Café para todos/Alberto Carbot

A UN AÑO DE AYOTZINAPA, EL DESCONTENTO PERSISTE, ALENTADO POR EL SUPUESTO GRUPO DE “EXPERTOS” DE LA CIDH

  * LA HOMOLOGACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PARA TODO EL PAÍS, UN PRIMER PASO PARA INICIAR LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO

Al cumplirse un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, el caso alcanza cada vez más decibeles. El eco furioso de quienes exigen resultados de la investigación e incluso demandan la aparición con vida de los jóvenes, se volvió a escuchar con fuerza en calles, plazas y lugares concurridas de la capital, y otras ciudades de México y el extranjero.

“Vamos a llegar hasta donde tengamos que hacerlo, a las más altas instancias internacionales, si fuera necesario”, afirmó uno de los voceros de los familiares de las víctimas, durante la principal protesta organizada en el Distrito Federal a 12 meses de este episodio.

La consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, que idearon las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, durante los aciagos años de la dictadura militar, se ha reeditado en México.

Una riada de personas desde las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos hasta el Zócalo, en el corazón de la capital mexicana, levantó los puños, alzó las pancartas y mantas con los rostros de cada uno de los jóvenes desaparecidos.

Protestas similares se realizaron en otras ciudades del mundo globalizado como París, donde fue colocado un gran letrero con el número 43 frente a la emblemática catedral de Notre Dame; otro frente a la embajada mexicana en Madrid y uno más en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú.

En un mensaje a través de Twitter, desde Nueva York -donde asistía a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas-, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó su compromiso con verdad y la justicia y ofreció seguir avanzando en las investigaciones sobre estos hechos trágicos y asegurar que los culpables respondan ante la ley.

El jueves pasado, Peña Nieto se reunió por segunda ocasión -la primera ocurrió hace casi 11 meses-, con los padres de los estudiantes desaparecidos, donde escuchó sus demandas y les dijo que el caso no está cerrado.

Tampoco se le elogió por ofrecer la creación de una fiscalía especial que investigue a fondo este caso, por el cual han sido detenidas más de 100 personas, entre policías, delincuentes y funcionarios.

En cambio, los padres de familia manifestaron que no confían “en sus instituciones y en su gobierno”, pues como se sabe, algunos de los detenidos aseguraron que los estudiantes fueron entregados por policías municipales de Iguala a la banda “Guerreros Unidos”, que los asesinó, al confundirlos con la organización conocida como “Los Rojos”, con la que mantiene una rivalidad a muerte.

LOS “EXPERTOS” DESCALIFICADORES DE PRUEBAS

Recientemente, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el cual señaló que resultaba difícil de creer que los normalistas hayan sido incinerados en  el basurero de Cocula, pese a que los restos examinados actualmente en el reconocido laboratorio de Austria, permitió la identificación de dos de ellos.

Los supuestos expertos pidieron investigar si uno de los autobuses, que no fue mencionado en el expediente del caso, transportaba drogas, dinero o armas con destino a Estados Unidos y si ese sería el móvil del crimen.

Según la versión de los padres, los jóvenes llegaron a Iguala para secuestrar autobuses y recaudar fondos para viajar a la capital a participar en las protestas por el aniversario de la Matanza de Tlaltelolco.

Sin embargo, originalmente se había dicho que habían sido enviados a boicotear un acto donde María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, rendía un informe al frente del DIF municipal. Hoy, ambos se hallan detenidos, acusados de enviar a los policías a secuestrar y desaparecer a los estudiantes y bajo sospecha de pertenecer al crimen organizado.

Lo cierto es que la desaparición de los estudiantes sigue siendo un grave problema para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues desde que ésta ocurrió, lamentablemente se agudizó una verdadera crisis política y social, después de que en año y medio de gobierno había conseguido una especie de luna de miel que permitió el Pacto por México y la aprobación de las llamadas reformas estructurales.

Desafortunadamente, el reclamo por la desaparición de los normalistas se ha radicalizado y ha sido aprovechado por organizaciones extremistas vinculadas a grupos rebeldes en Guerrero y a las organizaciones magisteriales, ajenas a los estudiantes desaparecidos.

Peña Nieto trató de decirles a los padres lo que querían escuchar, y aún así estos reaccionaron con rencor e indignación. A los únicos que les creen y en quienes confían -a pesar de que han llegado a unas conclusiones muy similares en la investigación-, es a los “expertos independientes” de la CIDH, quienes en opinión de la mayoría de los analistas políticos- no son más que un grupo de vivales internacionales, versados en lucrar con el dolor ajeno y sin el menor asomo de profesionalismo.

