Secretaría de Salud y el alarmante parto infantil que sacude a Chiapas”

Tuxtla Gutiérrez Chis., 09 Enero 2026.— La Secretaría de Salud dio a conocer que la niña de 13 años que dio a luz recientemente en el municipio de San Cristóbal de las Casas se encuentra actualmente estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con la dependencia, la menor ingresó por una urgencia obstétrica, la cual fue atendida de manera oportuna en unidades médicas estatales, activándose de inmediato los protocolos de atención integral para emergencias obstétricas. Gracias a la intervención especializada, su estado respiratorio fue estabilizado y, hasta el momento, no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida.

En cuanto al recién nacido, la Secretaría de Salud informó que se trata de un bebé prematuro, de aproximadamente 34 semanas de gestación, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Su condición es delicada debido a su edad gestacional, por lo que recibe atención médica especializada y permanente, con el objetivo de favorecer su evolución.

La dependencia reiteró que el caso ha sido atendido conforme a los protocolos clínicos, normativos y de derechos humanos vigentes, garantizando la confidencialidad y el interés superior de la niñez, y aseguró que se continuará informando de manera responsable conforme exista información médica relevante.

El caso ocurrió en San Cristóbal de las Casas, donde la menor, identificada como Deysi “N”, fue ingresada de emergencia al Hospital de las Culturas tras presentar complicaciones severas durante el parto, lo que obligó a su traslado a terapia intensiva.

Reportes médicos señalaron que el cuerpo de la adolescente no contaba con el desarrollo físico necesario para soportar un alumbramiento, pues presentaba un peso menor a los 40 kilogramos y una estatura cercana a un metro con 20 centímetros. Durante varias horas, su pronóstico fue catalogado como delicado y su vida estuvo en riesgo. El estado de salud del recién nacido también fue reportado como grave en un inicio.

La situación se hizo pública luego de que personal médico solicitara apoyo urgente ante la gravedad del cuadro clínico. En ese contexto, un joven de 17 años acudió al hospital asegurando ser su pareja y esposo, lo que derivó en la intervención de autoridades ministeriales.

Ante la posible comisión de delitos en agravio de una menor de edad, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, confirmó la apertura de una carpeta de investigación. El Ministerio Público inició diversas diligencias para determinar si la adolescente fue víctima de violación, abuso sexual, agresiones físicas o amenazas.

Posteriormente, la Fiscalía informó que tanto la menor como el recién nacido se encontraban estables, luego de presentar complicaciones asociadas a un contagio de sarampión, motivo por el cual fueron trasladados del Hospital de la Mujer al Hospital de las Culturas. No obstante, la investigación permanece abierta y bajo reserva.

Las autoridades de Chiapas señalaron que la madre de 13 años y el padre de 17 cohabitaban con el consentimiento de ambas familias, bajo un acuerdo avalado por autoridades comunitarias y justificado en “usos y costumbres”. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que estos acuerdos no eximen de responsabilidad penal cuando se trata de la protección de niñas, niños y adolescentes.
El origen del caso se ubica en el municipio de San Juan Chamula, en la región indígena de Los Altos de Chiapas, donde persisten prácticas de matrimonio y cohabitación infantil, pese a la prohibición expresa de la ley.

En Chiapas, el matrimonio infantil está tipificado como delito y se castiga con penas de entre 8 y 15 años de prisión. A nivel nacional, el Código Civil Federal establece en su artículo 148 que solo las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio, sin excepciones.

Asimismo, el Código Penal Federal sanciona la cohabitación forzada de menores, con agravantes cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.
El embarazo infantil es considerado, en la mayoría de los casos, una consecuencia de violencia sexual. Por ello, las instituciones de salud están obligadas a dar aviso al Ministerio Público cuando atienden a niñas o adolescentes embarazadas.

Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles. Datos del INEGI indican que en 2025 se registraron 757 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años, principalmente en comunidades indígenas de alta marginación. En 2024, el 20% de los embarazos correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, una cifra que prácticamente no ha variado en la última década.

Especialistas y organizaciones civiles han advertido que esta problemática responde a la falta de educación sexual integral, la pobreza, las desigualdades estructurales y la omisión institucional, particularmente en regiones indígenas.

Nombrar estos casos únicamente como maternidad adolescente, sin contexto, contribuye a su invisibilización. Antes que madres, se trata de niñas cuyos derechos fueron vulnerados, en un entorno donde la violencia ocurre de forma sistemática y la intervención del Estado suele llegar demasiado tarde.