Café para Todos/ Alberto Carbot

* UN PACTO DE SEGURIDAD, PERTINENTE, PERO ¿SERÁ EFICAZ?; LA CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL SE AGUDIZA CADA VEZ MÁS

El gobierno federal ha sido acusado de reaccionar en forma tardía y negligente a la crisis política y social derivada de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Pero habrá que decir lo mismo de los partidos. Por ejemplo, Acción Nacional se quedó cruzado de brazos esperando “ver pasar el cadáver de sus enemigos”, como señala el viejo proverbio chino.

Y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor ni hablar. Tardó varios días en reconocer sus errores. Primero defendió a capa y espada al gobernador Ángel Aguirre Rivero. Después pidió perdón por medio de Carlos Navarrete, su flamante dirigente nacional, pero al final, no resistió la presión y tuvo que sumarse a las voces que exigían que el mandatario dimitiera a su cargo.

Luego de ello, las tribus empezaron a hacerse pedazos entre sí, a atribuirse la culpa por la llegada al poder del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, perteneciente a una distinguida familia de maleantes.

El desfile de fotos por Facebook y otras redes sociales con la pareja incómoda posando con personajes notables como Andrés Manuel López Obrador o Carlos Navarrete, fue sólo la exhibición de la miseria en que han caído los militantes de la izquierda partidista, algunos de ellos verdaderas lacras.

Ahora, sin embargo, tanto partidos como gobierno federal quieren tomar las riendas del asunto y sacar raja de la situación para abanderar iniciativas con las cuales creen que convencerán a los electores de que tienen el dominio de la situación.

Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la convocatoria de un acuerdo en materia de seguridad a “la representación del Estado mexicano,” a los partidos políticos y las organizaciones civiles para evitar hechos como la desaparición de 43 estudiantes el mes pasado.

En realidad, Peña Nieto reaccionó luego que previamente las principales fuerzas políticas lanzaron una convocatoria para un pacto contra la violencia que sacude al país.

Peña dijo que el tema de la seguridad compete a todos, no únicamente al gobierno federal, por lo que además de las investigaciones de los desaparecidos se deben emprender otras acciones en conjunto.

El jefe del Ejecutivo dio la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos en Iguala, y pidió unir esfuerzos en favor del estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad.

El acuerdo de seguridad, que se firmaría antes de la gira del mandatario a China que inicia el próximo domingo, busca asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena de la ley, sostuvo Peña Nieto.

Un día antes, PRI, PAN Y PRD emitieron comunicados y publicaron desplegados en la prensa para impulsar un pacto contra la violencia luego del secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Como se sabe, alguien envió a este grupo conocido por su beligerancia y que suele ser usado como fuerza de choque por algunos sectores de la izquierda para fines inconfesables, con el propósito de estropearle la fiesta a la esposa de Abarca, que justamente el mismo día en que se produjo la emboscada contra los normalistas, rendía un informe sobre sus actividades en el DIF municipal, un día antes de que el edil rindiera su segundo informe anual de actividades.

Los estudiantes dijeron que planeaban realizar actividades de “boteo” pero nadie se explica por qué tuvieron que recorrer tantos kilómetros, si les quedaba más cerca Chilpancingo u otras ciudades del estado.

El resto es historia. La versión oficial habla de que Abarca pertenecía a Guerreros Unidos y le pidió una ayudadita a sus “cuates” para enfrentar a los estudiantes, pero quizá a los criminales se les pasó la mano o nadie midió las consecuencias.

LA PEOR CRISIS POLÍTICO SOCIAL DEL GOBIERNO DE PEÑA

El caso es que como resultado de estas acciones el gobierno federal enfrenta la peor crisis política y social desde que asumió su cargo Peña Nieto.

Ahora, sucede que las protestas cada día crecen como bola de nieve y los grupos que participan en ellas se radicalizan. Para este miércoles está prevista una nueva Jornada Global por Ayotzinapa y el inicio de un paro de 3 días en las principales universidades públicas del país.

Además sigue habiendo protestas y expresiones de repudio de organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras y hasta de gobiernos como el de Estados Unidos y Europa.                                                     

Ahora, inclusive se sabe que los grupos rebeldes en Guerrero, que parecían estar hibernando, y que en los 60 y 70 tuvieron amplia actividad con liderazgos como el de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas -quienes por cierto pasaron por las aulas de la Normal de Ayotzinapa-, han resurgido y han hecho sentir su presencia por medio de diversas comunicaciones.

