Réquiem presunción de inocencia

Uno de los muchos equívocos de la presidenta Sheinbaum en su mañanera ocurrió este viernes cuando refirió al caso de Julio César Chávez Jr., en la que dice, palabras más palabras menos, que el hijo del ídolo nacional Chávez Sr. debe regresar al país para cumplir su sentencia. ¿En qué juicio se sentenció al cuestionado mexicano detenido por razones migratorias en EU? ¿es acaso ya un delincuente, sin juicio ni sentencia?, por cierto, su abogado lo declaró desaparecido. El desliz remite al lugar común desde hace siete años, la inocencia o culpabilidad es una decisión discrecional de quien preside al país.

Así sea para cuestionar a un respetable e irrefutable periodista, víctima de un ataque criminal para deslizar la idea de un posible autoatentado; aludir a la irrefutable corrupción de la larga lista de opositores, críticos o periodistas mostrando información personal protegida; asumir como prueba irrefutable de venalidad la decisión adversa de un juez por la inconstitucionalidad del acto de autoridad, y así sucesivamente. La presunción de inocencia dejó de existir en el diccionario del poder. En cuanto a los propios, la inocencia no se presume, se predica y ocurre por razones de afinidad política, trátese de un gobernador o senador afín o converso a partir del miedo y oportunismo; no importa la imputación: violación, abuso sexual, malversación de recursos públicos, lavado de dinero, asociación con el crimen organizado, etc.

El blindaje de pertenencia política exculpa. Es propio cuestionarse sobre el valor de la justicia mexicana para amparar al particular sobre las decisiones arbitrarias del poder, especialmente con un trasfondo o interés político. No hay mucho para especular y lo acontecido en fechas recientes ofrece evidencia sobrada del más severo y generalizado ataque contra la libertad de expresión. Así, por ejemplo, imperdonable que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolviera revertir un criterio que amparaba el derecho del particular para denunciar el abuso de poder.

Con base en una repudiable interpretación de la violación política de género que, afortunadamente estuvo bien con Denisse Dresser hace un año, resultó ahora lo contrario con Karla Estrella, una ciudadana a la que han sancionado en exceso por ejercer la crítica a través de redes sociales. De Mauleón es otro caso más. La salvaguarda de un derecho asociado a la protección de género para contener la violencia política se ha tergiversado y es utilizado no sólo para que prevalezca la impunidad, sino que se intimide, sancione y castigue severamente a quienes en ejercicio de su derecho expresen sobre el desempeño de los políticos del régimen. Como en su momento se utilizó la calumnia o la injuria respecto a periodistas.

A los opositores o críticos se les puede difamar; de hecho, las mismas autoridades lo hacen regularmente; pero los del régimen tienen la piel sensible, como lo muestra Gerardo Fernández Noroña que estableció un precedente de auto denigración en el Senado por la disculpa ganada por la vía de la extorsión con la connivencia de la FGR. Es preciso destacar que una respuesta draconiana tiene el beneficio de inhibir el escrutinio social de la libertad de expresión. Por igual se sanciona a periodistas, particulares y medios de comunicación. Sólo falta que se afirme que México es el país con la mayor libertad del mundo. Para la presidenta Sheinbaum existe presunción de inocencia en caso de las tres instituciones financieras nombradas por el departamento de tesoro norteamericano como lavadoras de dinero. Tiene razón. Ningún particular, empresa o autoridad puede ser imputada sin una sentencia y sin un debido proceso con oportunidad a la defensa.

Seguramente las autoridades norteamericanas tienen indicios, pero si éstos no son valorados por una instancia judicial independiente, que conceda oportunidad al acusado a responder los señalamientos no es aceptable, aún bajo la tesis de que se está combatiendo a los terroristas que se dedican al narcotráfico. El mundo y el país daban por hecho que la civilidad política consideraba la presunción de inocencia columna vertebral del proceso penal. Ciertamente, el terrorismo y el narcotráfico obligaron a revisar las premisas convencionales de combate al crimen y modifican las normas que protegían a los particulares. De la misma manera es aceptable crear nuevas figuras legales para combatir la violencia que impera en materia de género.

El problema surge cuando esos poderes extraordinarios o excepcionales de las autoridades, entre éstos, las medidas preventivas son utilizadas con un criterio político para favorecer al régimen y no al gobernado. La ola autoritaria pasa por encima de valores fundamentales como es la presunción de inocencia. Se entiende la necesidad de fortalecer al Estado para responder a las amenazas que la sociedad y el país hoy día enfrentan, pero nunca será aceptable a costa de los derechos fundamentales de las personas.