Café para todos/Alberto Carbot

* CASO NARVARTE. LA VERDAD NO DEJARÁ SATISFECHOS NI A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS, NI A LA SOCIEDAD,

 Los últimos 12 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, podrían etiquetarse con el título de la antigua película de Hollywood titulada “El año que vivimos en peligro”. Para usar algunos eufemismos, se diría que los casi 3 años transcurridos desde que asumió el cargo, fueron complejos y desafiantes, aunque hablando en términos coloquiales se diría que han sido tremendos.

Los dos primeros transcurrieron aparentemente con estabilidad, con poco crecimiento económico, pero sin mayores contingencias. Fueron los años del Pacto por México, de la alianza entre las principales fuerzas políticas del país que dio grandes frutos: las reformas energética, educativa, fiscal, financiera y de telecomunicaciones, entre otros logros.

Enrique Peña gozó de una especie de luna de miel en el poder durante ese período; se ganó elogios en los principales círculos financieros internacionales por sus audaces reformas y se le auguró un futuro brillante.

Sin embargo, la buena racha terminó súbitamente en septiembre del año pasado, cuando despertó con la mala noticia de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Según la fiscalía general, a cargo de las investigaciones, los jóvenes fueron entregados por la policía municipal de Iguala a la banda criminal Guerreros Unidos, por órdenes del alcalde José Luis Abarca, ante la sospecha de que estaban infiltrados por sus enemigos, Los Rojos. Tras darles muerte, la organización incineró sus restos en un basurero de la localidad de Cocula y arrojó sus restos a un río.

Desde ese fatídico 26 de septiembre del 2014, su régimen no volvió a conocer un momento de tranquilidad, y comenzó el llamado “annus horribilis” que se encadenó a otros acontecimientos igual de trágicos y difíciles.

Ayotzinapa se vino a sumar a la llamada Matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 31 de junio de ese año, por la cual elementos militares fueron acusados de abatir a 22 integrantes de una banda criminal. Esa quizá fue la primera señal, pero se dejó pasar. Desde entonces, la situación comenzó a descomponerse y la popularidad de Peña entró en declive.

Luego llegó noviembre, cuando a través del portal noticioso de MVS, se reveló que su esposa había comprado a la constructora Higa -en condiciones preferenciales y en sólo 4 millones de dólares-, una mansión valuada en casi 7. La empresa, se dijo, había recibido varios contratos por parte de la administración de Enrique Peña, desde que éste fungía como gobernador del estado de México.

Un caso similar envolvió al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero a ambos los absolvió hace unos días la secretaría de la Función Pública, al declarar que “no hubo conflicto de interés” en ambas operaciones.

El 11 de julio pasado, la crisis política volvió a hacerse presente cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, huyó de la prisión de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de un túnel de mil 500 metros de largo y 15 de profundidad.

Una reciente encuesta del Centro Pew, con sede en Washington, Estados Unidos, señaló que “luego de un año plagado por el escándalo y la controversia”, los índices de aprobación del mandatario “han caído, y los mexicanos incrementan su desilusión con elementos clave de su ambiciosa agenda”.

Un 44 por ciento de entrevistados declaró tener una imagen favorable sobre Peña Nieto, en contraste con el 51 por ciento de aprobación que tenía en 2014.

Pero el diario local Reforma dio cifras aún más alarmantes, al informar que del 50 por ciento de popularidad que disfrutaba el Presidente en agosto de 2014, al cabo de un año descendió al 34 por ciento y su calificación fue de 4.7 (en una escala de 1 a 10).

El flanco de la economía también mostró debilidades, pues entre agosto de 2014 y agosto de 2015, el precio del petróleo mexicano en los mercados internacionales cayó de 92 a 33 dólares por barril, es decir, casi 3 veces, llegando a sus peores niveles en 6 años.

La proyección de crecimiento económico debió ser reducida por las autoridades hacendarias de un rango entre 3.2 y 4.2 por ciento al inicio del año a entre 1.7 y un 2.5 por ciento en su último ajuste.

Hace un años, el dólar estadounidense se cotizaba en 13.30 pesos y hoy ya ha rebasado los 17, es decir, ha perdido casi un 30 por ciento de su valor, colocando a la moneda mexicana entre las 4 más depreciadas en América Latina, después del real brasileño, el peso argentino y el peso colombiano.

Esta situación macroeconómica ha tenido también un impacto en el mexicano de a pie, como lo demuestra un informe oficial reciente según el cual entre 2012 y 2014 aumentó la cifra de pobres en 2 millones -hasta llegar a los 55.3 millones-, lo que significa que afecta al 46.2 por ciento de la población.

