De qué se trata!

¡QUE SE INVESTIGUE A JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD! Presuntamente el candidato de RAFAEL MORENO VALLE, gobernador de Puebla, está metido en el negocio de antros, bares y restaurantes exclusivos en la capital poblana y Cholula, así como negocios offshore en Panamá, que son administrados por sus hijos y prestanombres, incluidos militantes perredistas. Si es así, que se le retire la candidatura.

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