Reforma al PJ, un riesgo de pérdida de independencia de juzgadores

MORELIA, Mich., 19 de agosto de 2024.- La implementación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en los términos en que ha sido difundida entre la población, podría conllevar un riesgo de colapso, de control y de pérdida de independencia de los juzgadores, advirtieron especialistas en derecho participantes en el foro Diálogos desde la Academia.

Retos y Perspectivas en torno a la Reforma del Poder Judicial de México.

Congregados este lunes en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), profesores y juzgadores expusieron no solo puntos probables de riesgo, sino también aspectos favorables en materia de derechos sociales y acceso a la justicia.

Miguel Ángeles Hernández, profesor adscrito a la Facultad de Derecho, indicó que «el tema no es la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino las implicaciones que podrían tenerse y si con este mecanismo se lograría la legitimidad de estos».

Tras indicar que, tomando en cuenta sólo a los ministros, aunque la iniciativa prevé también magistrados y jueces, indicó que en el mismo supuesto se encontrarían los secretarios de estado, elegidos por quien arribara al Poder Ejecutivo federal por voto ciudadano, y ello no sucede.

Agregó que se prevé la renovación total, «de un día para otro», lo que podría llevar a un colapso en el desarrollo de la función jurisdiccional.

Y es que «la elección popular no es la forma óptima de elegir a los juzgadores, porque ellos no representan el interés de la población», indicó Francisco Ramos Quiroz, académico.

Más aún, cuestionó la intervención del Poder Ejecutivo federal en la selección de los postulantes a juzgadores, lo que no se observa en el caso de Bolivia, que cuenta con la elección popular de los juzgadores. E

sto, debido a que, si bien la iniciativa establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propondrán a tercios a los postulantes, en los hechos la existencia de un partido hegemónico no admitiría la igualdad de oportunidad para ellos.

Francisco Ramos lamentó que la propuesta carezca de denuncias diagnósticas de la situación del Poder Judicial, y uno de los pocos elementos de soporte, el informe de la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010 sobre el riesgo para la independencia judicial, se contrasta con un segundo informe de la misma instancia y en el mismo sentido, pero sobre la reforma.

Por su parte, José Padilla, también especialista en derecho, refirió que la puesta en marcha de un tribunal de disciplina judicial implicaría la posibilidad de control, al poner «mucha presión», y comprometer la independencia y la autonomía de los juzgadores.

Asimismo, Rafael Sepúlveda, maestro en Derecho, indicó que la reforma no tendría que centrarse en la creación de órganos.

En contraste, el juez Víctor Barragán Benítez refirió que la elección popular de los juzgadores llevaría a que no todos los interesados en acceder a estos puestos sean eruditos, amigos o simpatizantes de quienes ocupan posiciones de poder.

Expresó que la pertenencia a una suerte de un «club de amigos» limita la apertura a los ciudadanos en general.

«El debate no es si los expertos ocupan estas posiciones, sino tener una mayor apertura a los ciudadanos», expresó.