LA CORRUPCIÓN, DESIGUALDAD Y UNA SITUACIÓN MUNDIAL COMPLICADA, FRENAN EL DESARROLLO DEL PAÍS, ASEGURA PEÑA NIETO

En un reciente mensaje de su campaña para promover su informe de este miércoles, Peña Nieto admitió que “México aún no se está moviendo a la velocidad que todos queremos” e indicó que “hay 3 frenos que lo impiden: la corrupción, la desigualdad y una situación mundial complicada que se refleja en la caída del precio del petróleo”.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo entregó su tercer informe anual ante el Congreso, que marca simbólicamente la mitad de su gestión, en momentos en que el panorama político, económico y social es cada vez más agitado.

Sin embargo, quedan por delante otros 3 años que pueden representar una oportunidad, más que un reto, y que sin duda resultarán decisivos para evaluar al sexenio en general y para determinar si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en condiciones de seguir gobernando o queda en riesgo de ceder la estafeta a otra formación política, o a un personaje surgido de una candidatura “independiente”.

El reciente ajuste en el gabinete presidencial es una innegable señal de que el primer mandatario está dispuesto a relanzar su gobierno y a rectificar aquellas decisiones incorrectas, así como a iniciar una nueva etapa que realmente permita 3 años de crecimiento y desarrollo.

En lo económico, al situación puede ser complicada, porque se esperan meses difíciles -al menos para nuestra moneda-, debido a que en este mes que inicia, o a más tardar a fin de año, la Reserva Federal de Estados Unidos decretará un aumento en las tasas de interés de referencia, que podrían resultar una mala noticia para México ya que podrían profundizar la devaluación del peso y provocar con ello una fuerte fuga de capitales.

Por fortuna, el Banco de México está en buenas manos, y el gobernador de la institución, Agustín Carstens, es un hombre experimentado que seguramente sabrá qué hacer en caso de que se profundice la volatilidad.

Realmente, muchos de los problemas que deberá afrontar Peña Nieto en los próximos 3 años no dependen de cómo conduzca el barco a nivel interno, sino de la tempestad externa, comenzando por la desaceleración china, la crisis financiera griega y la caída de los precios del petróleo.

Por otra parte, con los recientes enroques y nombramientos en su equipo de gobierno, se espera que la situación política y social no continúe deteriorándose.

Sin embargo, ante la opinión pública, la cuestión más importante es que Peña Nieto demuestre que es un mandatario que realmente sabe escuchar y tomar decisiones firmes e inteligentes para afrontar los problemas que aquejan al país.

Su gran tarea para convencer a los mexicanos de que realmente es un Presidente que está a la altura de los desafíos, comienza a partir de hoy.

GRANOS DE CAFÉ

… A más de un mes del multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueran asesinadas 5 personas -Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera López, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martí y Olivia Alejandra Negrete Avilés-, y pese a la captura de 2 de los presuntos implicados, las autoridades capitalinas continúan sin grandes avances que les permitan esclarecer el móvil del crimen.

Desde el inicio de la investigación, tal como lo afirmamos en una anterior columna, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) incurrió en numerosos errores, sobre todo en el área de comunicación, que lo único que ocasionaron fue aumentar el descrédito y el “sospechosismo” en la sociedad.

Numerosas contradicciones en las declaraciones -tanto de los testigos, vecinos e incluso personal de la propia PGJDF, incluido su titular, Rodolfo Ríos Garza-, contribuyeron a acrecentar la desconfianza en el desarrollo de la investigación.

Hasta hoy, los 2 únicos detenidos, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino, afirman no haber cometido los asesinatos e incluso que se enteraron de los crímenes por las noticias difundidas en los medios. Habrá quienes les otorguen el beneficio de la duda, pero no queda duda de que su comportamiento obedece a que son un par de ex presidiarios desalmados y cínicos.

Pacheco Gutiérrez, detenido el pasado 4 de agosto  -y quien ya recibió auto de formal prisión por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y robo agravado en pandilla-, cambió su declaración original para afirmar que ésta fue hecha por medio de tortura, por lo que presentó una queja al respecto y aunque reconoció haber estado en el lugar de los hechos, negó haber cometido los crímenes y el robo.

Por su parte, el ex policía Abraham Torres Tranquilino -detenido hace pocos años y procesado entonces por los delitos de tortura y ejercicio indebido del servicio público-, todavía no ha sido presentado a los medios ni se ha dado a conocer oficialmente su declaración. En palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, esto no ha sido posible, ya que “la juez 26 de lo penal no permite la presencia de los medios de comunicación en las audiencias que se llevan a cabo”.

Ante la gran cantidad de hipótesis, líneas de investigación, sospechosos y teorías de conspiración, lo único cierto es que -como suele ocurrir-, la verdad no dejará satisfechos ni a los familiares de las víctimas, ni a la sociedad, debido en gran parte a la poca habilidad con que las autoridades judiciales manejaron el caso desde un principio. Lo que debió hacerse, es no emitir ninguna declaración hasta no haber completado las investigaciones y capturado a los presuntos responsables del terrible asesinato colectivo