Quitan beca a 12 mil estudiantes con discapacidad

ZITÁCUARO, Mich., 11 de diciembre de 2023.- Sin un oficio o información de por medio, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez retiró la beca universal a más de 12 mil jóvenes de los 264 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) distribuidos en el país.

Jóvenes que acuden a estos centros de estudios a nivel medio superior informaron que nunca fueron notificados de su baja por los responsables del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

Se enteraron de que estaban fuera del programa al consultar su estatus en la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas, por lo que ya no pudieron retirar en esta ocasión su dinero.

Rosaura Camarena Cervantes, madre de Sergio Mondragón Camarena, estudiante con discapacidad intelectual del CAED-CBTIS 162, ubicado en Zitácuaro, Michoacán, narra que su hijo al querer retirar el dinero de su beca, ya no pudo ingresar a la aplicación, por lo que en este año Sergio solo pudo cobrar tres pagos, a pesar de que ese dinero formaba parte de un presupuesto ya asignado.

Historias como esta se replicaron en todo el país.

Padres y madres de familia de diversos centros de estudios acusaron a la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez de malversar el presupuesto asignado para este año, aplicar medidas discriminatorias contra sus hijos con discapacidad y utilizar falsos argumentos para suspender la beca, luego de que a la comunidad de alumnos de CAED, al querer consultar su estatus, le aparecían diversas leyendas para justificar esta medida: “el becario ha recibido el máximo de 30 pagos”, “suspensión de estudios”, “inconsistencias en la información del becario”, “suspensión derivada de los procesos de actualización”.

Tienen discapacidad, pero también son estudiantes Eduardo Cano, enlace administrativo de CAED, dijo que fue notificado, vía telefónica, de la cancelación de la beca Benito Juárez bajo el argumento de que no hay presupuesto para 2024, que los alumnos reciben ya una pensión por discapacidad y que las becas son solo para el sistema escolarizado.

Asesores que fungen como enlace administrativo con la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez aclararon que una cosa es la beca escolar, creada para fomentar la permanencia y conclusión educativa de los estudiantes y otra el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, diseñado para mejorar el ingreso monetario y eliminar la discriminación.

“Los estudiantes de CAED de todo el país no tienen la culpa de las acciones desarticuladas del gobierno en la creación de un nefasto diseño normativo, programático y presupuestario, que trajo como resultado la cancelación de este programa en perjuicio de miles de jóvenes que tienen discapacidad, pero que también son estudiantes”, señaló Cano.

“Las mamás CAED de todo el país pedimos de todo corazón que les regresen la beca a nuestros hijos, ellos no tienen más esperanza que su escuela”, pide Deyanire Iniestra, madre de Valeria Vega, también estudiante del CAED-CBTIS 162, en Zitácuaro.

Y agrega: “la beca Benito Juárez llegó en un gran momento como apoyo económico para solventar muchos de los gastos ligados con la discapacidad de nuestros hijos, porque no todos tienen una pensión por discapacidad.

“Por su condición, mi hija tiene que viajar en taxi todos los días para llegar a la escuela y el regreso es igual, el gasto se duplica porque tengo que solventar el costo del transporte para ir a dejarla, regresar y luego ir por ella a la escuela y volver a regresar.

Es una total ingratitud lo que este gobierno le hace a nuestros hijos, muchos dejarán de asistir porque los recursos no alcanzan para ir a la escuela”, asegura Deyanire Iniestra.

En tanto, Rosaura Camarena comenta que a su hijo Sergio hay que llevarlo a terapias con los especialistas y eso implica viajar mínimo dos veces a la semana de Zitácuaro a Morelia, porque “allá están los hospitales con especialidad; hay que comprar el medicamento, que es caro, y pagar el transporte hasta Morelia.

El dinero de su beca me ayudaba mucho para solventar todos esos gastos, ahora no sé cómo le voy a hacer, porque son atenciones que deben darse de manera continua con médicos especialistas; la discapacidad no es una enfermedad que se cura y se quita con el tiempo”.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de la población en el país –poco más de 126 millones–, 4.9 por ciento presenta discapacidad.

De ellos, 13.8 por ciento tiene 19 años o menos, la deserción escolar a nivel medio superior es la más alta de la educación obligatoria.

En el ciclo escolar 2020-2021, sólo 30.7 por ciento del total de la población con discapacidad tenían terminada la educación media superior.

Sabina Borja, madre de una joven estudiante del CAED-Cetis 4, en la Ciudad de México, exige a la Coordinación Nacional de Becas transparencia en la rendición de cuentas y que explique detalladamente el destino que tuvieron los apoyos no cobrados.

“Hay alumnos que no pudieron cobrar su beca por diversas situaciones, como en el caso de mi hija. Ella fue víctima del delito de usurpación de identidad.

Con la ineficiencia para brindar citas transcurrió el tiempo y finalmente, cuando hubo la posibilidad de abrir una investigación, ella fue dada de baja del programa.

Mi hija no pudo retirar ni un solo peso de su beca”, detalla Sabina Borja.

Asegura que las personas con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables y vulnerados en sus derechos, de la misma forma en que son uno de los grupos más olvidados.

Señala que a pesar de que los estudiantes de CAED cumplen con los criterios para recibir apoyos económicos, enfrentan situaciones que implican gastos y desafíos mayores que un estudiante promedio.

Entonces: ¿dónde queda el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades?, cuestionaron padres y madres de familia de jóvenes que estudian en los diversos subsistemas del bachillerato en Oaxaca, Baja California, Colima, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Y advirtieron que el siguiente paso será luchar para que sus hijos no se queden en la vulnerabilidad por la falta de pericia gubernamental.