Visión Financiera/Georgina Howard

Concesión fallida, rescate público

La Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), dirigida por Ariel Juárez Rodríguez, es una dependencia del Gobierno del Estado de México adscrita a la Secretaría de Movilidad. Su función principal es la administración y conservación de la red de carreteras estatales, incluyendo la gestión de proyectos de infraestructura vial.

Actualmente, la JCEM tiene a su cargo la rehabilitación del Periférico Norte, una vía de comunicación clave en el Valle de México que, durante más de diez años, acumuló baches, drenaje colapsado, alumbrado inservible y un largo etcétera. El deterioro fue producto de la inacción total de la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, a quien se le otorgó la concesión de mantenimiento desde 2011, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, y que se mantendrá vigente hasta 2032.

Hoy, gracias a la intervención del gobierno encabezado por Delfina Gómez y al respaldo de varios municipios, se avanza en una verdadera reconstrucción de los 54 kilómetros que van de Toreo a Tepotzotlán. No se trata de un simple maquillaje, sino de una obra profunda que incluye reencarpetado, renovación del drenaje y más de tres mil luminarias nuevas. Un esfuerzo tardío, sí, pero necesario.

Mención aparte merece el componente social que acompaña esta rehabilitación. A través del programa Camineros del Bienestar, el gobierno estatal ha incorporado a personas de sectores vulnerables en las labores de mantenimiento. 

Hablamos de ex reclusos, madres solteras y jóvenes sin red de apoyo forman hoy parte de los equipos que limpian, bachean y rehabilitan caminos estatales, lo que también representa una apuesta por la reinserción y el empleo comunitario.

En los próximos meses también se intervendrán vialidades como Vía López Portillo, Gustavo Baz, Vía Morelos, Avenida Central, Primero de Mayo y la Vialidad Mexiquense. 

Sin embargo, sigue pendiente una rendición de cuentas real a las empresas privadas cuya inoperancia obligó a usar recursos públicos para enmendar el desastre. Porque concesionar no siempre es sinónimo de eficiencia, y cuando no hay supervisión ni sanción, la factura, en dinero, tiempo y confianza, la terminamos pagando todos.

*** Desacato en Zapopan

El caso de Juan Pablo Magaña Vázquez, director de Ordenamiento Territorial de Zapopan, puede ser uno de tantos casos los cuales justifique la polémica reforma al poder judicial. Y es que cuando un servidor público decide ignorar una sentencia, no solo socava la autoridad de las instituciones, sino que siembra la semilla de la impunidad. 

Magaña Vázquez desobedeció una orden del Tribunal de Justicia Administrativa para otorgar el uso de suelo en un predio, lo que derivó en un proceso por desacato y la emisión de una orden de arresto en su contra. En lugar de cumplir, presentó un amparo indirecto el 23 de junio ante el Juzgado Octavo de Distrito, buscando obstaculizar el cumplimiento del mandato judicial. 

La audiencia, programada para el 8 de agosto ante la jueza Flor Nayelli Carreón García, será determinante para establecer si el fraccionamiento “El Dosel” en el área natural de El Nixticuil se ajusta al marco legal o si prevalece el privilegio político. 

Si se absuelve al funcionario, se corre el riesgo de enviar un mensaje que los mandatos judiciales son eludibles mediante medidas dilatorias. En cambio, si se confirma el desacato, se fortalecerá la confianza en la justicia administrativa y el principio de que nadie está por encima de la ley.

*** Inacción en IMSS-Bienestar

TOME NOTA *** Todo mundo se pregunta en qué momento van a ser atendidos los problemas que aquejan al IMSS-Bienestar, y es que la ausencia de medicamentos, equipos y mantenimiento ya generan cuestionamientos sobre si a Alejandro Svarch le está quedando grande la tarea encomendada. 

El sistema de salud mexicano ya estaba lejos de acercarse a aquellos de primer mundo, sin embargo, en la actualidad el resquebrajo es tal, que ya costó el encargo a María de Jesús Herros, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas hasta últimas fechas, según las voces que corren en el Instituto. 

La inacción no solo se siente entre los usuarios, también entre los proveedores, pues en casos como el de Ocram Seyer piden que les resuelvan el pago por el aseo de las instalaciones en Campeche, Colima, Quintana Roo y Veracruz, donde prestaron el servicio del 1 de febrero al 31 de marzo, sin que a estas alturas del año obtengan respuesta pese a que dicen haber cumplido con la entrega en tiempo y forma de las respectivas facturas. ¿Se pondrán manos a la obra