Denuncian permisos falsos para mototaxis en el Soconusco

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis-. 14 de mayo 2026.-La circulación de mototaxis con presuntos permisos irregulares ha vuelto a poner en el ojo del huracán a la delegación regional de Movilidad y Transporte en el Soconusco. Concesionarios de Tapachula y Cacahoátán presentaron acusaciones formales contra exfuncionarios y servidores públicos, a quienes señalan por validar documentos apócrifos que habilitaron nuevas unidades sin sustento legal.

De acuerdo con la denuncia, los señalados son Miguel Agustín Galdámez Culebro, exdelegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y Rolfi Caballero Pérez, actual empleado de la dependencia estatal. Representantes del transporte concesionado aseguraron que ambos habrían cobrado hasta 40 mil pesos por cada expediente para tramitar constancias usadas como requisito en la obtención de permisos.

Los transportistas sostuvieron que varias unidades comenzaron a operar en Cacahoátán pese a que, desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas en 2020, no se habían autorizado nuevos permisos de mototaxi en ese municipio. Esta situación, advirtieron, debilitó el control institucional y favoreció esquemas de soborno dentro del sector.

Datos oficiales indican que el estado supera las 45 mil concesiones activas entre taxis, colectivos y transporte público, mientras que Tapachula registra una de las mayores demandas de movilidad del sur del país. A ello se suman operativos recientes que detectaron decenas de unidades irregulares en municipios fronterizos del Soconusco.

Los transportistas también señalaron que los documentos promovidos por ambos funcionarios podrían carecer de validez jurídica debido a posibles inconsistencias en fechas, certificaciones y antecedentes de operación de las unidades. Registros estatales refieren que en los últimos años han aumentado las denuncias relacionadas con transporte irregular y expedición indebida de permisos, problemática que ha generado pérdidas económicas para concesionarios establecidos y conflictos entre grupos del sector.

Ante este panorama, los concesionarios exigen la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como del Ministerio Público, instancias ante las que buscarán presentar denuncias formales para que se investigue la presunta venta de permisos irregulares. Datos oficiales estiman que más del 30 por ciento del transporte que opera en algunas zonas urbanas de la comarca presenta algún tipo de irregularidad administrativa, situación que, para líderes transportistas, evidencia un debilitamiento del control institucional y la persistencia de corrupción en el sector movilidad.