Miscelánea, salud y política

¿Hacia dónde va México?

                                 Judith Álamo López

Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia: Theodore Roosevelt

A estas fechas se establece un modus operandi en el discurso presidencial que no cede en avanzar hacia la consolidación de un gobierno autoritario en México, una regresión a la época del priismo salvaje, pero para ello utiliza subterfugios emotivos que buscan ganarse la simpatía de los afectados.

Así, con el pretexto de evitar la transmisión de spots con propaganda degradante por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional de EEUU en contra de los migrantes, la presidente Claudia Sheinbaum sorprende con enviar al senado no un artículo como prometió en su Mañanera del Pueblo, sino la iniciativa de una nueva Ley de Telecomunicaciones para su aprobación fast track en el Congreso.

La iniciativa legal está compuesta por 310 artículos, en los que se establece un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones tras la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los órganos autónomos que el gobierno de la 4T desapareció para hacerse cargo directamente de regular y supervisar las telecomunicaciones, la radiodifusión y, además, las redes sociales.

La mandataria se sorprendió, al menos eso pareció, al conocer el contenido del artículo 109 que concede a la Agencia gubernamental de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tomar la decisión de bloquear y censurar contenidos en redes sociales (como X –antes Twitter–, Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas digitales y sitios web) sin orden judicial. 

¿Será que la presidente desconocía dicho artículo o quizá aprovechando su aprobación del 80% por su presunta «fortaleza para enfrentar los ataques del presidente Donald Trump» –comerciales, migratorios y especialmente contra seis carteles criminales mexicanos declarados «terroristas»–, quiso avanzar en la consolidación del Plan «C» de su amado líder.

Dicho plan enunciado por López Obrador un mes antes de las elecciones de 2024 consistía en garantizar el triunfo de su sucesora y el de la mayoría calificada del bloque morenista (incluidos PT y PVEM) en el Congreso, y así al hacerse de las dos terceras partes de los votos legislativos, se podrían reformar los 20 ordenamientos, la mayoría constitucionales, para concretar el cambio de régimen.

Este Plan «C» avanza, y aunque la presidente Sheinbaum detuvo su aprobación por aparente convicción personal de que la censura en redes sociales es un exceso, también hizo caso a las protestas de organizaciones mediáticas, de la industria nacional de radio y TV, así como defensoras de los derechos humanos y de las libertades de expresión e información, nacionales y extranjeras.

Pero aquí cabe señalar que la forma es fondo y que la intentona de madruguete con la nueva ley de Telecomunicaciones refleja que el segundo piso de la 4T quiere parecerse a las dictaduras socialistas como las de Cuba y Venezuela donde el contenido de los medios y el acceso a redes de los ciudadanos es controlado por el gobierno.

Sin embargo, por iniciativa presidencial, la Junta de Coordinación Política del Senado organizará cinco conversatorios de análisis y propuesta del dictamen por el que se expide la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, a efectuarse del 8 al 22 del próximo mes de mayo.

Aunque muchos consideran que estos conversatorios sólo se realizan para acabar imponiendo la voluntad morenista, como ya ocurrió con la reforma al Poder Judicial, sin duda son oportunidad postrera para dejar asentada la defensa de este sector a ultranza, que pretenden convertir en una agencia subordinada a la Presidencia de la República que desalentará la competencia, las inversiones y será motivo de demandas por incumplimiento de compromisos internacionales.

Los temas que se abordarán en estos foros serán el análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión; la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico; los servicios digitales; el servicio público de radiodifusión y los derechos de los usuarios y audiencias.

Lorenzo Córdova Vianello, como investigador universitario, lamentó que estemos ante la enésima reforma profundamente autoritaria de los gobiernos de la 4T. Explicó que se reformará la Ley de Telecomunicaciones creada 20 años atrás, llamada «Ley Televisa», porque ellos intervinieron en su elaboración y la hicieron favorable para los concesionarios.

Ahora pasaremos a una reforma bajo el escrutinio del Gran Hermano, la reforma de Orwell, que convierte a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en el misterio de la verdad, advirtió y argumentó que desaparecerá el Ifetel que tenía a 1500 trabajadores calificados para atender a los medios, los concesionarios y las telefónicas, ahora hay que añadir las redes sociales. Reprimir es fácil, pero administrar será muy complejo.

Y es que casi nadie de los expertos cree que las propuestas que surjan en los conversatorios para proteger los derechos de usuarios y audiencias, para garantizar las libertades de prensa y el derecho a la información, así como la libre competencia, entre otras, serán incorporadas a la nueva legislación.

Coinciden en opinar que la maquinaria morenista arrasa a la hora de votar, aunque use esquiroles o recurra al acarreo, pero ya ha demostrado que tiene severas fallas para convertirse en una administración competente, con supervisión técnica y científica calificada.

Y aquello de ser un régimen humanista, es sólo fuego de artificio.

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