Reclutan cárteles a jóvenes potosinos: Observatorio Ciudadano

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 10 de octubre 2020.- El Observatorio Nacional Ciudadano publicó un estudio sobre la prevención del delito en tiempos de Covid 19, en el cual revela que un delito que aumentó como la espuma en San Luis Potosí, es el relacionado con la desaparición de jóvenes para ser reclutados por el crimen organizado, además de la extorsión. El documento separa -por regiones del país- las variaciones de la delincuencia hasta abril de este año, cuando comenzó la declaratoria de pandemia, así como las estrategias previas que tenían las autoridades en materia de seguridad pública. En el panorama general, delitos como la extorsión tuvieron un incremento desde el año 2017, pero el repunte fue más evidente con el inicio de la pandemia, sobre todo en los estados de Quintana Roo y Zacatecas. El robo a negocio permaneció en la misma tendencia, pese a que muchos negocios se vieron obligados a cerrar; el robo con violencia creció, ya que la movilidad ciudadana vino a la baja y el robo a casa habitación disminuyó por el confinamiento, por mencionar algunos ejemplos que contempla el documento. San Luis Potosí fue ubicado por el Observatorio Nacional Ciudadano en la región Norte, que también integran los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En cuanto a esta entidad, se refiere a manera de contexto que el 50.9 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) se conforma por comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes, fabricación de maquinaria y equipo, y construcción. Los sectores estratégicos son las actividades de gobierno, agropecuario, minería, industrias manufactureras, construcción, electricidad, comercio, transporte, información de medios masivos, servicios financieros, inmobiliarios, profesionales, dirección de corporativos y empresas, servicios de apoyo a negocios, servicios educativos, de salud, de esparcimiento y de alojamiento temporal. Todo eso hace al estado atractivo para los delincuentes, principalmente a la capital potosina. El documento expone que la extorsión aumentó su incidencia en el periodo de la contingencia sanitaria y a medida que las actividades económicas se iban reactivando, también se elevó el robo a negocio, principalmente en los municipios colindantes con Zacatecas, donde en días recientes hubo dos masacres con un total de 19 víctimas. Por su parte, el robo a transportista -en comparación a 2019- tuvo una notable tendencia a la baja, pero según las encuestas realizadas, se espera que esto aumente conforme la movilidad carretera y urbana se reactive, especialmente en aquellas vías de comunicación con estas entidades vecinas. DESAPARICIONES Y ROBOS A CASA Un delito preocupante, señalado por el Observatorio Nacional Ciudadano, es el de la desaparición de personas, principalmente jóvenes. Señala que San Luis Potosí y Chihuahua, son los estados que más reportes acumulan y según las investigaciones oficiales, el objetivo es integrarlos de manera forzada al crimen organizado. En esta zona del país el robo a transeúnte y a casa habitación, casi llegó a su punto más bajo en los últimos años debido a las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud para el confinamiento obligatorio, pero conforme se reintegraron las personas a sus actividades, volvieron a incrementar, como es notable en robos en fraccionamientos privados de la capital potosina. En lo que respecta al robo a negocio, las principales víctimas han sido las pequeñas y medianas empresas que no pueden costear seguridad privada o un sistema tecnológico de seguridad; mientras que, el robo a ganado y maquinaria, no tuvo modificaciones y se mantuvo como siempre, debido a que estas actividades fueron consideradas como esenciales y continuaron con sus labores. Como dato principal, San Luis Potosí fue afectado por los delitos de extorsión y el robo hormiga, en función de que su economía fue vulnerable ante estos ilícitos. MEDIDAS PREVENTIVAS Según el estudio de Observatorio Nacional Ciudadano, su objetivo no es solamente señalar los delitos en cada estado, sino ofrecer una guía para la ciudadanía y contemple medidas preventivas para que la violencia y la delincuencia sean menores, con base a tres principios: conciencia, responsabilidad y apoyo. Primero, se debe tomar conciencia sobre la importancia de no generar oportunidades para los delincuentes a través de actos cotidianos que ponen a las personas en riesgo; segundo, ser cada uno responsable de su cuidado, estando atento al entorno, a las personas y al lugar, “a partir de ello se pueden tomar decisiones informadas”; y tercero, se debe aprender a pedir ayuda cuando se necesita. El organismo refiere que la prevención del delito es responsabilidad de cada secretaría y corporación de seguridad de las entidades federativas, para mantener la paz. En el caso de San Luis Potosí, indica que sí cuenta con un planteamiento de este tipo, pero no en todos los delitos, solamente en robo a transeúnte y robo de vehículo. SUGERENCIAS PARA MEJORAR Una de las sugerencias es que el poder Legislativo realice modificaciones presupuestarias y aumente los recursos dedicados a la seguridad, al menos un 300 por ciento; evitar el endeudamiento excesivo y los programas emergentes de gasto poco eficientes, vigilar las cuentas públicas, con especial cuidado en las compras y contrataciones de emergencia y revisar la legislación relacionada con delitos en modalidades cibernéticas. Al poder Judicial lo exhorta a aprovechar y/o adaptar la infraestructura tecnológica para agilizar trámites vía remota, implementar programas para evitar o atender los posibles rezagos causados por la emergencia, que complementen las guardias realizadas por el personal administrativo. Para las corporaciones de seguridad sugiere, redoblar los trabajos de inteligencia para detectar posibles cambios en los modus operandi a raíz de la pandemia, y difundir dichos cambios con el personal de patrullaje para que puedan identificar mejor y más rápido los delitos, mantener en óptimas condiciones el equipo de videovigilancia, arcos de seguridad, botones de pánico, sistemas lectores de placas y demás sistemas tecnológicos instalados, profesionalizar y fortalecer el desarrollo policial en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, adaptar y fortalecer los programas de participación ciudadana, comités vecinales, policía de proximidad, policía de barrio, y todo mecanismo que permita captar y atender las inquietudes de grupos sociales, y canalizar su apoyo. Y por último, a la sociedad en general la invita a aprovechar los espacios de diálogo y cooperación con la autoridad, como programas de participación ciudadana, asambleas, comités ciudadanos, reuniones con grupos organizados, entre otros, además de utilizar estos espacios para fomentar la denuncia del delito y compartir información con la autoridad.