Incurrió gobierno de Ulises Ruiz en crímenes de lesa humanidad en 2006

OAXACA, Oaxaca., 29 de febrero de 2016.- La Comisión de la Verdad determinó que el gobierno de Ulises Ruiz incurrió en desapariciones forzadas, tortura y crímenes de lesa humanidad en los años 2006 y 2007 contra activistas y participantes del movimiento político social.

Asimismo, criticó al gobierno actual de Gabino Cué, al que calificó de insuficiente y omiso en castigar a los responsables de esos hechos.

Al dar a conocer su informe denominado «Ya sabemos, no más impunidad», este organismo hizo una serie de recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, para que cesen a funcionarios actuales que participaron en la violación de los derechos humanos.

Esta comisión, que operó con poco más de 18 millones de pesos de septiembre de 2014 a febrero de 2016, recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social que retomen las indagatorias en contra de Ruiz Ortiz, así como del ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, Lizbeth Caña Cadeza, José Manuel Vera Salinas, y Manuel Moreno Rivas, entre otros que estaban a cargo de las actividades de seguridad y procuración de justicia.

También, pidió a la PGR revisar las demandas penales en contra de las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa por su responsabilidad, así como que se finquen responsabilidades contra mandos de seguridad federal por su incursión en las agresiones.

Al respecto de Vicente Fox, la Comisión de la Verdad señaló que el ex presidente de la República justificó la entrada de la fuerza federal en 2016 por la presión que le ejerció Calderón Hinojosa, con lo cual rompió el síndrome del 68, por el que ningún Presidente ordenaba la incursión de fuerzas federales para evitar un hecho como Tlatelolco.

La Comisión de la Verdad aseguró que detectaron al menos 9 fosas clandestinas en casas de los mandos policíacos.

Asimismo, recomendó que el Congreso del Estado, y la Secretaría de la Contraloría, inicie procedimientos administrativos para cesar a funcionarios vinculados con los hechos de esos años, entre ellos el actual Fiscal General.

A casi diez años de los hechos, señaló que el entonces gobierno empleó técnicas de contrainformación, como lo fue el portal electrónico www. oaxacaenpaz.com y la llamada Radio Ciudadana, empleándose estrategias de persecución y hostigamiento contra periodistas independientes y dirigentes del movimiento social.

A la operación de ese medio señaló de responsable al ex secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña y al entonces secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, que presumiblemente utilizaron recursos públicos para esa operación.

Asimismo, dijeron que al menos 9 homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado, «ya que responde a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción de varios de los casos; selección de persona, seguimiento, vigilancia y ejecución».

También pidieron a la Sección 22 del SNTE, así como al IEEPO, transparentar el uso de un fideicomiso para víctimas, pues en algunos casos no fueron beneficiados los afectados y en 4 supuestos fallecidos, no existen comprobantes, ni documentos que lo acrediten.

La Comisión pidió la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al ex gobernador Ulises Ruiz; solamente atendieron el llamado el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada y el ex secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva.

En sus anexos incluyeron los nombres de 373 víctimas, además, la Comisión de la Verdad tomó el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016.

Este grupo de trabajo estuvo integrado por el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la activista en derechos humanos, Marina Jiménez y el periodista Diego Osorno.

Presentarán su informe ante los Tres Poderes y pedirán a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar seguimiento a los casos, aunque este documento no tenga carácter vinculatorio.