El agua, un derecho del pueblo
Históricas las reformas a las leyes energéticas, que abren el sector al capital privado.
Al fin, después de largas, maratónicas discusiones, estirones y jaloneos, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó este lunes un paquete de históricas reformas a las leyes de la energía, que por primera vez en 76 años, permiten abrir al sector a la inversión privada, nacional o extranjera.
El acto tuvo lugar en presencia de miembros del gabinete, gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas y empresarios, a los que Peña señaló que estas enmiendas acelerarán el crecimiento económico y el desarrollo de México en los próximos años.
Con los cambios a la Constitución y las leyes secundarias, se “preserva y asegura la propiedad de la nación” sobre los dos grandes monopolios gubernamentales de la energía: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según Peña Nieto.
El mandatario insistió que gradualmente disminuirán los precios de la luz y el gas tanto para los consumidores domésticos como para los negocios, algo que parece lejano, sobre todo porque hay voces al interior del propio gobierno que apuestan que esto no ocurriría en menos de 2 años.
Otra de las novedades durante la promulgación de las leyes secundarias de la energía, fue el anuncio de que se anticipó para esta misma semana -un mes antes de lo previsto-, la llamada “Ronda Cero”, en la cual Pemex escogerá las áreas de exploración y campos de producción que conservará, para dejar el resto a la licitación privada.
“Decidimos adelantar la fecha para que Pemex tenga mayor certeza y (…) pueda definir sus estrategias futuras”, señaló el jefe del Ejecutivo. Como se sabe, la oposición de izquierda calificó este paquete de reformas como “un despojo a la nación”.
Sin embargo, los analistas señalan que este podría ser el mayor éxito de la administración de Peña Nieto y el logro de lo que parecía ser “la reforma imposible”. Así se veía apenas hace unos meses. Un cambio económicamente urgente y políticamente inviable. La reforma más necesaria y la más espinosa, afirmó Jesús Silva-Herzog Márquez.
Sin embargo, a pesar de su trascendencia, el propio analista considera que esta reforma “está obligada a dar los resultados que ha prometido explícitamente”, porque sobre ella se han depositados grandes expectativas, que es lograr, finalmente, proyectar un crecimiento alto y sostenido.
Es la oferta que se nos ha hecho reiteradamente. Los defensores del proyecto que es económicamente hegemónico desde hace 30 años, han reiterado que la mediocridad de nuestro crecimiento se debe al carácter trunco de las reformas, y han señalado precisamente al sector energético como causante de nuestra insuficiencia, afirma Silva-Herzog Márquez.
Las leyes secundarias fueron debatidas durante unos tres meses y consumieron unas 100 horas de labor legislativa.
Se trata de un paquete de 21 iniciativas que incluyen, entre otras cosas, un nuevo estatuto para Pemex y la CFE, que dejan de ser paraestatales, pero gozarán de una mayor autonomía. El gobierno será dueño, no administrador. Las compañías adquieren la figura de “empresas productivas del Estado”, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
“El gobierno no se entrometerá en la operación cotidiana de las empresas y éstas tomarán sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales y de negocio, sin presiones políticas o coyunturales”, según la reforma. Tanto Pemex como la CFE podrán contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, tendrán un Consejo de Administración y un director general y trabajarán bajo la figura de “gobierno corporativo”.
Su máximo órgano de decisión, el Consejo de Administración, responsable de la dirección estratégica y la planeación integral, estará integrado por 10 miembros; el titular de la Secretaría de Energía lo presidirá y tendrá voto de calidad, y forman parte del mismo el titular de la Secretaría de Hacienda; tres consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo, y cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Para prevenir actos de corrupción se crea un Comité de Auditoría, además de una Auditoría Interna, y la participación de un Auditor Externo. La empresa estará sujeta a dos órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (en la CFE).
Pemex competirá en todas las ramas del sector, igual que las empresas privadas que inviertan en el sector de hidrocarburos, excepto en los campos donde la Secretaría de Energía le dé exclusividad a la empresa del Estado a través de la “ronda cero”.
En materia de exploración y extracción, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción podrá asociarse como empresas privadas mediante una licitación que lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Tendrá derecho, bajo la figura de “ronda cero”, de escoger las áreas que explotará sin apoyo de particulares.
