Desplazados por conflicto en Chiapas exigen justicia tras 32 años

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 06 de marzo 2026. — A más de tres décadas del levantamiento armado en Chiapas, productores desplazados de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano continúan en la lucha por la recuperación de su patrimonio y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.

Raimundo Augusto García Álvarez, presidente del consejo de vigilancia de la Sociedad de Productores Desplazados de la Zona de Conflicto, denunció que 442 propiedades —que suman aproximadamente 42 mil hectáreas de zonas altamente productivas— fueron abandonadas tras ser amagados con armas durante el conflicto.

"Nosotros quedamos entre medio, fuimos víctimas de ese levantamiento. No podíamos ingresar, tuvimos que salir porque si no nos mataban. Ahí se quedaron todo nuestro patrimonio y todos nuestros bienes", expresó García Álvarez.

El representante de los desplazados señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la propiedad y el libre trabajo, derechos que —afirmó— les fueron violentados por omisión de las autoridades.

"Desde el año en que fuimos desplazados no nos dispersamos, no nos abandonamos. Empezamos a luchar de manera jurídica para que el Estado responda", indicó.

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de resolución por parte de un tribunal colegiado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara no atraer el expediente, pero instruyera que sea dicho tribunal quien dicte sentencia definitiva.

"Lo que esperamos es que se nos haga justicia, que se nos repare todo lo que hemos perdido. La única manera es la indemnización del Estado", subrayó el líder campesino.

García Álvarez cuestionó por qué otros sectores han sido indemnizados y ellos permanecen en el abandono, en la incertidumbre y sin poder regresar a trabajar tierras que, dijo, requirieron generaciones para volverse productivas.

"Para producir y trabajar se necesita en primer lugar la paz y el respaldo del Estado. Si no se nos garantiza el libre acceso, donde peligran nuestras vidas, no podemos regresar, y menos 32 años después", concluyó.