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San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Por su participación en robos a comercios de diferentes giros y cajeros automáticos bancarios, dos personas fueron detenidas, mediante el cumplimiento a un oficio de localización y presentación.
En apoyo a una indagatoria sobre el delito de robo emitido por un Ministerio Público del Fuero Común, elementos de la policía Estatal Preventiva, Mando Único Policial de San Cristóbal y Especializada implementaron acciones operativas para la localización de los presuntos responsables.
De acuerdo a los datos obtenidos mediante trabajos de investigación, sorprendieron a Fabián Enrique Ruiz Solís de 30 años de edad y Enrique Pérez Martínez de 28 años, quienes viajaban a bordo de un vehículo marca Ford, tipo Fiesta color blanco con franjas negras, unidad que coincidía con las características descritas en el oficio de localización.
Por lo que al solicitarles el alto a la unidad para corroborar la información, estos aumentaron la velocidad, iniciando una persecución sobre las calles Prolongación Ignacio Allende y los Pinos.
Ante tal hecho, fueron detenidas ambas personas, quienes al realizarles una revisión al automotor, les fueron asegurados un arma de fuego calibre 38 milímetros, con seis cartuchos útiles, una navaja, una pinza y una cinta canela, con lo que se presume amagaban a su víctimas.
Cabe resaltar, que con su detención se frustró un intento de robo ese mismo día a una lavandería ubicada en la zona donde fueron localizados, además de que datos arrojados en las investigaciones indican que han participado en por lo menos cinco hurtos más a la tienda de rines y llantas “Avante”, Negocio de Vidrios y Aluminios, Gasolinera Las Rosas, empresa de Proteína Animal S.A de C.V y un cajero automático Bancomer.
En consecuencia, fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a Derecho.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma constitucional del 10 de junio de 2011, obliga al Estado a reconocer y hacer efectivas esas garantías fundamentales, acción que esta Secretaría realiza a través de su Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, área que resulta de vital importancia en una institución de seguridad pública y constituye un logro de la actual administración gubernamental.