Denuncian agresiones contra taxistas en Chanal; exigen Cero Impunidad

Por Argenis Esquipulas
TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 23 de febrero del 2026— Víctimas y representantes del gremio de taxistas de Chanal denunciaron públicamente una serie de agresiones físicas y amenazas presuntamente cometidas por particulares, señalando directamente a Alfredo Núñez y a otras personas como responsables de los hechos ocurridos el pasado 7 de febrero.

El ciudadano Adán Núñez Gómez relató que fue agredido alrededor de las 19:30 horas cuando salió de su domicilio para realizar una impresión relacionada con una campaña evangelística. De acuerdo con su testimonio, al transitar por la única calle de acceso a su vivienda, fue interceptado por Alfredo Núñez, quien presuntamente abrió la puerta de su vehículo, le lanzó una botella de cerveza y posteriormente lo bajó del automóvil para golpearlo junto con otros familiares.

Según su declaración, las agresiones incluyeron golpes con piedras, fierros y objetos de madera, provocándole lesiones graves, entre ellas afectaciones en la cabeza que, conforme a diagnóstico médico, podrían derivar en consecuencias neurológicas. También señaló que su padre, pastor de la comunidad, se encuentra en estado delicado a causa de las agresiones. Asimismo, manifestó haber recibido amenazas posteriores, lo que ha generado un ambiente de temor para él y su familia.

Por su parte, Alfredo López Hernández, integrante del gremio de taxistas, denunció que durante los hechos también resultaron afectados otros compañeros y varias unidades de transporte, las cuales habrían sido vandalizadas. En su declaración responsabilizó directamente a Marciano Gómez López, identificado como servidor de la nación y representante del transporte en la zona, a quien señaló de presuntamente incitar las agresiones mediante mensajes previos difundidos en grupos de comunicación.

Los manifestantes aseguraron que su movimiento es pacífico y que su única exigencia es justicia, reiterando que no buscan confrontación ni desestabilización social, sino garantías para ejercer su derecho al trabajo. El gremio solicitó la intervención del Gobernador del Estado y de la Fiscalía correspondiente, pidiendo una investigación imparcial, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley bajo el principio de “cero impunidad”.

Finalmente, reiteraron su llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de sus familias y el libre ejercicio de su actividad laboral en la región.