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CHENALHó, Chis., 27 de marzo de 2025.— La indignación crece en el municipio de Chenalhó, Chiapas, luego de que una familia entera, incluido un menor de apenas tres años, fuera encarcelada en la comunidad de Polhó como parte de un castigo impuesto bajo el argumento de «usos y costumbres». El encierro se dio en el contexto de un conflicto comunitario, aunque hasta el momento las autoridades tradicionales no han explicado con claridad las razones ni la duración del castigo.
Organizaciones de derechos humanos y habitantes de la región han lanzado llamados urgentes para exigir la liberación inmediata de la familia y sanciones contra quienes resulten responsables de esta grave violación a los derechos humanos, especialmente los del menor.
Hasta la mañana de este jueves, la familia seguía privada de su libertad dentro de la cárcel comunitaria de Polhó. Fuentes locales reportan que permanecen sentados en el piso de cemento, sin cobertores para resguardarse del frío extremo que azota la región en esta temporada. Además, se sabe que no han recibido ningún tipo de alimento desde su detención, lo que agrava su estado físico y emocional.
El caso ha generado una ola de indignación, sobre todo por el impacto en el menor de tres años. Testigos han denunciado que el niño, visiblemente afectado, llora constantemente dentro de la cárcel, lo que representa un claro caso de maltrato psicológico.
«Esto no puede justificarse bajo ninguna costumbre ni tradición. Se trata de una flagrante violación a los derechos humanos y a la protección de la infancia», expresó un defensor de derechos humanos que sigue de cerca el caso.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al gobierno de Chiapas y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a intervenir de manera inmediata para garantizar la liberación de la familia y brindar atención urgente al menor.
«Las costumbres no pueden estar por encima de los derechos fundamentales, y menos cuando hay un niño en riesgo. No se puede permitir que las comunidades utilicen estos castigos arbitrarios sin control ni supervisión de la ley», señaló un activista.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. Sin embargo, la presión social sigue en aumento, con la exigencia de que el gobierno intervenga antes de que la situación tenga consecuencias más graves.
El caso ha reabierto el debate sobre la aplicación de los usos y costumbres en comunidades indígenas, especialmente cuando estas prácticas derivan en violaciones a los derechos humanos. En Chiapas, han existido múltiples denuncias sobre la aplicación de castigos comunitarios que atentan contra la dignidad y seguridad de las personas.
Este no es el primer caso en el que una comunidad impone sanciones extremas bajo el amparo de la autonomía indígena. Sin embargo, la presencia de un menor dentro de la cárcel comunitaria ha causado un impacto aún mayor, evidenciando la falta de regulación sobre este tipo de prácticas.
Mientras la familia sigue encarcelada y el menor continúa en condiciones de riesgo, la comunidad nacional e internacional está atenta a la reacción de las autoridades. La pregunta sigue en el aire: ¿se permitirá que esta violación a los derechos humanos quede impune?
Hasta el cierre de esta edición, la familia continúa privada de su libertad en Polhó, en espera de una intervención que garantice su derecho a la justicia.