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TAPACHULA, Chiapas, a 14 de enero de 2015.-Juan Guardado Rodríguez, un activista de derechos humanos presunta víctima de desplazamiento forzada por hostigamiento del crimen organizado y policías de los tres órdenes de gobierno en Tijuana, se declaró en huelga de hambre en la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de esta ciudad, para exigir al presidente Enrique Peña Nieto cumpla con la promesa de ayuda económica.
El hombre, acompañado de su esposa y sus tres menores hijos, explicó que tras vivir 28 años en Estados Unidos, donde emigró en busca de mejores condiciones de vida, a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio, logró juntar un capital que decidió invertir en cuatro negocios en la ciudad de Tijuana.
Abundó que los restaurantes, centros botaneros y bares eran negocios exitosos que le permitían ayudar a menores en situación de calle, instituciones como bomberos, entre otras asociaciones altruistas, sin embargo, en el año 2007, supuestamente, policías municipales, estatales y federales empezaron a extorsionarlo para dejarlo trabajar.
“Empezaron a levantarme infracciones sin haberlas cometido, me quitaban el carro y lo llevaban al corralón, era la forma de presionarme para que les diera dinero”, señaló Guardado Rodríguez.
Indicó que cansado de esos hostigamientos, decidió no viajar en su vehículo y guardarlo, sin embargo, empezaron los “levantones” para amenazarlo que lo entregarían al crimen organizado sino pagaba la cuota por dejarlo trabajar.
Refirió que como hizo caso omiso a las amenazas, los policías de los tres órdenes de gobierno empezaron a hostigar a los clientes y turistas, a quienes levantaban al salir de los negocios, además de que lo amenazaban con detenerlo y acusarlo de ser traficante de persona, relata el hombre.
Refirió que esa misma situación padecían 180 empresarios de la calle Revolución, quienes junto con él, en el año 2010 se vieron obligados a cerrar sus establecimientos ya que los clientes por temor a que algo les sucediera dejaron de llegar.
Refirió que aunado a ello, la violencia generada por el crimen organizado lo obligó a emigrar con su familia al municipio de Motozintla, donde no ha podido conseguir empleo para mantener a su familia.
Guardado Rodríguez, aseveró que lo único que pide al gobierno de Peña Nieto es un préstamo que no le genere intereses, para un negocio que le permita mantener dignamente a sus tres menores hijos.