Sanciona EU a red de Los hermanos Bonques, ligada al CJNG
CIUDAD DE MÉXICO. 8 de abril de 2022.- El Parlamento y los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para hacer del USB tipo C el estándar de carga común para los dispositivos electrónicos pequeños para el otoño de 2024.
Los parlamentarios consideraron que tener distintos cargadores para diferentes dispositivos molesta a los consumidores y produce toneladas de residuos electrónicos innecesarios. Para ayudar a alcanzar sus objetivos medioambientales y reducir los costes, la UE acuerda introducir un cargador común, según un comunicado de prensa.
Los dispositivos incluidos
La legislación cubre teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, auriculares, consolas de videojuegos portátiles, altavoces portátiles, lectores electrónicos, teclados, ratones, auriculares y dispositivos de navegación portátiles. Los portátiles tendrán que adaptarse a los requisitos 40 meses después de la entrada en vigor de la ley.
Adaptación a las nuevas tecnologías
Para mantenerse al día con las nuevas tecnologías, la Comisión puede adaptar el ámbito de aplicación de la directiva, especialmente cuando se trata de soluciones de carga inalámbrica.
No es necesario comprar un dispositivo nuevo con cargador
En virtud de la nueva ley, los consumidores tienen la opción de comprar un nuevo dispositivo con o sin un dispositivo de carga.
El Parlamento pugnó por un cargador común para dispositivos portátiles durante más de 10 años. Aunque algunas empresas introdujeron iniciativas voluntarias que disminuyeron el número de tipos de cargadores, fueron insuficientes para cumplir los objetivos de la UE sobre la reducción de los residuos electrónicos. La Comisión Europea presentó una propuesta sobre el cargador común en septiembre de 2021.
El Parlamento y los países de la UE llegaron a un acuerdo provisional sobre la legislación el 7 de junio de 2022. Después de que la propuesta haya sido aprobada formalmente, lo que se espera que suceda después del verano, los países de la UE tendrán dos años para introducir las normas en las leyes nacionales. No se aplicará a los productos comercializados antes de su entrada en vigor.