Quitar concesiones y callar opositores

Salvo una remota posibilidad, nada es casual en la política de una nación de las dimensiones de la nuestra. Un aparato burocrático robusto impide errores y sorpresas. Al menos eso es lo que se espera. De tal manera que, una iniciativa del Ejecutivo tiene, en teoría, una intencionalidad valorada y una calidad a toda prueba.

Algo similar se espera de las posturas de los funcionarios de primer nivel. Su voz no se puede desvincular del gobierno que representan. Así las cosas, resultan alarmantes las iniciativas en materia de telecomunicaciones y seguridad enviadas a las cámaras y las declaraciones del titular del Fondo de Cultura Económica. En medio del ruido se distingue un punto nodal y de peligro: la supresión de libertades, en particular las relacionadas con la libre empresa, expresión, prensa y acceso a la información.

¿Dónde está la amenaza? Primero, en una serie de leyes que modelan, sin contrapesos, un súper órgano de control y manipulación; segundo, en la actitud de represión y censura que se articula desde el poder. En el primer caso, se ha creado la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, instrumento con rango de secretaría.

El juguetito de Morena, igual cancelará concesiones de radio y televisión, que suspenderá páginas de internet o tendrá participación en tareas de seguridad. Es tanto el poder que se otorga a esa dependencia que puede interpretar leyes, y con su creación se elimina la obligación de consultar con la sociedad el contenido de un buen número de reglamentos y disposiciones.

El paquete de iniciativas incluye dos en materia de seguridad. Son tan regresivas, que, como oposición, los ahora morenistas habrían puesto el grito en el cielo. Al votarse, la autoridad podrá, sin juez de por medio, meterse en la vida privada de todos, acumular la información que desee e incluso coartar la libertad de expresión y prensa.

El segundo caso que preocupa se conforma por una cada vez más nutrida secuencia de agresiones a quienes se atreven a ser opositores o los que por alguna razón, y tal vez sin proponérselo, se vuelven molestos al régimen. Ejemplos hay muchos: el gobernador que amenaza y chantajea con expropiaciones; el funcionario del gabinete ampliado que clama por retirar las concesiones a una televisora; el linchamiento al expresidente que da una opinión; la operación que desmantela a los partidos opositores o la presión que lleva a los medios de comunicación a despedir a comentaristas críticos del régimen.

La urgencia por acabar con la democracia mexicana es evidente y abre camino a la especulación de los motivos que la animan. Hay quien dice que es la vena stalinista de la izquierda que llegó al poder. Otros aseguran que la debacle económica se aproxima y que no les quedará más que agandallarse el poder.

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