Los supuestos “especialistas” piden que se investigue un quinto autobús donde, según ellos se desplazaba originalmente un grupo de estudiantes y donde quizá había un cargamento de drogas, dinero o armas, que no había sido integrado al expediente. También, sin pruebas, hablan irresponsablemente de la participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición y probable asesinato de los estudiantes.

Los padres, como es normal, actúan movidos por sus sentimientos, esperanzas y anhelos de volver a ver a sus hijos con vida, pero lo censurable es que los grupos que los manejan y mueven los hilos del conflicto, los conducen poco a poco a un callejón sin salida.

Peña Nieto les dijo a los padres que el gobierno “está de su lado” y que las dependencias vinculadas al caso “tienen instrucciones de escucharlos y apoyarlos en todo”. El mandatario afirmó también que el caso no se ha cerrado y que tampoco habrá carpetazo.

Los padres tardarán mucho tiempo en atemperar su furia y en convencerse de que la esperanza de hallar vivos a sus hijos cada vez es más lejana.  Sin tener responsabilidad directa en el caso -pues es de todos conocido el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia del PRD hacia José Luis Abarca y su esposa-, al presidente Peña y al país mismo, no le queda más que esperar que poco a poco las cosas vuelvan a la normalidad.

GRANOS DE CAFÉ

… La homologación del salario mínimo para todo el país, podría ser el primer paso para iniciar una transformación radical de México, si se hace lo mismo con un sin fin de leyes estatales y aún municipales -como los códigos penales de los estado-, que propician injusticia al aplicar criterios desiguales para iguales delitos, todo lo cual genera mexicanos de primera, segunda, tercera y un largo etcétera, que en los tiempos actuales resulta inadmisible.

Independientemente de lo justo o injusto que represente el incremento de 1.82 pesos, para situarlo en los 70.10 pesos diarios para todo el territorio nacional, lo relevante de esta decisión -anunciada desde el mes de mayo-, es que sirva de modelo para que los congresos estatales revisen su estructura jurídica y unifiquen criterios con una visión nacional sobre normas y ordenamientos que exigen igual trato lo mismo para un chiapaneco que para un tijuanense.

Iniciar el proceso de homologación salarial, tiene que ser el cambio de modelo para una nación que urge de identidad propia y que se ha limitado con el fomento a los regionalismos que se diseminó desde mediados del siglo pasado, lastre que no hemos podido eliminar del todo y que es el principio de la acentuada desigualdad entre el norte rico y el sur miserable.

Empero, no podemos perder de vista que esta determinación de homologar el salario mínimo -y con ello la eliminación de las zonas económicas diferenciadas-, puede ser también el principio de una transformación económica de fondo que, si somos optimistas, podría convertirse en el principio de la movilidad salarial que abandera el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y que hicieron suya, con distintas modalidades, la mayoría de los partidos políticos, justo antes de las elecciones intermedias de junio pasado.

Tampoco podemos ser tan ingenuos y pensar que la patronal y principal asociado, dieron un vuelco en su estrategia salarial, sin pensar en un objetivo superior, como es quitarle esas banderas a los movimientos “populistas” que, casi con dedicatoria a López Obrador, denunció el presidente Peña Nieto desde las Naciones Unidas.

Si esa es precisamente la estrategia, vaya que sería un gran revés para esos movimientos que pegan con la izquierda y cobran con la derecha. Si no, pregúntele al tabasqueño de qué ha vivido los últimos 18 años…

 …Acuso mensaje del chiapaneco Eugenio Cifuentes, el cual transcribo a continuación:

“Mi estimado Alberto, agradezco tus importantes apuntes noticiosos sobre diversos aspectos de la vida política en nuestra entidad. Tocante a lo relacionado con el municipio de Tuxtla Gutiérrez, me atrevo a opinar que muy bueno sería, que en un esfuerzo especial del gremio periodístico del que formas parte, se comentara la urgente necesidad de elaborar una demanda bien sustentada contra quienes -en el gobierno de la capital de Chiapas y de toda la entidad-, en el sexenio anterior llevaron a cabo gigantescos niveles de sustracción de recursos públicos y se destacaron por los muy conocidos movimientos de corrupción cometidos.

“El proyecto -de tener éxito-, haría que los verdaderos culpables fuesen demandados y sentenciados a pagar los millones de pesos hurtados al erario y no sólo sean mencionados -lo cual les permite seguir viviendo como príncipes y reyes-, sino sentenciados a un castigo ejemplar por el uso y abuso de recursos sustraídos al erario federal, estatal y municipal en el estado de Chiapas. Si a esta idea se le encuentra sentido, nos regalarían una noticia de polendas y serían reconocidos a nivel nacional”, asegura Cifuentes