Café para todos/Alberto Carbot

Las cosas están muy difíciles para el gobernador Javier Duarte. Y es que la ingobernabilidad en que ha sumido al estado, su falta de tacto político y su manifiesta incapacidad le están pasando la factura.

Como una muestra de la grave crisis política que enfrenta su gobierno, miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) marcharon el pasado viernes, al Zócalo de Xalapa, para exigirle el pago de 2 mil millones de pesos que le adeuda a esa casa de estudios.

Los universitarios rechazan la iniciativa de reforma que el mandatario dio a conocer en la que garantiza a la institución recursos anuales del 3 por ciento del presupuesto general del estado, para exigirle que sea un 5.

Las imágenes de la manifestación son impresionantes. Pocas veces se vio tan colmada la principal plaza pública de la capital veracruzana para repudiar al gobierno de Duarte.

“¡Fuera Duarte!”, “¿Dónde están, dónde están los millones que me ibas a pagar?” son algunas las consignas en las que, entre otras cosas, se exigió la renuncia del gobernador.

La marcha fue convocada, hace una semana, luego que Duarte envió la propuesta al Congreso para reformar la Ley de Pensiones con el objetivo de deslindar a su gobierno cuando sean insuficientes los fondos para el pago de prestaciones de los burócratas estatales y trabajadores de organismos autónomos, como la UV.

Esa fue la chispa que desató el infierno y la rectora Sara Ladrón de Guevara consideró que la iniciativa llevaba como destinatario preciso, la propia universidad que encabeza. Aunque Duarte quiso componerlo, es claro que su desgaste es cada vez mayor y se dirige hacia el precipicio.

De seguir las cosas como van, el Partido Revolucionario Institucional  podría enfilarse hacia una casi segura derrota. Al mandatario se le han acabado los amigos y ya no goza del respaldo del gobierno federal; en la Secretaría de Gobernación aparentemente ya no le toman las llamadas.

Por cinco años y medio, Javier Duarte hizo y deshizo en el estado; no le importó que su entidad estuviera en manos de Los Zetas, que instalaron allí su feudo y provocaron una grave ola de violencia, quizá la peor de los últimos tiempos; ni que durante su sexenio hayan muerto 17 periodistas, o que se multiplicaran las denuncias de fraude y corrupción.

Miguel Ángel Yunes, el candidato de la coalición PAN-PRD, se ha dado vuelo acusándolo de desfalco y ha prometido enviarlo a prisión. Pero hasta el mismo Héctor Yunes, candidato del PRI y primo de Miguel Ángel, ha decidido darle la espalda, deslindándose de él, previniendo que a causa del desastre promovido por el gobernador, las cosas se compliquen y el tricolor resulte derrotado.

Hay que decir que Veracruz es la gran reserva de votos para el tricolor. Se trata del tercer país con más electores, con un total de 5,6 millones de ciudadanos inscritos en el padrón, sólo superado por el Estado de México y el Distrito Federal y por encima de Jalisco y Puebla.

Las cosas marchan tan mal para Duarte, que el propio presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ha decidido pintar su raya y ha señalado que el gobernador deberá entregar cuentas a los veracruzanos.

“El candidato priista ha hecho el compromiso de cero impunidad con el pasado, con el presente y cualquier delincuente en el futuro”, afirmó el dirigente del PRI.

Pero el más certero golpe propinado contra el desacreditado mandatario, lo dio la Auditoría Superior de la Federación, que dijo haber hallado irregularidades por 15 mil 772 millones de pesos en el último ejercicio fiscal, sumados a otros 20 mil previos, por lo que consideró que debería ir a la cárcel.

La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado exigió juicio político contra el gobernador priista, pero Duarte simula estar sereno y desmiente que se prepare para presentar una solicitud de licencia.

Es obvio que para el PRI el cada vez más desprestigiado gobernador constituye un serio pasivo y podría convertirse en un lastre que podría llevar al naufragio al tricolor en las elecciones del 5 de julio. Es por ello que lo más conveniente sería que renunciara y que un gobernador interino se hiciera cargo de lo que resta de su gestión.

Los escenarios que se barajan para el futuro próximo de Duarte, son diversos, pero todavía no está claro lo que pueda suceder. Algunos creen que se le presiona desde Bucareli para que renuncie al cargo y se vaya a disfrutar sus millones de preferencia fuera del estado o del país.

Otra versión que se maneja, es que la sed de venganza no satisfaría al respetable, que desearía verlo en prisión. Quizá las revelaciones de la Auditoría Superior y de Manlio Fabio sólo están pavimentando el camino para que la Procuraduría General de la República (PGR) decida investigar al polémico mandatario por desvío de recursos.

Lo que les urge a los priistas es crear un ambiente propicio para que los veracruzanos satisfagan sus ansias de ver fuera del gobierno a Duarte y generar también la credibilidad suficiente de que el PRI podría rectificar tras los serios errores y las actitudes autoritarias del mandatario.

Más vale que el gobierno federal le saque las castañas del fuego al PRI, porque de lo contrario el malestar contra Duarte podría ser capitalizado por la oposición, hasta el grado de que el tricolor pierda la gubernatura.

Probablemente el tema de qué hacer con el gobernador para evitar una casi segura derrota es una de las cosas que más se han discutido en las reuniones del gabinete del presidente Enrique Peña. No es fácil una solución, porque si el gobierno le garantiza una salida de terciopelo y le otorga inmunidad, las cosas podrían ponerse peor.

