Suprimen publicidad oficial a más de 140 medios en Oaxaca

OAXACA, Oax., 12 de febrero de 2019.- El Congreso de Oaxaca suprimió de un plumazo la contratación de publicidad oficial a más de 140 medios, entre locales y de la Ciudad de México. En diciembre pasado, durante la aprobación del presupuesto, los legisladores determinaron un recorte de 40 millones de pesos al presupuesto del Ejecutivo estatal. La propuesta de recorte a comunicación social impactará directamente en la supresión de contratos por servicios de publicidad oficial en 2019. La medida, violatoria a los principios de libertad de expresión y otras disposiciones internacionales, fue tomada por los diputados de Oaxaca de todas las fracciones. Los diputados de Oaxaca, con la aprobación del séptimo transitorio en el decreto 15 de la 64 Legislatura, están violando el apartado 3 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual considera: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones…” De igual forma, el apartado 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), considera que la censura directa e indirecta “deben estar expresamente prohibidos por la ley” porque “son incompatibles con la libertad de expresión”: “13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.” En 2012, la CIDH dio a conocer el documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, en la cual presentó los principios que deben regular la publicidad oficial con el fin de evitar su uso como mecanismo de censura indirecta. “La distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión”, indica el documento. La Organización de los Estados Americanos (OAS) en el informe realizado en conjunto con la CIDH, “Violaciones indirectas de la libertad de expresión: Asignación discriminatoria de la publicidad oficial”, indicó: “La obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. Aunque la jurisprudencia en esta esfera es escasa dentro del sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ofrece un marco legal contra esas violaciones indirectas, al establecer que la asignación discriminatoria de publicidad estatal, con base en la información crítica de una publicación o una radio, es violatoria del derecho a la libre expresión garantizado por la Convención”.

Oaxaca y la comunicación social Oaxaca es una de las entidades con menor presupuesto para comunicación social, recursos que son destinados para campañas de difusión turística, disminución de la violencia contra las mujeres y otras de carácter cultural para posicionar la entidad. En la ignorancia de los legisladores, suponen que el presupuesto es para la difusión de la imagen personal del ejecutivo, lo cual está debidamente prohibido en la Constitución. La supresión del recurso para publicidad oficial en medios acentuará el recorte de personal, la disminución de la cobertura e incluso, el cierre de algunos medios de comunicación. Aunque algunos especialistas han sugerido que la publicidad oficial debe desaparecer, el servicio de los medios de comunicación está sustentado en disposiciones que velan por el respeto a los derechos de libre expresión.