Indicador político/Carlos Ramírez

CNDH y los autónomos de

la 4-T: peor que en el PRI

Aunque el Comité Eureka que fundó la legendaria Rosario Ibarra de Piedra para combatir el autoritarismo y represión del Estado del régimen priista criticó con severidad la gestión pasiva y complaciente de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige Rosario Piedra Ibarra, el fondo del debate no es lo familiar sino lo político: la CNDH nunca ha sido realmente autónoma del gobierno ni ha castigado los abusos autoritarios del Estado.

La CNDH se salvó de la ola destructiva de la 4-T y no quedó en la lista de los organismos autónomos del Estado que esta semana o la próxima desaparecerán por resultados deficientes y por haber quedado sumisos al autoritarismo del presidencialismo priista. Pero la crítica del Comité Eureka aporta en pocas frases los elementos suficientes para decretar su disolución y crear un nuevo organismo que sea efectivamente autónomo del Estado opresor y defienda los intereses de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

El organismo defensor de los derechos humanos nació en 1990 por decisión del presidente Salinas de Gortari para eludir las evidencias que inevitablemente iban a salir de la represión del Estado priista en la lógica de la integración internacional del Tratado con EU como un vicio de la estructura autoritaria del sistema presidencialista.

En este sentido, la CNDH surgió con el virus de su propia ineficacia: el exrector de la UNAM Jorge Carpizo MacGregor, jefe del sector jurídico universitario como guardián del constitucionalismo y legalismo del régimen priista y pieza clave del salinismo, se encargó de construir las bases limitadas de la Comisión con el único propósito de convertir el organismo dependiente del Estado, del sistema político del PRI y del presidencialismo autoritario y absolutista en una válvula de despresurización y no en una oficina para frenar con decisión y el peso de la ley los abusos de los gobiernos federales de entonces a la fecha.

Carpizo inició la primera carpeta de investigación contra la represión del viejo régimen, pero quisieron las circunstancias políticas del momento que en 1990 el secretario de Gobernación del gabinete de Salinas de Gortari era nada menos que Fernando Gutiérrez Barrios, una de las figuras representativas de la represión del Estado desde la policía política conocida como la Federal de Seguridad de Gobernación y subsecretario de Gobernación en 1975 cuando Miguel Nazar Haro, de la DFS, arrestó, torturó y desaparició a Jesús Piedra Ibarra, guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinó al empresario  Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro.

En este contexto, la CNDH nació como una coartada del Estado autoritario para ofrecer una cara amable de protección de los derechos de los ciudadanos. El único caso efectivo que tomó bajo su autoridad la CNDH fue la recomendación en el 2000 del entonces presidente de la CNDH José Luis Soberanes al Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) como heredero de la Federal de Seguridad, por el espionaje político en contra del periodista Miguel Badillo, sometiendo a la policía política del Estado a cumplir con las reglas de la Comisión.

Sin que hubiera ningún acuerdo político de borrón y cuenta nueva, la alternancia presidencial del PAN y de Morena en la presidencia de la República tomó como uno de los asuntos prioritarios la investigación de los crímenes políticos del pasado priista, pero el fiscal especial del presidente Fox limitó los alcances y la Secretaría de Gobernación de López Obrador solo llegó al argumentación retórica de que la represión fue culpa del Estado priísta, ambos esfuerzos sin profundizar en ese pasado negro del régimen y sin fincar acusaciones penales contra los responsables de la represión.

La crítica del Comité Eureka de doña Rosario Ibarra de Piedra menciona directamente la incapacidad e ineficiencia de la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra (su hija), dejando muy claro que los intereses sociales de los reprimidos están por encima de compromisos políticos y de dependencias familiares. El comunicado del sábado del Comité Eureka de manera sencilla y directa deslegitima la gestión de Rosario Piedra Ibarra y de manera directa manda el mensaje de que no la reconocerían para un segundo periodo.

Pero más allá del asunto familiar, también hay que dejar muy en claro la vertiente política: el Comité Eureka sigue representando los intereses de los ciudadanos radicales o solo opositores que han sido reprimidos con violencia de Estado para impedir el ejercicio de sus derechos disidentes.

La CNDH nunca fue un verdadero organismo autónomo del Estado para confrontar, cuestionar, investigar y concluir abusos políticos y sociales del Estado contra los ciudadanos y no necesita seguir siendo un organismo justificador del pasado represivo. El espíritu de doña Rosario Ibarra de Piedra sigue vivo en la defensa de los derechos políticos de la disidencia frente al autoritarismo y absolutismo del Estado, sea priista, panista o cuatroteísta.

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Política para dummies: solo la política puede controlar a la política.

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