Eduardo Ramírez da a conocer a nuevos integrantes de su Gabinete
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas, a 12 de Noviembre del 2015.- Tras el conflicto armado que se registró los primeros días del mes de enero del año de 1994, en varios municipios del estado de Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, donde fueron asesinados 3 personas por el ejército mexicano el 7 de enero, Severiano Sántiz López, Sebastián Sántiz López y Hermelindo Sántiz Gómez y que los cuerpos fueron encontrados 4 días después el 11 de enero de 1994 cerca del ejido Morelia municipio de Altamirano Chiapas, para cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes el gobierno federal daría una disculpa pública a familiares de los indígenas asesinados.
Esta acción forma parte de la aceptación del Estado mexicano, a la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo, derivada del caso 11.411,
De acuerdo al expediente que la CIDH inició, documentó y sirvió como base para hacer una recomendación al Estado mexicano, los hechos ocurrieron el 7 de enero de 1994, el marco del levantamiento armado del EZLN, ese día efectivos del Ejército mexicano irrumpieron violentamente en la comunidad indígena de Morelia, Municipio de Altamirano, Chiapas.
Según en un comunicado, fechado del 14 de febrero del 2014, afirmó la comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional, que los uniformados entraron a las viviendas y sacaron a los hombres, a quienes reunieron en la cancha de básquetbol, luego de someterlos y golpearlos, un capitán del ejército mexicano sacó una lista y leyó los nombres de Severiano de 60 años, Hermelindo de 65 años y a Sebastián de 45 años de edad, en el mismo comunicado narra, que al ser identificados, militares los separaron del grupo y los llevaron a la Sacristía de la Iglesia, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar, y cuatro días después, el día 11 de febrero de 1994, los cuerpos de los tres indígenas fueron encontrados en el camino que une Altamirano con el ejido Morelia.
Organizaciones no gubernamentales llevaron el caso ante la CIDH, quien el 18 de febrero de 1998, determinó la publicación de un informe de responsabilidad contra el Estado mexicano (Informe 48/97), que en este informe se le responsabiliza de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cuál México es parte de este organismo.
La CIDH, solicitó al gobierno federal, reparar las consecuencias de la violación de los derechos enunciados, incluida una indemnización adecuada a los familiares de Severiano Sántiz, Sebastián Sántiz y Hermelindo Sántiz López.