TAPACHULA, Chis.,  a 26 de octubre de 2018.- Con base en la atención de denuncias ciudadanas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), frustran delitos contra la salud y robo en dos regiones del estado.

 La primera denuncia que se realizó al número de emergencia 911, lo que permitió alertar a los cuerpos de seguridad de la Policía Estatal Preventiva y Municipal de Cintalapa, trasladarse a la colonia Centro, lugar en donde se registró un robo a inmueble.

 En el lugar, los agentes sorprendieron a Felipe “N” de 48 años y Elena “N” de 26 años de edad, con aparatos electrónicos de audio, además de una pistola hechiza, tipo escuadra calibre 22 milímetros.

 Asimismo, otro grupo de uniformados adscritos al municipio de Tapachula, fortalecieron la vigilancia del lado suroriente del municipio, debido denuncias sobre la venta de drogas de menudeo.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, dieron alcance a dos personas del sexo masculino, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.

En consecuencia, les practicaron una inspección de personas de acuerdo con el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asegurándoles a Iván Alejandro “N” de 29 años y José Jeovani “N” de 33 años, diversos envoltorios con hierba verde y seca al parecer marihuana.

Cabe destacar, que dichas personas al parecer coinciden con las características de denuncias sobre personas dedicadas al robo de autopartes.

La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de imputados, se encuentran bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.

 Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marca el protocolo nacional de actuación de primer respondiente.

 Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.