A 5 años de la masacre, familia LeBarón exige verdadera justicia
San Cristóbal de las Casas, Chis, a 17 de noviembre del 2015.- Se calcula que cada año entre 75 y 100 mil personas abandonan Honduras. Muchas de ellas lo hacen a causa de la violencia y, en su tránsito por México, son víctimas de agresiones a manos de grupos criminales y de graves violaciones a sus derechos humanos, informó La Misión Internacional de Verificación (MIV).
En este contexto, en julio de 2015, se llevó a cabo la Misión Internacional de Verificación (MIV), con el objetivo de comprender las causas de la migración forzada en Honduras y las presuntas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos de la población migrante.
En 2014, el gobierno mexicano redujo su política migratoria a la aplicación del Programa Frontera Sur, lo que ha acelerado las deportaciones sin aumentar la debida protección.
Según datos del Centro de Atención al Migrante Retornado, 24 mil 030 personas fueron deportadas desde México hasta Honduras en el primer semestre de 2015. En el año 2014, Honduras fue la primera nacionalidad por número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México, país que detiene y deporta tres veces más migrantes que Estados Unidos.
La militarización fronteriza y el fuerte control migratorio obligan a que las y los migrantes opten por otras rutas menos conocidas, lo que incrementa los riesgos y sus vulnerabilidades. Los Comités de Familiares de Migrantes tienen documentados más de 400 casos de migrantes desaparecidos a lo largo de la ruta migratoria.
MIV, identificó otra población vinculada a la migración en condiciones de riesgo: las personas defensoras de los derechos humanos de la población migrante. Se tienen documentados 14 casos de defensores de derechos humanos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 47 periodistas asesinados desde el golpe de estado, junio de 2009, hasta 2014, según la organización C-Libre20.
Entre los responsables de las violaciones de derechos humanos de la población migrante, MIV identifica a políticos y autoridades, agentes de migración, funcionarios consulares, miembros de la policía y operadores de justicia por abusos como la revictimización de migrantes víctimas de abusos al vincularlas al crimen organizado, de malos tratos, abusos y de cobro de sobornos para que les dejen continuar su camino, de deportación de migrantes testigos de delitos y violaciones a los derechos humanos de otros migrantes, de mantener detenidas a personas migrantes con amputaciones expuestas sin la adecuada atención médica, incluso de robo y violaciones del derecho de los migrantes al debido proceso.
Como responsables de violencia contra la población migrante, MIV identifica a grupos del crimen organizado, maras y pandillas, coyotes, la delincuencia común y las compañías ferrocarrileras, toda vez que éstos últimos no se responsabilizan de los accidentes y delitos que suceden en los trenes.
La MIV reitera su preocupación por la alarmante situación de violación a derechos humanos que enfrenta la población migrante, en particular la niñez, mujeres, población migrante mutilada en el tránsito, así como también la que enfrentan las y los defensores de derechos humanos de esta población, es decir, los familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta. Asimismo, la MIV hace un llamado al Estado mexicano a implementar medidas de protección urgentes:
Ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de la condición de refugiado, frente a la crisis emergente del pueblo hondureño.
Frenar el Programa Frontera Sur cuyo único fin es asegura la frontera y el país en detrimento de los derechos humanos de las y los migrantes.
En la detención y traslado de la población migrante hondureña retornada a Honduras, se debe garantizar que su traslado y repatriación sean en condiciones dignas y seguras.
Que las mujeres embarazadas y la infancia sean retornadas por vía aérea en condiciones adecuadas y cuenten con servicios básicos para el recorrido.
Implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que afectan a la población migrante hondureña y centroamericana brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado.
Dar seguimiento a la implementación de la Comisión Forense para el acceso a la justicia a víctimas y sus familiares, extendida a lo largo de la ruta migratoria por la Procuraduría General de la República.
Garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos de la población migrante, incluyendo medidas de protección, además de la investigación y sanción a los responsables de la violencia y el reconocimiento y respeto a la labor que realizan.
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) debe proceder conforme a derecho e informar apropiadamente a todas las personas migrantes detenidas en las Estaciones Migratorias sobre su derecho a solicitar asilo.
Las autoridades migratorias mexicanas deben proporcionar información que explique a las y los migrantes que solicitan refugio, que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer este trámite desde las casas del migrante.
En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes.
México tiene una deuda pendiente en protección de los derechos humanos de la población migrante, cabe recordar que en México sucedieron tres hechos trascendentales: la masacre de 49 migrantes en Cadereyta, Querétaro; la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el hallazgo de 193 cuerpos en fosas clandestinas en 2011.
La Misión Internacional de Verificación (MIV) estuvo en Honduras entre los días 13 y 17 julio del año 2015 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras. El informe de la MIV fue presentado en el Consejo de derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos.
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