Indicador político/Carlos Ramírez

Día 3. Responsabilidad judicial

del 68, peor que la militares

El 68 sigue causando estragos, ahora en la oposición en el poder. El gobierno de Morena se disculpa con los reprimidos, pero no sentencia a represores.

La reforma judicial en curso está dando la oportunidad para revisar una de las grandes complicidades de la represión institucional del Estado priista contra el pueblo mexicano: el aparato de Justicia se puso al servicio de los intereses políticos de los gobernantes, usó la Constitución como una vulgar coartada para legalizar la opresión de los derechos humanos en arrestos , asesinatos y torturas de estudiantes y le lavó la cara al régimen priista que en aquel 1968 tenía a su lado la oposición leal del PAN.

El PAN, por cierto, dejó pasar la oportunidad histórica al asumir la presidencia en el 2000 con el compromiso de reformar el Estado a partir de la revisión de todos los errores y abusos del PRI en el poder, e inclusive el presidente Vicente Fox Quesada asumió el compromiso de investigar y castigar a los responsables de la represión del 68, pero ya en Los Pinos el panista se comportó como un pedestre priista, creó una comisión de investigación para no investigar nada y pasará a la historia como el presidente de origen panista que traicionó el compromiso de castigar la represión priista.

Hasta ahora, solo un abogado que ha hecho carrera en el sector judicial ha tenido el talante de proporcionar elementos para encontrar la corresponsabilidad de sus pares en la cobertura jurídico-constitucional de la represión. Y todos los abogados a los que se le hace agua la boca invocando la defensa de la Constitución guardan –diría un señalamiento ya clásico– silencio como momias.

El abogado José Ramón Cossío Díaz, ministro retirado de la Suprema Corte, publicó en el 2020 el libro Biografía judicial del 68, con un subtítulo que fue toda una acusación al aparato del derecho y de la justicia que debe ser juzgado con toda severidad, ahora que se revisan circunstancias que implican cambios en los enfoques judiciales: El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil.

El Gobierno de la presidenta Sheinbaum emitió antier 2 de octubre un decreto en el Diario Oficial para ofrecer una disculpa pública por la represión de Estado del 68, y hace apenas unas semanas la Secretaría de obernación terminó una sobresaliente investigación sobre la represión de 1965-1990, los años de las protestas juveniles, las movilizaciones universitarias y la represión institucional. El título de esta investigación gubernamental fue un golpe severo al PRI como poder ya su aliado el PAN en esos años: Fue el estado.

Aquí se ha recordado varias veces uno de los absurdos del sistema judicial constitucional de jueces y ministros de la Corte en 1968 que debiera ser recordatorio para reivindicar una de las conciencias políticas más generosas, más profundas y más críticas: la del escritor José Revueltas, quien fue arrestado en noviembre de 1968, responsabilizado de ser la mente estratégica detrás de todas las movilizaciones estudiantiles y condenado a muchos años de prisión por el delito real, en documentos legales que ahí deben seguir con vergüenza en los archivos judiciales, de ofender al presidente de la República llamándolo  Tlacateccatl, una forma de referirse al jefe de gobierno como jefe militar, pero más vergonzoso aún fue que el juez Eduardo Ferrer MacGregor —llavero del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez– acusó a Revueltas del delito de llamar a la “autosugestión educativa”, cuando la propuesta teórica del escritor fue la autogestión de la educación por parte de los estudiantes.

Toda la responsabilidad del 68 se le ha hecho caer al Ejército, con un error de interpretación que comete el decreto publicado el pasado 2 de octubre en el Diario Oficial: esa tarde el Ejército no tomó la decisión de disparar contra la población civil, sino que –y ahí están testimonios de exlíderes del 68– respondió agresiones con armas de fuego por estudiantes armados desde el techo de uno de los multifamiliares de Tlatelolco, es decir, los militares fueron agredidos y respondieron a los disparos.

El decreto exonera a los funcionarios que fueron la mano operativa de la orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien asumió la responsabilidad histórica y legal, pero que no debiera borrar la corresponsabilidad política de secretarios del gabinete, aparato de Justicia, jueces magistrados y ministros de la corte, y partidos políticos que carecieron de valentía para llevar la protesta al Congreso de la Unión, y entonces no había más que un solo partido de oposición: el PAN, pero en esos momentos jugaba el rol de oposición leal, sumisa y exculpatoria, pero qué en la interpretación de los hechos sigue teniendo también las manos manchadas de sangre de la represión.

Los políticos, funcionarios, ministros de la Corte, sistema judicial penal medios de comunicación y una larga lista de cómplices del 68 deberán de seguir siendo señalados con nombre y apellido para hacerlos corresponsables de una represión en la que el Ejército fue un eslabón institucional: aceptaba el mando de Díaz Ordaz o se revelaba contra el poder civil,

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