Estado mexicano sin garantizar derechos de desplazados: Ku’untik

A las personas de los medios de comunicación.

A la opinión pública en general.

El pasado día 21 de julio nos reunimos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas representantes de personas que nos encontramos en situación de desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas.

Nos reunimos en el campamento temporal de desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó, representantes de personas de las comunidades de Shulvó del municipio de Zinacantán, de las comunidades Tenango y Cintalapa del municipio de Ocosingo, representantes de personas desplazadas del municipio de Huixtla, así como del propio Ejido Puebla del municipio de Chenalhó. De tal manera que estuvimos reunidos personas desplazadas de cinco lugares de cuatro municipios distintos, del estado de Chiapas.

Del intercambio de experiencias concluimos que nuestra situación de desplazamiento coincide, en varias circunstancias. Por ejemplo en los casos de Tenango, Cintalapa, Shulvó y Ejido Puebla coincidimos que nuestro desplazamiento fue resultado de una situación de conflicto social, ya que fuimos disidentes en nuestra comunidad del grupo de poder local, y por eso fuimos víctimas de agresiones que finalmente condujeron a nuestro desplazamiento. Situación distinta a lo que sucedió con los desplazados del municipio de Huixtla quienes fueron desplazados por el fenómeno natural del huracán Stan. En todos los casos coincide la omisión por parte del Estado mexicano para prevenir nuestro desplazamiento.

También coincide el hecho de que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación internacional de garantizar nuestros derechos humanos que se traducen en necesidades básicas como el derecho a la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes, el derecho a la alimentación, a una vida digna, y un trabajo digo, así como la salud. Esta es una situación en la que coincidimos los cinco grupos ya que si bien es cierto en algunos de los casos el gobierno del estado ha cubierto algunas de las necesidades básicas no lo ha hecho de manera suficiente y esto ha puesto en riesgo nuestra integridad física y psicológica, e incluso nuestra vida.

En el caso del Ejido Puebla municipio de Chenalhó somos 254 personas indígenas tzotziles, entre ellas 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños y 48 niñas, y 4 recién nacidos. Fuimos desplazados por no querer votar por el Partido Verde Ecologista y por haber sido disidentes del gobierno de la presidenta municipal de dicho municipio Rosa Pérez Pérez. Esto llevó a que fuéramos perseguidos por el grupo armado que opera en el municipio y que opera en la lógica de imponer al partido verde en Chenalhó.

Comunidad de Tenango municipio de Ocosingo: somos un total de 71 personas indígenas tzeltales, 32 menores de 14 años, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. Estamos desplazados desde 23 de enero 2015 por ser Adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Comunidad de Cintalapa municipio de Ocosingo: Somos un total de 10 familias, 36 personas, todas indígenas tzeltales, de las cuales somos 11 mujeres adultas, 1 mujer adulta mayor y 4 niñas, 9 hombres adultos, 1 hombre adulto mayor, 7 hombres adolescentes y 3 niños. Desplazados desde marzo de 2009, por ser Adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Comunidad de Shulvó municipio de Zinacantán: un total de 16 personas, todas indígenas tzotziles, 6 hombres, 5 mujeres, un hombre adolescente, una mujer adolescente, dos niñas y un bebe. Desplazados desde el 9 de diciembre de 2015, por ser bases de apoyo del EZLN.

Desplazados y desplazadas del municipio de Huixtla: somos un total de 67 personas, 20 hombres, 29 mujeres, 9 niños y 9 niñas. Desplazados a causa del Huracán Stan desde el 5 Octubre de 2005.

Con el apoyo del CDH Ku’untik, los casos de Ejido Puebla Chenalhó, Cintalapa Ocosingo y del municipio de Huixtla han sido presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el caso de Ejido Puebla, la CIDH ya emitió la medida cautelar numero MC-361-17 mediante las resolución 13/2018. Estamos en espera de que dicha organismo internacional de derechos humanos se pronuncie respecto a los casos de Huixtla y Cintalapa. En el caso de Shulvó estamos agotando los recursos internos para estar en posibilidades de acudir a la CIDH, y en el caso de Tenango estamos próximos a presentarles nuestro caso.

Estamos enterados de que hay otras personas igual que nosotros, indígenas y no indígenas que han sido víctimas de desplazamiento y que se encuentran sufriendo fuera de sus comunidades de origen, abandonados por el gobierno. También vemos que las condiciones no cambian y que no se hace nada para prevenir futuros casos de desplazamiento forzado. Así también vemos que luchando por separados no conseguiremos nada, por ello hemos acordado iniciar una lucha conjunta y damos a conocer el día de hoy, que nace una organización que nos une y nos representara como desplazados internos de Chiapas. Hemos decidido denominarle Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas,  y caminar juntos en la lucha por nuestros derechos.  Por este medio también hacemos un llamado a todas las personas que se encuentran en situación de desplazamiento a que se unan a nosotros como desplazados y desplazadas y luchemos juntos por nuestros derechos, derechos a lo que ya se comprometió el Estado mexicano y que está incumpliendo.

Por ahora la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas estará integrada por un total de 444 personas, de las cuales 128 son mujeres y 207 son niñas, niños y adolescentes.

Próximamente anunciaremos las actividades y las acciones de lucha que vamos a desarrollar con el fin de exigir a este gobierno y al que venga, la restitución de nuestros derechos violados y el retorno a nuestras comunidades de origen. Así mismo cómo exigirle también políticas públicas y acciones que en el futuro impidan que volvamos a ser desplazadas o que otras personas sean desplazadas y tengan que sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. Es importante que el gobierno del Estado mexicano sancione con cárcel a quienes ejercen agresiones con el fin de desplazar a la población. También es necesario que exista una ley efectiva para prevenir el desplazamiento forzado. Sabemos que existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, pero también sabemos que esta ley evidentemente no se cumple.

También queremos expresar que hemos solicitado el apoyo y el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Ku’untik y este ha aceptado a nuestra solicitud, por lo que desde hoy caminaremos juntos como Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas con este Centro de Derechos Humanos en la lucha para conseguir la restitución de nuestros derechos violados, el retorno a nuestras comunidades de origen y acciones concretas para que en el futuro se eviten más desplazamientos forzados en el estado de Chiapas.

Atentamente:

Representantes de personas desplazadas del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 24 de julio de 2018