Exigen justicia por 21 feminicidios impunes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de junio 2026— La impunidad se ha convertido en la sombra que persigue a las familias de las víctimas de feminicidio en Chiapas. Con 21 asesinatos de mujeres registrados en lo que va del año, la Fundación Karla Velasco ha destapado una herida que el sistema judicial no solo ignora, sino que profundiza: en ninguno de los casos hay un responsable vinculado a proceso.

El grito de alerta lo encabeza Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la organización y madre de Karla Yesenia, joven de 21 años asesinada en 2018 sin que su caso haya recibido justicia plena. “En el tema de justicia se habla de acercar oficinas, pero no se aplica la ley, no hay personal capacitado ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial, y menos se juzga con perspectiva de género”, denunció en entrevista.

La cifra de 21 feminicidios en el primer semestre coincide con el registro de la Colectiva 50+1 Chiapas, que recientemente condenó el homicidio de Marlyn, una mujer de 45 años hallada sin vida en el cerro Mactumatzá, en Ocozocoautla. La colectiva subrayó que estos números “evidencian la urgencia de fortalecer la prevención, protección y acceso a la justicia”. Pero el diagnóstico es más crudo: la falla no es solo de números, sino de estructura.

Velasco Nájera fue tajante: “Este año van 21 casos y en ninguno se ha vinculado a proceso”. Según su testimonio, el colapso comienza en el Ministerio Público, donde las carpetas se integran con deficiencias, sin resguardo de evidencias y con omisiones que frenan cualquier avance judicial. “Queremos gente con ética, con conocimiento, que arme bien la carpeta para que cuando llegue al juzgado no tiren el caso”, exigió.

La fundación ha señalado que incluso las reformas al Código Penal, que elevaron hasta 100 años la pena para feminicidas, han sido letra muerta. “No conozco un solo caso en el que se haya aplicado”, afirmó Velasco, al recordar que la pena máxima impuesta ha sido de 65 años. La corrupción, la negligencia y la falta de personal especializado son, dice, los pilares de un sistema que revictimiza a quienes buscan verdad.

El caso de Karla Yesenia es un espejo de esta podredumbre. Hallada muerta en Tuxtla Gutiérrez en julio de 2018 con huellas de violencia, su proceso se ha enredado en malas prácticas y burocracia. La familia denunció que la necropsia fue hecha de manera deficiente para no inculpar a dos mujeres que quedaron libres. “Hay que depurar a gente inepta, corrupta y coludida”, sentenció.

Pero la denuncia más escalofriante apunta a una jueza. “Traemos ahí una jueza que gracias a ella se aceleró la muerte de una de nuestras compañeras, nuestra querida Esperanza, que luchó por el asesinato de su hija y no actuó con justicia en las audiencias”, reveló Velasco Nájera. La desconfianza en el Poder Judicial es total: las familias han recurrido a caravanas, mítines y hasta rifas para costear sus gastos, mientras las autoridades miran hacia otro lado.

Las organizaciones civiles y las familias exigen una revisión profunda de la Alerta de Violencia de Género y un freno a la negligencia. “Cada nuevo feminicidio confirma que las acciones emprendidas no protegen la vida de las mujeres”, señaló la Colectiva 50+1.

Maricruz Velasco fue concluyente: “No hay una buena justicia, hay jueces malos y corruptos”. La Fundación Karla Velasco seguirá alzando la voz, pero el mensaje es claro: en Chiapas, el sistema no solo falla, cómplice.