CANCÚN, QRoo, 14 de agosto de 2019.- Por lo menos 30 por ciento de los empresarios en México y de los ciudadanos estarían en riesgo de ir a la cárcel y de perder sus bienes.

Lo anterior luego de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional del Código Nacional de Procedimientos Penales del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal referente a empresas fantasmas.

Especialistas, entre ellos, Cindy López de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco- Servytur), manifestó su preocupación, ya que detalló que la ley deja en una situación de vulnerabilidad e indefensión a cualquier empresario o “ciudadano de a pie”, el cual por no hacer una declaración en tiempo o porque su contador no compruebe fehacientemente el origen de las facturas, podría ser acusado de defraudador por el SAT e irse de forma directa a la cárcel mientras dure el juicio, además de perder su patrimonio.

Si en el caso, según la nueva Ley de Extinción de Dominio, se comprueba que era inocente, el Estado pagará lo que costó la venta de su bien, menos costos administrativos, pero no recuperará su bien.

La especialista enfatizó que actualmente se propone que la defraudación fiscal se incluya se forma directa a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y hacer un régimen de excepción, que es mandar a prisión preventiva al presunto defraudador por ser considerado un potencial delincuente antes que ciudadano.

En ese contexto, indicó que un defraudador fiscal podría ser cualquier ciudadano o empresario que, confíe en un tercero para la realización de su contabilidad, si la misma no se lleva de forma correcta o simplemente no se presenta en tiempo y forma.

Estimó que en el país 30 por ciento de las empresas confían en un tercero, llámese contador o despacho contable, la declaración de sus impuestos y si por algún motivo se hace uso de alguna factura que es sospechosa para el SAT, en automático se consideraría un defraudador fiscal.

La especialista explicó que con las reformas que pretenden aprobar se permitirá la prisión preventiva oficiosa además de ser considerado un delincuente de alta peligrosidad con el mismo trato que a un terrorista.

“Es gravísimo equiparar conductas de carácter económico con la conducta, por ejemplo, de un terrorista y violentando garantías individuales”, alertó.

Lamentó además que el Poder Ejecutivo esté inmiscuido en la toma de decisiones del Poder Legislativo y peor aún en el Poder Judicial, ya que el contrapeso de poderes no va a existir.

Finalmente, señaló que aplicar un régimen de excepción no es malo siempre y cuando no haya corrupción ni impunidad, situaciones que se siguen dando en México.

La experta dejó entrever que este sistema coercitivo y no garantista lejos de fomentar inversiones las ahuyenta