Café para Todos/Alberto Carbot

* LA LEY DE AGUAS POSPUESTA INDEFINIDAMENTE MANLIO FABIO BELTRONES RECHAZA QUE SEA PRIVATIZADORA

* EDUARDO MEDINA MORA, RATIFICACIÓN SIN SOBRESALTOS COMO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados frenó, por el tiempo que sea necesario, la discusión de la polémica Ley General de Aguas, cuyo dictamen votaría este martes el Pleno. Y lo hicieron políticamente razonable, porque así le pudieron quitar una nueva bandera a la oposición.

Quienes estaban en favor de la aprobación casi fast track de esta ley, parece que viviesen en otro país, sin ponerse a razonar que el actual gobierno ya tiene suficiente con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las denuncias en Ginebra sobre la supuesta persistencia de la tortura generalizada en el país -que fue rechazada por el gobierno-, y la actual situación económica.

La sola mención de este tema, le había dado armas a la izquierda trasnochada, que ya había iniciado una campaña con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, denunciando que esta iniciativa tenía una clara intención privatizadora.

La decisión de aplazar hasta nuevo aviso -lo que quiere decir quizá que se le dio carpetazo al polémico proyecto-, fue anunciada por Manlio Fabio Beltrones, quien, como se sabe, es uno de los hombres que figura en la lista de posibles aspirantes a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No fue casual que él mismo se encargara de desactivar esta bomba de tiempo, por cuanto se cree que él podría ser una de las víctimas de que la controvertida propuesta llegara a término y se convirtiera en ley. 

El malestar entre la oposición de izquierda por esta iniciativa iba en aumento y el órgano directivo de la Cámara de Diputados anunció que será necesario que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación, antes de proceder a votarla.

La inesperada determinación, ocurre luego que la bancada del PRI había defendido como singular vehemencia el asunto e inclusive había invitado a la sede legislativa de San Lázaro a los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Consejo Consultivo para mostrar su respaldo y supuestamente echar por tierra los argumentos de que se abrirán las puertas de par en par para que empresas privadas fueran beneficiadas con concesiones para la explotación del agua.

Los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Alfonso Durazo habían propuesto que el debate sobre el dictamen de la ley fuera pospuesto. De inicio, Beltrones y su homólogo panista Ricardo Anaya habían rechazaron que la Ley General de Aguas sea privatizadora.

La Ley General de Aguas ya había sorteado con éxito la aduana de los comités de la Cámara Baja encargados de dictaminarla, pero comenzaba a suscitar un creciente rechazo por violar “el derecho humano” a este preciado líquido.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), repudiaron este proyecto porque a su juicio “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.

En un documento donde analizaban la propuesta, los especialistas advertían que esta legislación limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que “pone en riesgo la salud”.

El texto citó un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según la cual “el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona”.

Los investigadores advirtieron que solicitarían al rector de la UNAM, José Narro Robles, pronunciarse en contra  y pedir que fuera sometida a una amplia consulta entre los sectores sociales involucrados antes de ser debatida.

Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huizar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología, alertaron que se quiere limitar el derecho humano al agua sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que deja fuera a quienes habitan zonas rurales.

AMENAZAS QUE NO SE CONCRETARON

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados advirtió que realizará acciones de resistencia civil para impedir que prospere la Ley General de Aguas que, de acuerdo con la izquierda, privatizaría el sector hídrico.

Era tal el alboroto que había generado la ley, que el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho anunció que ayer martes, el grupo parlamentario  del PRD podría tomar la tribuna para impedir lo que denominaron “un atraco a la nación”. Se había anunciado que alrededor del Palacio Legislativo tendría lugar una multitudinaria  concentración en protesta por la ley.

Pedro Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que la nueva normativa beneficiará a megaempresas tipo Coca-Cola y Nestlé que “incurren en malas prácticas”.

Moctezuma -quien favorece una propuesta ciudadana alterna al dictamen que se discutía en la Cámara de Diputados-, consideraba que la iniciativa favorecería a gigantes extranjeros, los cuales manejarían sistemas de agua en condiciones de ganancias garantizadas con los impuestos y tarifas que pagan los mexicanos.

Recordó que empresas que promueven la remunicipalización de los sistemas de agua potable y saneamiento -y que ahora se pretendían empoderar-, ya han sido expulsadas de 180 ciudades como Praga, Berlín, París, Buenos Aires y Atlanta, entre otras muchas.

