Itinerario político

¡PODER JUDICIAL MUERTO,

PARA CUBRIR CORRUPTOS!

RICARDO ALEMAN

            Para nadie es nuevo que, los de López Obrador y Claudia Sheinbaum, pasarán a la historia como los gobiernos más corruptos.

            Y es que, a los ojos del mundo aparecen las huellas de las corruptelas sin freno, no sólo de los gabinetes de las dos gestiones federales de Morena, sino de los amigos y familiares, tanto del expresidente, como de la presidenta.

            Corruptelas como el monumental saqueo a Segalmex, que es el mayor robo de dinero público de la historia y que sigue y seguirá impune.

            Saqueos como los cometidos en el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que llenó de dinero los bolsillos no de “los servidores públicos”, sino de “los saqueadores públicos”; tanto militares como marinos y, sobre todo, a la parentela de AMLO y de “la señora presidenta”.

            Robos descarados como los cometidos contra las arcas públicas de los gobiernos estatales de Morena –Veracruz, Tabasco, Morelos, Michoacán, Chiapas y muchos otros–, cuyos mandatarios saquearon hasta el cansancio y quienes, a pesar de tales pillerías, son solapados por AMLO y Claudia.

Despojos sin freno contra los fideicomisos; como el grosero despilfarro en la “mega-farmacia” y, en especial, la descomunal deuda pública –de siete billones de pesos–, que hipotecó por décadas a millones de mexicanos.

Además del enriquecimiento demencial de “capos” de las bandas criminales –estimulado por la alianza de Morena con los cárteles–, a costa del cobro de piso, extorsión y chantaje a todo tipo de negocios y empresas.

Sin embargo, lo que pocos saben, lo que otros se niegan a ver y muchos se resisten a creer, es que detrás de la destrucción del Poder Judicial no existe otro objetivo que el de solapar a los saqueadores del dinero público; brindar impunidad a las familias y los amigos de la mafia llamada Morena, cuyos gobiernos en los órdenes federal, estatales y municipales, se han dedicado a robar, a saquear y al deporte de moda; el enriquecimiento ilícito.

Y si aún existen dudas de la simulación y la farsa en que se han convertido la destrucción del Poder Judicial, sólo basta echar una mirada a esa locura conocida como “la selección de candidatos mediante tómbola”.

Resulta que en días pasados y debido a lo ridículo y grotesco de “la tómbola”, se convirtió en tendencia en redes sociales la noticia de que María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del entonces presidente López Obrador, fue impuesta –mediante un amañado sorteo–, como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La tendencia en redes sociales exhibió el tamaño de la farsa y el repudio social casi generalizado, ya que se trata de la destrucción deliberada del Poder Judicial para convertirlo en un instrumento de simulación judicial y, de esa manera, solapar a ladrones de Morena y perseguir a opositores y críticos.

Dicho de otro modo, resulta que, por iniciativa de AMLO, “la señora presidenta” siguió a pie juntillas el desmantelamiento del Poder Judicial y la sustitución del mismo, por un poder simulado que servirá para solapar ladrones y perseguir adversarios y críticos.

Es decir, asistimos a la instauración de una nueva mafia en el poder, no igual, sino peor a la que, por décadas, prometió combatir el “lopismo”, hoy convertido en la más depredadora pandilla criminal de la historia mexicana.

Por eso, dentro y fuera del territorio nacional, crecen las voces de especialistas que denuncian la monstruosidad llamada Reforma Judicial en México.

Por ejemplo, en un encuentro informativo organizado en Madrid, España, por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, el presidente del Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita, denunció lo que llamó “la demolición absoluta” del Poder Judicial mexicano.

Junto con Eugenio Ribón, decano de los abogados madrileños, el mexicano Pueblita denunció que el Poder Judicial está siendo “demolido para colocar personas cercanas –al partido Morena–, en el control de esos temas”.

A su vez, el decano de los abogados madrileños dijo que, desde 2014, la agrupación que representa externó su “profunda preocupación por la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial Mexicana” ya que “el nuevo sistema de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados federales, por votación popular, supone un verdadero riesgo de politización, afectando gravemente la premisa de independencia imparcialidad y competencia judicial”. 

            Pero fue más allá: “La reforma compromete la independencia y estabilidad de jueces y magistrados y expone presiones políticas al sincronizar los mandatos con el sexenio presidencial, lo cual va en contra de estándares internacionales que garantizan la seguridad laboral y continuidad en los cargos judiciales” (FIN DE LA CITA)

            Por eso obliga preguntar: ¿De qué tamaño es la corrupción y el saqueo de dinero público, en los gobiernos de Morena, para que López Obrador haya decidido otorgar impunidad total a la nueva mafia del poder llamada 4-T?

            Al tiempo.