Indicador político/Carlos Ramírez

Acuerdo de Seguridad sin

geopolítica de defensa nacional

Por Carlos Ramírez

El desencuentro mediático entre el anuncio de la DEA de un operativo conjunto y de capacitación de agentes mexicanos y la afirmación contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que no hay ningún acuerdo con la DEA tiene un contexto que está tensando las relaciones bilaterales en dos temas en el aire: el Acuerdo de Seguridad y la geopolítica mexicana de defensa nacional integral en materia de seguridad nacional soberana.

El presidente Trump está enarbolando el tema de su seguridad nacional en la lógica de la hegemonía imperial para imponérselos a todos los países del mundo, pero en el caso de México el asunto va mucho más allá de cursos de capacitación o de programas conjuntos: implica la necesidad de México de replantear su viejo nacionalismo de resistencia interior y pasar a la defensiva por principios integrales –el concepto de defensa nacional geopolítica– que resguarde los intereses nacionales mexicanos en los conflictos de disputas por soberanías.

El boletín informativo del 18 de agosto de la DEA fue cuidadoso para referirse al tema, pero hizo brincar los resortes nacionalistas en Palacio Nacional: la agencia anunció una “importante iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles” y reveló que el programa Portero ya en curso incluyó la capacitación de “investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la Comunidad de Inteligencia estadounidense”.

Estos no son temas menores: iniciativa conjunta y sobre todo la capacitación por parte de los experimentados cuadros de seguridad en tema de narcotráfico en Estados Unidos, mientras que México ha quedado rezagado justamente en la creación de cuerpos especiales de seguridad que vayan más allá del nivel del simple policía antinarcótico.

Y el proyecto de la DEA “reúne las fuerzas del orden, e inteligencia, defensa y Fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que EU pueda desplegar toda su capacidad contra las redes de los cárteles”

En este escenario, el proyecto Portero no es un programa cualquiera sino que significa la gran ofensiva integral de toda la estructura de poder de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos —17 agencias– contra los cárteles mexicanos que operan y controlan estados mexicanos completos y que tienen el control de los grupos clandestinos y criminales de poder en la línea fronteriza entre los dos países, incluyendo, ciertamente, el reconocimiento implícito de que Estados Unidos perdió el control de su seguridad nacional en el la línea fronteriza americana.

El anuncio de la DEA –que quizá cometió el desliz de no consultarlo previamente con el gobierno mexicano o con los funcionarios del Gobierno mexicano que con autorización oficial han participado en operativos conjuntos y han aceptado ir a entrenamiento con sus correspondientes estadounidenses– ha estado precedido ya de actividades conjuntas en México por parte de la DEA, el FBI, Aduanas y Migración, la CIA, fuerzas especiales operativas y las oficinas militares estadounidenses que tienen que ver con este tipo de actividades que involucran lucha de confrontación contra los cárteles criminales ya determinados como terroristas.

Por lo pronto, hace un par de semanas la embajada estadounidense en México felicitó a las autoridades mexicanas que hicieron un operativo en Aguascalientes y oficialmente ahí la representación diplomática dijo que se trató de fuerzas de seguridad mexicanas que habían sido entrenadas por el FBI. Y en una de sus dos declaraciones en la mañanera del martes 19, la presidenta Sheinbaum dijo que el asunto de la participación para capacitación ya funciona con mexicanos en Estados Unidos y es un tema de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana.

El punto que está rigiendo las relaciones México-Estados Unidos a partir del 20 de enero en que Trump tomó posesión es justamente el del Acuerdo de Seguridad que tiene que sustituir al Diálogo de Alto Nivel –en términos simbólicos porque funcionalmente fue un fracaso– con la administración del presidente Joseph Biden y que el concepto de Acuerdo de Seguridad fue utilizado precisamente por Palacio Nacional la víspera del 1 de agosto en que debió de haber comenzado la aplicación de aranceles de castigo contra México, pero que justamente la negociación de un Acuerdo de Seguridad iba a darle garantías a Estados Unidos de que México está entendiéndose con Washington en materia del narcotráfico que en la Casa Blanca se asume y ya como un concepto de terrorismo.

Aunque ha sido señalada en declaraciones durante los gobiernos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, México todavía no alcanza a redefinir su nueva estrategia de seguridad nacional geopolítica como política de defensa nacional en términos de la articulación de política económica-comercio-política exterior-defensa militar-seguridad nacional estratégica en su trato con el vecino del norte.

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