“Beneficiaría a corporaciones que especulan con obras muy exigentes en energía y en agua para el lucro, como Higa en el caso de Monterrey VI; a la minería tóxica, al fracking, a cerveceras que operan en zonas desérticas y despojan a las comunidades del agua”, indicó.

La también llamada “Ley Conagua” contempla artículos que hacen del trasvase una utilidad pública y concesiona su uso a particulares. El uso minero no requerirá de concesión, y la práctica del fracking se esconderá como un uso industrial para autorizar la extracción del agua.

Según los científicos, la ley no garantiza el derecho humano al agua en las condiciones que establece la Constitución, es decir, de forma equitativa, sustentable y con participación ciudadana.

“Es una ley verdaderamente mal concebida (...) (que impulsan) grandes inversionistas ligados al extranjero que buscan utilidades garantizadas sobre una necesidad básica absoluta. Esto en complicidad con las autoridades del agua”, afirmó Moctezuma.

Anaid Velasco, coordinadora del área de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), estima que  el Artículo 73 de la Constitución no faculta expresamente al Congreso a designar competencias a nivel federal, estatal y municipal.

Luis Zambrano, investigador del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, sostuvo que el proyecto de ley, así como está planteado, deja a la iniciativa privada la distribución del líquido, se limita a comunidades pobres el acceso al agua y se frena la fiscalización científica a la calidad del agua.

Zambrano -quien participó con otros investigadores en el proceso de consulta de un proyecto de ley hídrica-, indicó que los resultados de la consulta fueron ignorados por las autoridades.

“Desde hace tres años, desarrollamos un proyecto no sólo elaborado por científicos, sino también por la sociedad, e invitamos siempre a Conagua, quienes nunca acudieron a las reuniones”, dijo el experto.

Por ello, denunció que ahora se armó un proyecto que claramente favorece a los empresarios como (Grupo) Higa y, sobre todo lo hacen sin consultar a investigadores y a la sociedad.

Elena Burns, investigadora de la UAM, explicó que la conocida como “Ley Conagua” viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por México, el cual exige que las leyes prioricen los derechos humanos.

En fin, la polvareda amenazaba con crecer justo en un año electoral y cuando los frentes de conflicto se le multiplican a Peña Nieto. Sabia decisión la de desactivar esta situación explosiva. La pregunta que surge ahora es: ¿por cuánto tiempo?

GRANOS DE CAFÉ

Aunque nubarrones de tormenta se cernían sobre la nominación de Eduardo Medina Mora  y amenazaban su designación y ratificación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Senado de la República, la eficaz operación política del Revolucionario Institucional en la cámara alta, logró que fuera electo por una mayoría calificada de 83 votos a favor, con la obvia oposición del PRD y el PT, que no pudieron sacar raja en esta negociación.

Así luego de largo debate se eligió en votación por célula al hoy ex embajador de México en Estados Unidos, quien calificó de falsos y tendenciosos los “ataques electorales” de los que supuestamente fue objeto desde hace una semana en que se conoció su propuesta para ocupar durante los próximos 15 años, la vacante que dejara el recordado ministro Sergio Valls.

De  las 119 cédulas repartidas entre los senadores de la República, 83 favorecieron a Medina Mora, quien también fuera Procurador General de la República, cargo en el que, según acusan sus detractores, comerció con la justicia.

Precisamente a esas acusaciones respondió hoy mismo el también ex director del Cisen, quien calificó los ataques en su contra de coyuntura electoral, pero carentes de todo sustento

En carta al investigador del Cide, Sergio Madrazo -quien promovió con 20 mil firmas ciudadanas el rechazo a su nominación para ministro-, Medina Mora dijo que nunca uso políticamente su cargo como Procurador General de la República, como lo sostienen sus detractores.

En la misma carta, el hoy flamante ministro de la Suprema Corte, también se desligó de toda violación a los derechos humanos de indígenas a las que en 2006 se acusó de vendedoras de drogas y que supuestamente lidereaba Francisca Jacinto Marcial.

“A mí me ratificaron como procurador general de la República 8 meses después de que se ejerciera acción penal contra Francisca. Incluso, la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra ella”, dijo.

Por supuesto, también rechazó tajante que hubiera desmantelado el sistema de inteligencia nacional en los tiempos en que fue director del Cisen, y ratificó su compromiso con la legalidad.

Además de Medina Mora, la terna que evaluó el senado de la República estuvo compuesta por las nominaciones de Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, quienes obtuvieron 4 y 15 votos a favor, respectivamente, contra los 83 a favor del ex diplomático, quien hoy mismo rindió protesta como nuevo ministro de la Corte ante el pleno del Senado de la República…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]