Para colmo, al gobierno federal ya se le ha olvidado cómo proceder cuando hay un gobernador incómodo. Hay que recordar que Ernesto Zedillo pudo deshacerse del guerrerense Rubén Figueroa por el caso de Aguas Blancas, mediante un desafuero, pero no pudo echar de la Quinta Grijalva al entonces mandatario tabasqueño Roberto Madrazo.

En 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el perredista Ángel Aguirre fue hecho a un lado, pero porque el PRD sabía que si no se iba el mandatario podría ir a dar a la cárcel o las cosas se complicarían para el partido del sol azteca.

Miguel Ángel Osorio Chong está siendo presionado por muchos actores políticos para que actúe y convenza a Duarte de que vaya preparando su salida. Lamentablemente el propio Manlio Fabio no ha definido tampoco la posición de su partido, porque después de insinuar que el todavía gobernador debería rendir cuentas a la justicia, dijo que las versiones de su inminente salida eran sólo rumores surgidos en Veracruz.

 “Estamos en épocas electorales y también sé que allá en Veracruz soltaron un rumor de que él se iba”, afirmó. Beltrones indicó que Javier Duarte es el gobernador de Veracruz y como tal “está cumpliendo con su trabajo y deberá esmerarse en hacerlo todavía mejor en esta ruta de salida”.

El sonorense dijo que su expresión de que el mandatario deberá rendir “cuentas concretas y verdaderas” a los habitantes de esa entidad, responde a que  “nadie, absolutamente nadie puede quedar fuera de la rendición de cuentas”.

Ante estas señales ambiguas, no queda claro si a Duarte decidieron perdonarle la vida o si su salida podría ocurrir en cualquier momento.

FRAUDES, CORRUPCIÓN,  IMPUNIDAD Y DESAPARICIONES FORZADAS, EL PAN DE CADA DÍA EN VERACRUZ

A las incontables protestas por fraude, corrupción e impunidad, se suman las del aumento en la cifra de personas desaparecidas en el estado, como es el más reciente caso que han documentado los medios sobre los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero, en el municipio de Tierra Blanca.

Los cinco fueron vistos en una gasolinera de ese lugar donde fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal, y de acuerdo con unos videos en poder de las autoridades, tras este hecho los jóvenes desaparecieron.

En conferencia de prensa, tanto el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y la fiscal general del estado, Rosario Zamora, informaron que a la fecha suman ya 8 los procesados por el caso y todos pertenecen a la policía estatal­. El último de ellos, Rubén Pérez Andrade, confesó haber sido testigo del homicidio.

Según las declaraciones de Pérez Andrade, los jóvenes fueron detenidos porque les parecieron “sospechosos” y entregados  a supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho “El Limón” en el municipio de Tlalixcoyan­,  Ahí -según testimonios del más reciente detenido-, fueron asesinados, incinerados y triturados -seguramente en un molino de caña-, y posteriormente arrojados a un río.

Las autoridades informaron también que en el mencionado rancho, la División Científica de la Policía Federal localizó el pasado 25 de febrero, fragmentos óseos y manchas hemáticas pertenecientes a Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, 2 de los 5 desaparecidos.

Asimismo, se determinó que en el lugar se desarrollaban actividades ilícitas como manipulación de drogas. Este modus operandi parece ser práctica común por el crimen organizado, cuya influencia creció de manera desproporcionada durante la administración de Javier Duarte.

 GRANOS DE CAFÉ

No obstante la pésima calidad de la educación en México -principalmente en el sureste de la República-, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con impedir la evaluación de 12 mil 586 docentes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, que participarán en el examen de reposición durante el primer semestre del año.

Asimismo, advirtieron que si pese a todo, este proceso se lleva a cabo, los 3 mil 360 profesores de 28 estados de la República -que a partir de hoy causaron baja por no presentarse al examen-, realizarán un plantón permanente en varias capitales del país, principalmente en la ciudad de México.

Por supuesto, a nadie debe asombrar la respuesta de la gavilla de dirigentes magisteriales que integran la CNTE y que desde hace décadas se ha enriquecido bajo la bandera de la defensa del magisterio, lo que sólo llevó a una corrupción rampante e interminable, que pretenden mantener a toda costa.

La mejor prueba de la urgencia de una reforma como la educativa y de la desaparición de grupos radicales como la dirigencia de la CNTE, es que casi 70 mil mentores -que representan más del 51 por ciento de los profesores evaluados-, apenas tienen los conocimientos para ocupar el puesto de maestros, ya que aprobaron con el equivalente de “insuficiente  a suficiente”, es decir de “panzazo”, como se dice coloquialmente.

Naturalmente, la aplicación del artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente permitió identificar fortalezas y -pese a que estamos muy lejos de la calidad magisterial óptima-, poco más de 54 mil de los profesores evaluados, el 40.5 por ciento, obtuvieron buenas calificaciones y otro 8 por ciento acreditó niveles óptimos que les merecieron diversos estímulos económicos por su desempeño.

Estos maestros con las  mejores calificaciones deben ser el ejemplo a seguir por todo el magisterio y principalmente por la Coordinadora, para probar que su verdadero interés está en la formación de los estudiantes de educación básica y no en aumentarle cifras a sus cuentas bancarias.

Desde siempre ha estado muy claro que sólo con educación se puede acceder al desarrollo y consecuentemente a la justicia social. Ahora es el momento de anteponer esa premisa y no dejarse amedrentar por los amagos de los vividores de la CNTE e ir con todo por la evaluación.

Estamos seguros que de los 12 mil 586 profesores del sureste que habrán de reponer la evaluación, la inmensa mayoría honrará su compromiso con la niñez y probará que son capaces de  construir una nueva fuerza magisterial comprometida con México