Vacuna de ARNm llega a fase 3 con resultados contra melanoma
En el municipio de Sitalá, habitantes y trabajadores de la Unidad Médica IMSS-Bienestar hicieron pública su inquietud ante el presunto extravío de un equipo de ultrasonido adquirido recientemente mediante recursos del programa La Clínica es Nuestra, cuyo valor ronda los 300 mil pesos.
De acuerdo con relatos de pobladores, el aparato habría sido movilizado a distintas comunidades con autorización de la dirección del centro de salud. No obstante, aseguran que posteriormente no regresó a las instalaciones, situación que detonó inconformidades y derivó en una asamblea comunitaria realizada el pasado 5 de diciembre en el edificio del hospital, antes conocido como CESSA.
Durante la reunión, algunos habitantes señalaron a integrantes del equipo directivo —entre ellos la directora Adriana Esteban Díaz, el jefe de enfermería Fernando Jiménez Alfonzo y el licenciado Gonzalo Nájera Vázquez— como servidores públicos vinculados al resguardo y administración del equipo. La población subrayó que no busca emitir juicios anticipados, sino solicitar una investigación formal que permita esclarecer qué ocurrió.
En ese encuentro también se expusieron otras inconformidades relacionadas con el funcionamiento de la unidad médica, entre ellas presuntas deficiencias en el control de equipamiento y señalamientos sobre un ambiente laboral tenso. Algunos trabajadores mencionaron que prefieren no externar opiniones por temor a repercusiones internas.
La inquietud aumentó luego de que, según la comunidad, la directora habría solicitado recientemente su cambio de adscripción. De manera paralela, se informó que ya existe una denuncia presentada ante el Ministerio Público; sin embargo, los pobladores manifiestan que hasta ahora no han sido informados de avances significativos.
Ante este panorama, el pueblo de Sitalá pidió la intervención de:
Los habitantes exigen que se realice una revisión exhaustiva, se esclarezca el destino del equipo y se garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención médica comunitaria.
La población estableció un plazo para recibir respuestas oficiales y advirtió que, de no existir resultados, podrían recurrir a medidas comunitarias conforme a sus usos y costumbres.