Ejidatarios reclaman reforma constitucional sobre Derechos Humanos

Desplazados del Ejido Chigton del Municipio de Ixtapa reclamaron a las autoridades tanto federales y estatales se acelere el proceso para solucionar el conflicto que no les permite regresar a sus tierras luego que fueron desalojados por un grupo armado desde el 2010.

Los inconformes señalaron que las autoridades no cumplen con las leyes pues durante la reforma Constitucional del 2011 sobre Derechos Humanos se establece que se deben cumplir las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite y a pesar que ya se realizó una sobre este caso, las autoridades siguen sin hacer nada al respecto.

Señalaron que el día 26 de Diciembre de 2013 se emitió la recomendación número 84/2013 la cual es a favor de los afectados luego que fueron víctimas de agresión, quema, destrucción de casas y la expulsión de alrededor de 20 familias.

Durante la entrevista se explicó que las autoridades ejidales, posibles causantes del conflicto, ignoraron los citatorios del ayuntamiento y no se han presentado a las reuniones establecidas para el esclarecimiento del problema.

El conflicto inició cuando en el 2010 las autoridades ejidales de Chigtón, decidieron, arbitrariamente, cobrar multas y sanciones a los habitantes que no estuvieran de acuerdo con el bloqueo de carreteras y extorción de los choferes que cruzan la región.

Así mismo se apoderaron de un manantial en propiedad de Agustín de Jesús Pérez Gómez, quien para solucionar el conflicto permitió la explotación del ojo de agua sin embargo, este no terminó y continuaron siendo extorsionados hasta que por la falta del pago fueron desalojados de sus propiedades.

Las autoridades ejidales acordaron también prohibir el acceso a programas sociales para las 20 familias desplazadas bajo una minuta establecida el 23 de Noviembre del 2011 por lo que tuvieron que salir de sus tierras y buscar asilo en otros municipios.

Urgieron a las autoridades hacer cumplir las recomendaciones de la CNDH hacia los funcionarios ejidales para lograr la restitución de las tierras con las garantías de seguridad establecidas o bien, la obtención de nuevas pues hasta el momento se encuentran en condiciones poco dignas para vivir.