Asegura experta: ley laboral de EU no distingue estatus migratorio

QUEENS, Nueva York, EU, 2 de septiembre de 2025.- En Estados Unidos el derecho a un salario justo y a condiciones laborales dignas no distingue estatus migratorio. Así lo explicó la abogada Claudia Bernal, especialista en derecho laboral, quien enfatizó que la ley federal y las regulaciones estatales ofrecen protección a todos los trabajadores, incluyendo a los indocumentados, aunque todavía existen barreras que dificultan el acceso pleno a la justicia laboral.

En medio del debate y las protestas que generalmente se realizan por temas como el salario mínimo y las condiciones laborales en Estados Unidos, la voz de expertos en derecho cobra relevancia para aclarar dudas constantes que rodean a la población migrante.

Pese a los temores y la vulnerabilidad que enfrentan quienes no tienen documentos, la ley establece principios universales que buscan proteger a cualquier persona que trabaje en territorio estadounidense. En una conversación con Quadratín Hispano, la abogada Claudia Bernal enfatizó que el marco legal no discrimina a los trabajadores por su estatus migratorio, sino que garantiza derechos fundamentales como la remuneración justa, la seguridad en el empleo y la igualdad de trato.

Cortesía: Claudia Bernal “La realidad es que no hay distinción legal a la hora de reclamar derechos básicos, cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho a recibir un salario justo, a trabajar en un entorno seguro y a no ser discriminada. La ley lo dice claramente, aunque en la práctica hay limitaciones en algunos beneficios. Pero los derechos fundamentales son universales y alcanzan a toda persona que trabaje en este país” indicó la abogada Bernal.

La experta en el área laboral aseguró que el salario mínimo federal, que permanece en 7.25 dólares por hora desde 2009, contrasta con los salarios fijados por estados y ciudades que han optado por montos superiores debido al aumento en el costo de vida.

En la ciudad  de Nueva York por ejemplo, el pago mínimo es de 16.50 dólares por hora, mientras que en otros lugares, como long island o Westchester, se establece en 15.50 dólares. Este modelo permite aplicar siempre la cifra más alta entre el mínimo federal, estatal o local. “El hecho de que el salario mínimo federal no se haya movido en más de una década es un cuchillo de doble filo; por un lado, hay una necesidad reconocida de ajustar los sueldos, pero, por otro, los empleadores temen el impacto económico.

Lo que vemos es que los trabajadores con ingresos bajos son los más afectados; su poder adquisitivo ha caído y eso alimenta desigualdades profundas”, aseguró la abogada. Además del salario, las leyes federales como la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA y regulaciones estatales garantizan el pago de horas extras, condiciones seguras y protección contra represalias.

La abogada explicó que el temor a ser despedido o deportado hace que muchos indocumentados eviten denunciar sus casos de abusos, maltrato o algún tipo de daño. “Hay un miedo real, una intimidación que juega un papel enorme, los trabajadores indocumentados saben que tienen derechos, pero temen perder el empleo.

En este país, muchos contratos se pueden terminar sin causa y eso deja a la gente en una situación muy vulnerable. Mi invitación a toda persona, sin importar su situación migratoria, es que se informe y sepa que la ley está de su lado, que no hay justificación para un empleador que explota o discrimina.

Este país se construyó con el trabajo de inmigrantes y es hora de que esos trabajadores sepan que tienen respaldo legal y buscar ayuda es un derecho, no un riesgo”, finalizó la abogada Claudia Bernal.

En respuesta, organizaciones comunitarias y centros de trabajadores han fortalecido su presencia, ofreciendo asesoría gratuita, representación legal y acompañamiento a quienes enfrentan acoso o explotación. Estas redes son un recurso crucial para los inmigrantes que desean hacer valer sus derechos sin temor a represalias.