Sólo durante el mes de octubre, las organizaciones guerrilleras lanzaron una larga serie de comunicados para hacer pública su postura en torno al caso y la posibilidad de que unifiquen objetivos, no siempre por la vía pacífica.

Para estos grupos, el asunto les cae como anillo al dedo, pues se sabe que las organizaciones extremistas se alimentan de la efervescencia social y el descontento popular.

Según documentos hechos públicos en los medios informativos, existen al menos cinco grupos rebeldes en Guerrero cobijados por la Asamblea Nacional Popular (ANP): el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo.

Ante este panorama, no es extraño que las principales formaciones políticas se disputen con el gobierno el dudoso honor de ser los primeros en tratar de lograr un pacto por la paz y contra la impunidad.

Para ello, los partidos exhortaron al gobierno, académicos, empresarios y sociedad civil a cerrar filas y realizar un esfuerzo conjunto para continuar la ruta del crecimiento económico.

“La violencia descompone, la política lo compone”, señaló el PRI, que respaldó toda acción pública y social que contrarreste los atentados contra la libertad, la dignidad humana y la concordia social.

El PAN subrayó la conveniencia de impulsar un acuerdo nacional para construir una auténtica política de Estado, con visión de largo plazo, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de los habitantes del país.

El presidente del blanquiazul, Ricardo Anaya, señaló que hay una enorme preocupación por el estado de descomposición que casos como el de Iguala, han evidenciado.

El PRD auspició “un esfuerzo nacional” en el que participen todas las instituciones del Estado, como los tres poderes de la Unión, gobiernos provinciales y municipales, partidos políticos, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad.

La formación de izquierda propuso rediseñar la estrategia en materia de seguridad, a fin de combatir la violencia y corrupción en muchas regiones del país.

No cabe duda que a pesar de que hay una gran dosis de protagonismo en estas convocatorias, es pertinente un pacto, acuerdo o como se llame para atemperar las protestas y tratar de darle un cauce adecuado a la inconformidad.

Sin embargo, la gran pregunta es si será suficiente y eficaz un instrumento como éste para contener la oleada de inconformidad o el gobierno y los partidos tardaron, como siempre, demasiado en reaccionar a los problemas.

GRANOS DE CAFÉ

La captura del  ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda, en una colonia popular de Iztapalapa, Distrito Federal,  abre un halo de esperanza para los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que por órdenes del munícipe, fueron interceptados por las policías de Iguala y Cocula,  y entregados al cártel de los “Guerreros Unidos”

Pero el entusiasmo que generó esa detención por parte de elementos de la Procuraduría General de la República, tiene su sustento más en la proximidad del esclarecimiento de los hechos que en localizar vivos a los 43 normalistas, aunque es el deseo compartido por toda la sociedad.

No obstante el hallazgo de la pareja imperial -como hoy se les conoce-, sólo desalienta esa ilusión, ya que prueba que se cuenta con toda la capacidad para localizar a un prófugo encubierto por el crimen organizado y, consecuentemente, para dar con el paradero de los normalistas, en el supuesto de que permanezcan con vida.

Lo que es un hecho, es que más de un prominente político vive en estos momentos el mayor de los calvarios, puesto que durante los dos años que José Luis Abarca fungió como alcalde de Iguala, necesariamente compró muchas conciencias y financió muchas campañas con los recursos provenientes del narcotráfico, mismo que le permitió adquirir más de 38 propiedades de todos los tamaños en cuando menos 3 estados y el Distrito Federal.

Para muchos políticos -por no hablar de  empresarios y personajes públicos que trataron con el alcalde Abarca-, la sentencia presidencial de que no habrá ningún tipo de impunidad para absolutamente nadie y que se hará justicia “tope lo que tope”, seguramente los mantiene con la misma angustia que viven los padres de los normalistas desaparecidos.

Naturalmente el gabinete en pleno del ex gobernador Aguirre y el propio mandatario con licencia, viven en estos momentos su peor pesadilla, ya que seguramente el narco alcalde no cargará sólo con la culpa del enriquecimiento explicable y de la desaparición de los 43 normalistas…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]