Entre los contratos que se crearon figuran los de licencia -que pagarán bono a la firma y contraprestación del Estado-, los de utilidad compartida -que cobrarán en efectivo-, así como los contratos de producción compartida -donde se pagará en especie-, y los de servicios, que entregarán la totalidad de producción al Estado.
Con todo, los propietarios de tierras podrán ser millonarios; antes no tenían esperanzas.
Uno de los aspectos más cuestionados es el de la “ocupación temporal” de tierras para la extracción de hidrocarburos. El porcentaje que pagarán contratistas a propietarios de las tierras, no será menor de 0.5 por ciento ni mayor al 2 por ciento, en el caso de hidrocarburos, y hasta 3 por ciento si es gas shale.
Estas modificaciones permitirán que los propietarios de los terrenos aspiren a convertirse en millonarios por el usufructo de sus tierras, pero habrá que ver si este apartado no origina una serie de abusos entre la gente que desconozca que en sus propiedades podrían existir hidrocarburos, y sean esquilmados por los malandrines de siempre, a la usanza antigua, bajo presión o con balas, máxime si en este tipo de negocios se incrustan las mafias del crimen organizado.
Otras novedades consistirán en que se permitirá a empresas nacionales y extranjeras instalar gasolineras a partir de 2016, y se abre la importación de gasolina y diesel en 2017.
Además, se liberaría el precio de la gasolina y diesel, en enero de 2018, y del gas LP a partir de 2017.
El gobierno absorberá parte de los pasivos laborales a cambio de que el próximo año la empresa y el sindicato acuerden nuevas reglas para el pago de pensiones.
La carga fiscal a PEMEX disminuirá de 71.5 al 65 por ciento, lo cual no es gran cosa, pero sí es importante por las grandes cantidades que se manejan en el sector.
Peña Nieto señaló que la reforma energética abre las puertas a las inversiones privadas y a las tecnologías de punta.
El mandatario reconoció a los legisladores federales, independientemente del sentido de su voto por haber “demostrado que nuestra democracia tiene madurez y solidez institucional para procesar reformas transformadoras a favor de los mexicanos”.
En su discurso, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, consideró que la reforma energética es “la más trascendente de las últimas décadas”.
Coldwell dijo que con la promulgación de las leyes secundarias se emprenden grandes transformaciones para el sector energético:
La industria de los hidrocarburos contará con el capital para acceder a aguas profundas y a los yacimientos convencionales para poner fin a la declinación petrolera y gasífera que afecta al país en los últimos años.
El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, prometió revertir la reforma energética “porque no vamos a permitir que se privatice el petróleo” y calificó de “traidores a la patria” a los legisladores del PRI y del PAN que la aprobaron.
Falta ver sin embargo qué tanto arrastre tiene su propuesta de convocar a una consulta que coincidiría con las elecciones federales del 2015. Quizá López Obrador se agarra de un “fierro ardiente” pues si no logra que cuaje la consulta, se le habrán acabado las cartas, pues sus movilizaciones han sido francamente desmotivantes.
Granos de Café
Como de costumbre, el largo brazo de la ley se quedará corto en lo que respecta a la aplicación de sanciones a quienes son responsables del cúmulo de irregularidades que mantienen paralizada a la Línea 12 del Metro de la ciudad de México.
Un periódico capitalino dio a conocer que la Comisión Investigadora de los recursos federales destinados a la megaobra, sólo tiene contemplado aplicar correctivos a 19 funcionarios que serán sancionados por la Contraloría capitalina, pero de antemano puede usted apostar que el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, principal responsable, quedará impune; no se le tocará ni con el pétalo de una rosa.
Aunque todavía no se menciona el tipo de sanción al que realmente se harán acreedores, Enrique Horcasitas, ex director general del Proyecto, y Francisco Bojórquez, ex director general, encabezan la lista a la que se agrega el nombre del director general de Administración, Juan Armando Rodríguez Lara.
Le siguen Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles; Kooichi Mario Endo Jiménez, director de Obras Inducidas; Sotero Díaz Silva, director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y Óscar Leopoldo Díaz González, subdirector general de Mantenimiento.
Se anexan los nombres de Juan Antonio Giral Mazón, director de Diseño de Obras Civiles; Juan Mercado, ex subdirector general de Administración y Finanzas; José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos; Carlos Raúl Cruz Neri, director de Construcción de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro y ex subdirector de Obra Electromecánica y Reyna María Basilio, directora ejecutiva de Operación y ex directora de Administración de Contratos