Visión Financiera/Georgina Howard

Ciberseguridad, el pendiente en tecnología 

Por décadas, la estrategia de seguridad pública en México ha estado anclada a lo territorial: más patrullas, más retenes, más operativos. Sin embargo, el crimen ha encontrado un nuevo espacio donde no se necesitan armas ni sicarios. El entorno digital se ha convertido en un espacio fértil para la extorsión, el sabotaje institucional y la desinformación. Aun así, las políticas públicas siguen viendo la ciberseguridad como un asunto secundario, no como una necesidad.

No se trata de advertencias futuras. Los hackeos a sistemas de emergencia como el 911, robo de bases de datos con información de agentes y testigos protegidos, sabotaje a plataformas de videovigilancia e infiltración de redes de comunicación oficiales, son una realidad más cotidiana de lo que se reconoce.

Aunque se han dado los primeros pasos para modernizar la infraestructura tecnológica a nivel nacional, sigue sin existir una estrategia nacional articulada. Muestra de ello, es la falta de presupuesto suficiente para  fortalecer capacidades técnicas en los tres niveles de gobierno.

Esto se traduce en que más del 75% de los municipios del país no cuenta con planes básicos de ciberdefensa, dejando puertas abiertas a ataques que pueden paralizar servicios esenciales. La criminalidad ha aprovechado estos vacíos mejor que nadie. A través de la darknet y redes sociales, operan con impunidad, analizan rutas de patrullas, manipulan información y sabotean desde entornos invisibles.

Al respecto, expertos  como Layla Delgadillo, directora de Silent4Bussines, firma mexicana especializada en ciberseguridad, han insistido en abordar el problema desde una perspectiva integral: proteger sistemas críticos como el 911, evitar filtraciones de datos sensibles, blindar las comunicaciones entre fuerzas del orden, monitorear amenazas digitales y fortalecer la resiliencia ante ataques coordinados. Su propuesta, basada en una “ciberseguridad por capas”, implica también capacitación constante para el personal operativo.

Este modelo incluye el blindaje del Active Directory de dependencias de seguridad y justicia, la protección del DNS, el control de accesos remotos y la integración de sistemas conectados a centros de operaciones de seguridad (SOC) 24/7. Todo esto permite el monitoreo en tiempo real, una capacidad esencial en contextos donde cada minuto puede marcar la diferencia entre una amenaza contenida y un colapso institucional.

El llamado es claro: incluir la ciberseguridad como eje en toda política pública de seguridad o seguir confiando en estrategias del siglo pasado.

*** ¿Qué pasa en el ISSSTE?

En el ISSSTE que dirige Martí Batres las cosas no marchan del todo bien. Muestra de ello es la reciente resolución del Órgano Interno de Control de Luis Antonio García Calderón, que desafía los alcances de su función fiscalizadora y vigilante. 

En lugar de ceñirse a la reposición del fallo para la adjudicación de los servicios de limpieza, concedida inicialmente a Ocram Seyer, el OIC instruyó que se considere solvente la propuesta de una empresa previamente rechazada, sin permitir un nuevo análisis técnico o legal. 

Aún más delicado, condicionó su cumplimiento bajo amenaza de sanción. Esta actuación lo coloca como parte activa de la adjudicación, donde el beneficiario es la firma Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, S.A. de C.V. Este caso, sin duda, amerita una revisión exhaustiva desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro.

*** Ponen orden en Ahome

TOME NOTA *** Quien recuperó su cargo como presidente municipal de Ahome fue Gerardo Vargas. Aunque el Congreso de Sinaloa intentó destituirlo y retirarle el fuero en mayo pasado, un juez federal fue quien tuvo la última palabra. 

La resolución señala que el Poder Legislativo local violó principios constitucionales y el debido proceso. Como toda acción tiene una reacción, al sacar a Vargas Landeros de la jugada, los diputados ocasionaron una crisis jurídica y política en Ahome.

En menos de 48 horas, tres personas distintas fueron nombradas para ocupar el cargo de alcalde provisional. La instrucción del juez es clara: se debe respetar la voluntad del pueblo que eligió a Vargas Landeros como alcalde, de lo contrario, se estaría vulnerando el principio democrático. Con este fallo, las autoridades de Sinaloa enfrentan dos llamados: acatar la Constitución y respetar la soberanía de cada municipio.