
Eduardo Ramírez presenta al Gabinete de Seguridad que lo acompañará en su gobierno
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 1 de febrero de 2017.- En cuatro años de la administración que encabeza Manuel Velasco Coello se rebasaron las metas programadas en materia de fiscalización, “un acto sin precedentes, y que nos coloca en primer lugar a nivel nacional en política fiscalizadora”, sostuvo Miguel Agustín López Camacho titular de la Secretaría de la Función Pública, al comparecer ante el Congreso del Estado como parte de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno.
En un comunicado señala que, por esa razón y en cumplimiento al mandato constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el titular de la dependencia presentó el informe del estado que guarda la secretaría a su cargo, ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia: Patricia del Carmen Conde Ruiz, Mariano Alberto Díaz Ochoa, Fidel Álvarez Toledo, María Mayo Mendoza, Isabel Villers Aispuro y Cecilia López Sánchez.
En el acto protocolario y en respuesta a las preguntas expuestas por los representantes populares, López Camacho sostuvo que en la actualidad no es posible concebir que sociedad y gobierno transiten por senderos distintos en busca de objetivos comunes, y por esa razón, “la rectoría del Sistema Anticorrupción está ejercida por la ciudadanía, por la sociedad participativa”.
Al abundar sobre el trabajo que realiza la secretaría a su cargo enfatizó entre los objetivos: Proveer mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad, la modernización y desarrollo de la administración pública como instrumento de control en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas.
Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción ponderó que la actual administración se ha destacado por implementar políticas públicas que fomentan el trabajo coordinado para prevenir, controlar y corregir actos de corrupción entre los tres niveles de gobierno, privilegiando el correcto uso y manejo de los recursos públicos estatales y federales.
En materia de obra pública, López Camacho subrayó que con el objeto de mantener un registro público controlado de las empresas que prestan sus servicios y son contratados por las dependencias, cuenten con la capacidad legal, financiera y técnica para ejecutar la obra con seguridad y durabilidad, esto permite garantizar que la as empresas se les asignen las obras que pueden edificar. Y en ese proceso, durante el 2016, 1 mil 824 empresas recibieron su registro.